16/10/2025
Con tono firme y evidente molestia, el concejal de Castro Enrique Soto respondió a las acusaciones formuladas por el alcalde Baltazar Elgueta, quien lo denunció ante la Contraloría y la Fiscalía por un supuesto uso indebido de una licencia médica y por haber salido del país durante su reposo.
“Todo comenzó con una denuncia anónima, el recurso del cobarde. Luego se sumó el propio alcalde, intentando darle un barniz de legalidad a la persecución”, sostuvo Soto, afirmando que su nombre fue expuesto públicamente “sin respeto a la privacidad ni al debido proceso”.
El edil calificó la situación como una “maniobra política” impulsada desde el municipio y aseguró que tanto el secretario municipal como el jefe de gabinete del alcalde habrían participado en su exposición pública. “Montaron un show mediático porque sabían que no tenían un caso legal”, enfatizó.
La cronología de los hechos:
Soto relató que todo comenzó en julio, cuando se presentó una denuncia anónima en su contra. Poco después, el propio alcalde Elgueta formalizó una denuncia ante la Contraloría. En agosto, el concejal decidió presentar una consulta al organismo contralor para transparentar su situación.
“Mientras en otros casos se resguarda la identidad de los involucrados, en mi caso se me nombró con nombre y apellido. Eso fue una vulneración a mi honra y a la de mi familia”, sostuvo.
El concejal insistió en que no presentó una licencia médica, sino un certificado médico, lo que —según explicó— invalida la acusación de incumplimiento de reposo o de engaño al municipio.
El dictamen que desmonta la acusación
El concejal exhibió el dictamen E172408 de la Contraloría General de la República, emitido el 10 de octubre, que responde a la denuncia del alcalde. Según dicho documento, los concejales no están sujetos a la obligación de guardar reposo al presentar una licencia o certificado médico, ya que no son funcionarios públicos en sentido administrativo.
“El máximo órgano de control ha confirmado que yo no tenía ninguna obligación legal de guardar reposo. La denuncia se construyó sobre una premisa falsa. Nunca existió una licencia médica, sino un certificado que justifica la ausencia”, afirmó Soto.
El mismo dictamen señala que la Contraloría se declara incompetente para conocer el fondo del caso, indicando que la instancia pertinente para eventuales reclamaciones es el Tribunal Electoral Regional (TER).
El contraste jurídico: dos varas distintas
Desde el punto de vista editorial, La Voz del Archipiélago observa una notoria diferencia en el criterio jurídico adoptado por el alcalde Elgueta.
Mientras en el caso del concejal Soto recurrió directamente a la Fiscalía y a la Contraloría por un hecho menor vinculado a un certificado médico, y luego nos remitimos al caso del exalcalde de Castro, el propio Elgueta —pese a denunciar públicamente presuntas irregularidades, tales como malversación de fondos, cohecho y otros ilícitos cometidos durante su gestión— no presentó denuncia penal alguna, limitándose a recurrir únicamente al Tribunal Electoral Regional.
Este contraste revela una disparidad de criterios en la forma en que el municipio aborda los casos según la conveniencia política o el perfil del acusado. Mientras se judicializan hechos administrativos de menor relevancia, otros de mayor envergadura con fondos fiscales comprometidos, son canalizados por vías administrativas sin recurrir a la justicia ordinaria.
Desde una perspectiva institucional, el proceder del alcalde abre un debate sobre la coherencia y proporcionalidad en el uso de los mecanismos legales, especialmente cuando se trata de preservar la probidad y la confianza pública en la administración municipal.
“Nos veremos en el tribunal”
En la parte final de su intervención, el concejal Soto anunció que llevará el caso ante el Tribunal Electoral Regional, donde —según afirmó— demostrará su inocencia y la improcedencia de las acusaciones.
“Ahí, alcalde, y no en este circo mediático que usted ha dirigido, se conocerá la verdad. Usted ha vulnerado mi privacidad, ha faltado a la verdad y ha orquestado un ataque personal. Pero ha fracasado”, expresó el edil.
Soto concluyó señalando que el dictamen de la Contraloría “derriba la base jurídica de la acusación” y deja en evidencia “una persecución política disfrazada de legalidad”.
