23/11/2025
Conaf dejará de existir: las razones de su disolución y los nuevos servicios que asumirán sus funciones.
En mayo de este año se oficializó un cambio estructural largamente debatido en materia de gestión forestal y conservación ambiental en Chile: la disolución de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), entidad de derecho privado vigente desde 1973. La decisión responde a un proceso de modernización institucional impulsado por el Estado, cuyo objetivo es fortalecer la administración del patrimonio natural del país bajo organismos públicos con mayor capacidad legal y fiscalizadora.
Con este anuncio, Conaf dejará de existir como corporación privada y sus funciones se dividirán en dos nuevos servicios públicos: el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, y el Servicio Nacional Forestal (Sernafor), que operará bajo la tutela del Ministerio de Agricultura.
Razones del cambio institucional
La transformación responde a diversas necesidades acumuladas durante décadas. Desde su creación, Conaf administró parques nacionales, reservas naturales y el sistema forestal chileno, pese a ser una entidad de derecho privado. Esta situación generaba limitaciones para ejercer atribuciones propias de organismos públicos, especialmente en materia de fiscalización, contratación, ejecución presupuestaria y toma de decisiones vinculantes.
La Contraloría, organismos internacionales y distintas administraciones gubernamentales habían recomendado en reiteradas ocasiones avanzar hacia un modelo plenamente estatal. Los argumentos principales incluyen:
Falta de potestades públicas, ya que Conaf no podía aplicar sanciones administrativas directas ni llevar adelante procesos legales con la fuerza de un organismo estatal.
Limitaciones jurídicas para ejercer control sobre actividades que afectan ecosistemas y áreas protegidas.
Necesidad de modernizar la gestión forestal, considerando el aumento de incendios, la expansión de la industria forestal y la urgencia climática.
Requerimiento de una institucionalidad especializada en biodiversidad, separada de las funciones productivas y de fomento forestal.
Tras varios intentos legislativos, finalmente se aprobaron las leyes que crean los dos nuevos servicios que reemplazarán a Conaf, marcando un cambio estructural en la administración ambiental del país.
Los organismos que reemplazarán a Conaf
Servicio Nacional Forestal (Sernafor)
El Sernafor será el continuador legal de la Conaf y asumirá cerca del 80% de sus funciones históricas. Su foco estará puesto en la gestión, protección y restauración de los ecosistemas forestales del país, con herramientas modernas y atribuciones reforzadas.
Según la ley publicada en el Diario Oficial, su objetivo principal es “la protección, el fomento, la conservación, la preservación, la recuperación, la restauración y el manejo sustentable de los bosques y demás formaciones vegetacionales del país”.
Entre sus funciones esenciales destacan:
Elaborar e implementar el Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres por Incendios Forestales, instrumento vinculante para Senapred y otras instituciones.
Dotar al país de herramientas de fiscalización y análisis de riesgo más robustas.
Coordinar estrategias de manejo forestal a escala nacional, regional y local.
Impulsar políticas de restauración ecológica y reforestación.
La ley no establece una fecha exacta para el inicio del Sernafor, pero faculta al Presidente de la República para determinar la puesta en marcha dentro del plazo de un año, considerando la conformación de su planta directiva y dotación. Esto podría materializarse hacia mayo del próximo año.
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)
Creado mediante la Ley N.º 21.600 y ya en proceso de instalación, el SBAP iniciará formalmente sus operaciones el 1 de febrero del próximo año. Este nuevo organismo será el encargado de administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que actualmente incluye:
Parques Nacionales
Reservas Nacionales
Monumentos Naturales
Santuarios de la Naturaleza que sean administrados por el Estado
Esto implica que el SBAP asumirá la administración de lugares emblemáticos como el Parque Nacional Torres del Paine, aunque el traspaso no será inmediato. Según la normativa, la transferencia de parques y áreas protegidas deberá realizarse dentro del tercer año de funcionamiento del servicio, es decir, entre marzo de 2026 y marzo de 2027.
Además de la administración territorial, el SBAP tendrá competencias en:
Ejecución de planes, programas y políticas de conservación de la biodiversidad.
Fiscalización ambiental en áreas protegidas.
Implementación de instrumentos de restauración ecológica.
Gestión del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad.
Administración del Fondo Nacional de la Biodiversidad.
Coordinación con instituciones científicas, jardines botánicos y bancos de germoplasma.
Participación en procesos de evaluación ambiental y fiscalización pesquera y forestal en áreas protegidas.
El primer director nacional del SBAP ya fue designado vía Alta Dirección Pública: el ingeniero forestal Aarón Cavieres Cancino, quien anteriormente dirigió Conaf entre 2014 y 2018.
Un cambio histórico para la gestión ambiental del país
La disolución de Conaf marca un hito en la institucionalidad ambiental chilena. Tras más de cinco décadas de funcionamiento, el Estado decidió reemplazarla por dos organismos especializados, con mayores potestades legales y una estructura plenamente pública.
Mientras el Sernafor concentrará la gestión y protección de los bosques, el SBAP asumirá la administración de las áreas protegidas del Estado y la gestión de la biodiversidad a nivel nacional. El objetivo es fortalecer la respuesta frente al cambio climático, mejorar la prevención de incendios forestales, modernizar la gobernanza ambiental y garantizar la conservación de los ecosistemas para las futuras generaciones.
La transición comenzará a materializarse de manera gradual durante los próximos meses y años, en un proceso que implica la reorganización de funciones, personal y recursos, configurando una nueva etapa para la protección del patrimonio natural del país.