02/09/2026
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“El uso, la contratación, la comercialización de granjas de bots, que están amenazando gravemente nuestra democracia y que, hemos visto, constituye hoy día una práctica extendida de la extrema derecha global. Es a través de este tipo de intervenciones, de manipulaciones en la opinión pública, que se están ganando elecciones en el extranjero y que se está tergiversando la manifestación de la voluntad popular en Chile”, expresó el parlamentario.
Bassa añadió que en el último tiempo “hemos visto cómo estas empresas, estas consultoras, están operando en nuestro país desde la campaña del Rechazo del 4 de septiembre de 2022. Lo hemos visto operar en elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales y, más ni menos, están los señores Irarrázaval, el famoso Yeti y compañía, instalados en el segundo piso del Palacio de La Moneda”.
En esta línea, dijo que el Presidente José Antonio Kast “tiene que dar explicaciones por la forma en la que el presupuesto público está siendo destinado a mentirle a la ciudadanía, a engañar al pueblo y a manipular las elecciones, eventualmente empujando hacia el fraude electoral”.
El parlamentario también explicó que “este proyecto de ley busca sancionar esas conductas, tipificarlas como antijurídicas y culpables, penalizarlas con cárcel, con multa y abrir la posibilidad de que exista una investigación electoral en los procesos de calificación electoral. En este tipo de circunstancia, donde la democracia está en peligro, necesitamos unir nuestros esfuerzos para defender la autonomía del voto y para defender la libertad del pueblo para decidir en procesos electorales libres y, sobre todo, bien informados”.
El proyecto establece p***s de presidio menor en su grado medio a máximo y una multa a beneficio fiscal equivalente al doble del valor de los dispositivos o servicios digitales contratados.
Además, considera como agravantes que estas conductas formen parte de una actividad comercial organizada o con fines de lucro, o que busquen afectar la honra o dignidad de una persona. Según aclararon, no se busca sancionar opiniones ni regula el contenido de las publicaciones, sino que perseguir a quienes contraten, organicen, administren o financien redes que oculten su carácter falso o automatizado para manipular el debate público.