13/10/2025
Perla Álvarez, militante de la 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐌𝐮𝐣𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐞𝐬𝐢𝐧𝐚𝐬 𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐢́𝐠𝐞𝐧𝐚𝐬, 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐥𝐚 𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐥𝐨𝐣𝐨𝐬 𝐲 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐥𝐥𝐞𝐯𝐚 𝐚𝐝𝐞𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐫 𝐲 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐥𝐨𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐠𝐫𝐨𝐧𝐞𝐠𝐨𝐜𝐢𝐨, 𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐨𝐜𝐮𝐥𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐚́𝐫𝐛𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐞𝐥 𝐧𝐚𝐫𝐜𝐨. Frente a ese proceso, destaca la rearticulación de organizaciones y movimientos populares para ejercer el derecho a la tierra.
Comunidades campesinas e indígenas de Paraguay se enfrentan, desde hace décadas, al avance del agronegocio, que se apropia de tierras a fuerza de títulos fraudulentos y desalojos. Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, la violencia recrudeció: hubo al menos 16 desalojos, atropellos policiales o imputaciones arbitrarias que afectaron a 1.400 familias de once comunidades en los departamentos orientales de Canideyú, San Pedro, Caaguazú y Caazapá, según describe un informe de la organización Base Investigaciones Sociales (Base-IS).
En los últimos años, el Estado paraguayo avanzó con medidas que intensificaron la represión sobre la población rural. Una de ellas fue la modificación del Código Penal para incrementar las p***s en los casos de “invasión de inmueble ajeno”. Se hizo mediante la Ley Nº 6830, conocida como Ley Zavala-Riera (por los apellidos de los legisladores proponentes), durante la presidencia de Mario Abdo Benitez, en 2021. Las p***s de hasta dos años de prisión aumentaron a seis y las de cinco años pasaron a diez.
La modificación del Código Penal fue repudiada no sólo por el campesinado —que realiza ocupaciones de tierras como forma de ejercer sus derechos— sino también por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y por la Iglesia Católica, que advirtió en especial sobre la criminalización y la violencia hacia los pueblos indígenas.
