19/08/2025
🚨 Aʟᴄᴀʟᴅᴇ Cᴏɴᴅᴇɴᴀᴅᴏ ᴘᴏʀ Rᴇᴛᴀʀᴅᴏ Iɴᴊᴜsᴛɪғɪᴄᴀᴅᴏ ᴇɴ ᴇʟ Pᴀɢᴏ ᴀ ᴜɴ Pʀᴏᴠᴇᴇᴅᴏʀ: Uɴ Pʀᴇᴄᴇᴅᴇɴᴛᴇ Pᴇɴᴀʟ ᴘᴀʀᴀ ʟᴀ Gᴇsᴛɪᴏ́ɴ Pᴜ́ʙʟɪᴄᴀ
En una sentencia sin precedentes, un alcalde fue condenado penalmente por el delito de retardo injustificado en el pago a un proveedor del Estado, luego de que este último hubiera cumplido íntegramente con la entrega de bienes y servicios contratados. La decisión judicial marca un hito en la protección de los derechos de los proveedores frente a la ineficiencia o negligencia de las autoridades.
📌 Eʟ Cᴀsᴏ: Rᴇᴄᴜʀsᴏ ᴅᴇ Cᴀsᴀᴄɪᴏ́ɴ N.º 2916-2022/Cᴜsᴄᴏ
Según lo establecido en el Recurso de Casación N.º 2916-2022/Cusco, el Poder Judicial dejó en claro que los funcionarios públicos pueden incurrir en responsabilidad penal cuando demoran o se niegan injustificadamente a efectuar pagos ya devengados y respaldados por el cumplimiento contractual del proveedor.
El fallo destaca que el retardo injustificado no solo constituye una falta administrativa o civil, sino que puede configurar un delito penal cuando afecta derechos fundamentales, como el acceso a la retribución por servicios prestados.
👉 ¿Pᴏʀ ᴏ̨ᴜᴇ́ ᴇs ɪᴍᴘᴏʀᴛᴀɴᴛᴇ ᴇsᴛᴇ ғᴀʟʟᴏ?
Esta sentencia tiene un impacto directo en la administración pública y el respeto a los compromisos contractuales del Estado. Durante años, múltiples proveedores han denunciado demoras sistemáticas en los pagos por parte de municipios, gobiernos regionales y otras entidades estatales, sin mayores consecuencias para los responsables.
Ahora, con esta resolución, se abre la puerta a la judicialización penal de estos actos, cuando el incumplimiento sea injustificado y afecte derechos reconocidos legalmente.
🔴 Mᴇɴsᴀᴊᴇ ᴄʟᴀʀᴏ ᴀ ʟᴀs ᴀᴜᴛᴏʀɪᴅᴀᴅᴇs
Este caso envía un mensaje directo y contundente a los alcaldes, gerentes municipales y demás funcionarios con capacidad de decisión sobre pagos en la administración pública:
Cumplir con los pagos en los plazos establecidos no solo es un deber legal, sino también un compromiso ético y una obligación moral con quienes sostienen operativamente la gestión pública.
El incumplimiento injustificado de pagos no solo deteriora la confianza del sector privado en el Estado, sino que ahora también puede derivar en procesos penales, sanciones y condenas judiciales.
🛑 ¿Qᴜᴇ́ ᴅᴇʙᴇɴ ʜᴀᴄᴇʀ ʟᴀs ᴀᴜᴛᴏʀɪᴅᴀᴅᴇs?
Para evitar incurrir en este tipo de responsabilidades, los alcaldes y funcionarios deben:
Supervisar permanentemente la ejecución presupuestal y las obligaciones contractuales.
Agilizar los procesos administrativos relacionados con órdenes de pago.
Evitar trabas burocráticas o dilaciones sin sustento legal.
Documentar debidamente cualquier razón válida para el retraso de un pago.
‼️ ¡Yᴀ ʟᴏ sᴀʙᴇ, sᴇɴ̃ᴏʀ ᴀʟᴄᴀʟᴅᴇ!
No pagar a tiempo a un proveedor que ha cumplido su parte ya no es simplemente un mal hábito administrativo. Ahora puede costar una condena penal.
➡️ Oʀᴅᴇɴᴇ ᴇʟ ᴘᴀɢᴏ ᴏ̨ᴜᴇ sᴇ ᴀᴅᴇᴜᴅᴀ ʏ ᴇᴠɪᴛᴇ ᴜɴᴀ sᴇɴᴛᴇɴᴄɪᴀ ᴊᴜᴅɪᴄɪᴀʟ.
Este caso demuestra que el Estado no puede seguir desentendiéndose de sus obligaciones financieras sin consecuencias.