09/09/2026
🔴 | Juliana Guerrero aceptó que utilizó títulos académicos falsos al actualizar su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) y presentar los documentos ante el Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar a un cargo en el Gobierno.
El reconocimiento se produjo este miércoles 9 de septiembre durante la presentación ante un juez de Bogotá de un preacuerdo negociado entre Guerrero y la Fiscalía General de la Nación por el delito de fraude procesal.
El caso está relacionado con dos títulos expedidos por la Fundación Universitaria San José, uno como tecnóloga y otro como contadora pública. De acuerdo con la Fiscalía, Guerrero había cursado ocho semestres en una universidad del Cesar y posteriormente adelantó gestiones para homologar ese recorrido académico en Bogotá.
La investigación del ente acusador estableció que Guerrero no cumplió los requisitos exigidos para la expedición de los dos títulos. La Fiscalía sostuvo que no asistió a clases en la Fundación Universitaria San José, no presentó exámenes ni las pruebas requeridas del Icfes y que, pese a conocer las irregularidades de los documentos, decidió incorporarlos a su hoja de vida.
Durante la audiencia, Guerrero reconoció expresamente su actuación. Según lo expuesto en la diligencia, admitió haber cometido fraude procesal al actualizar su hoja de vida en el Sigep y presentar los documentos ante el Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo.
El proceso tiene como antecedente la vinculación de Guerrero con el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Su nombre tomó notoriedad después de que el entonces mandatario la presentara durante un consejo de ministros televisado y posteriormente fue considerada para ocupar un cargo en el Ministerio de la Igualdad.
Inicialmente, Guerrero fue citada por la Fiscalía para responder por el delito de fraude procesal y, durante las diligencias adelantadas ante un juzgado de control de garantías, se declaró inocente y no aceptó los cargos. La situación cambió con la negociación presentada ahora ante un juez de conocimiento, en la que decidió aceptar su responsabilidad.
Como parte del preacuerdo, la Fiscalía aplicó a favor de Guerrero una modificación en el grado de participación, de autora a cómplice, para efectos de establecer las condiciones de la negociación.
La pena acordada quedó fijada en 36 meses de prisión, junto con dos años y seis meses de inhabilidad para ocupar cargos públicos y una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Durante la diligencia, Juan David Bazanni, abogado de la Fundación Universitaria San José, manifestó su conformidad con la negociación. Según lo expuesto, Guerrero también se comprometió a ofrecer disculpas a otros directivos de la institución educativa que no estarían relacionados con las irregularidades investigadas. El procurador que interviene en el proceso igualmente manifestó estar de acuerdo con los términos presentados.
El preacuerdo deberá surtir el correspondiente trámite ante la justicia. Por esta razón, los 36 meses de prisión corresponden a la pena negociada con la Fiscalía y no deben presentarse todavía como una condena definitiva contra Guerrero.
El caso de los títulos falsos también derivó en actuaciones contra funcionarios de la Fundación Universitaria San José. Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la institución, ya fue condenado por hechos relacionados con la expedición irregular de los documentos académicos.
