02/09/2026
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DE LOS ERON A LAS MEGACARCELES Ab.Cs.
En la transición de la dirección Nacional de prisiones, el estudioso Coronel Bernardo Echeverry Ossa, concibió bajo su aguda óptica, que la nueva institución creada a la luz de la ley 65 de 1.993, debía de ser la congregación de personas purgando sus condenas en centros de reclusión, con un fin esencial: Que además sirviera de preparación para una misión resocializadora, como fundamento regenerador, una vez alcanzarán la libertad. La nueva institución El INPEC, trazó dos ejes paralelos, uno estructural LA SEGURIDAD y el segundo transversal LA RESOCIALIZACION. Para el año 1997, 4 años después de su creación, empezaron a formarse n**os ciegos que requerían desatarse, para evitar el trancón inevitable del hacinamiento carcelario, que empezó a dificultar los programas resocializadores. La sobrepoblación que aumentaba, primero formó un n**o constrictor, una especie de culebra que apretaba silenciosa Pero progresivamente. La ley 65, introdujo en su artículo 17, una dicotomía que aún resuena en los laberintos penitenciarios y que disparó como una rafaga, y aún no encuentra escape definitivo, meter en el mismo pilón, condenados y sindicados. Los primeros, le cabían solo al INPEC, mientras los segundos, eran responsabilidad de las entidades territoriales, ríos de confusión y terremotos de enfrentamientos se registraron entre alcaldías y el INPEC por definir la responsabilidad de reclusión de los sindicados. Las alcaldías se lavaron las manos argumentando que la ley había dejado un Boquete, justificando que convenios interadministrativos saldaban el impase, permitiendo el giro de recursos de las entidades municipales, apoyando los programas de tratamiento penitenciario y un estipendio al personal para los guardianes, peleas eternas generó ese mico introducido a la ley. La cárcel no se conoce por verla, por tocarla o por dentro o por fuera, no son solo unas murallas físicas que albergan seres desarraigados de la sociedad, que por su naturaleza son su modelo de vida, el resultado del desorden y el abandono, el desdén del estado que las tiene solo como castigo al crimen y no como redención de pena como política transversal. Una cárcel es un cementerio de vivos, en medio de la orfandad y la muerte existencial, la vindicta Traversa y la ausencia de afectos que carcome la piel y convive con los fantasmas del miedo y el resentimiento. Los gobiernos la miran de lejos con una rabia enfermiza, porque creen que una cárcel, son solo las heces de la cloaca social de la que hacemos parte, y no la oportunidad de acortar sus ausencias y olvidos. La severidad se convierte en una segunda condena, cuando desde afuera las críticas mordaces se enfilan a satanizarla como una cueva de Rolando, dónde la corrupción, el caos de seguridad, la violación de Los DD.HH, parecen verla desde la sociedad, como los únicos insumos existentes, si es así, es el mismo estado responsable de su lastre, al mismo tiempo Que se señala a esta entidad de desgreño administrativo, que mal antecedente señalar al personal que labora allí, en términos de generalización, cuando existe un segmento valioso de funcionarios encargados del tratamiento y programas de resocializción de las PPL, que trabajan con las uñas e invisibilizados por su vocación y esfuerzo. Que tengamos memoria, cada que sucede un evento que mueva los cimientos de la institución, salen todos (gobierno y clase política) a lavarse las manos y a echar culpas, buscando responsables por dentro, Pero nada de plantear soluciones concretas, en una cacería de brujas inexistente, y dando palo a la loca. Para el año 97, crecía el hacinamiento hasta aproximarse a la cifra de ochenta mil, lo que aceró las cortes a pronunciarse, con la sent. T-153/98, declarando el estado de cosas inconstitucional, y pronunciándose con una serie de autos, para hacerle seguimiento. de inmediato, el gobierno de turno expidió el CONPES en los que se aprobó la construcción de cárceles para ampliar el cupo de PPL y dotarlas de instrumentos o estándares de alta seguridad, le correspondió al gobierno del expresidente Uribe, entregar a partir del año 2002, los ERON de 3a generación, Tramacúa en Valledupar, Jamundí en el Valle del Cauca, doña Juana en la Dorada, el pesebre en Puerto Triunfo, Antioquia, Cómbita en Boyacá (antigua Barne)ampliación de la cárcel Picaleña (Coiba) Ibagué, ampliación y mejoramiento de la penitenciaría la Picota. los ERON, debían de cumplir 2 directrices esenciales, ampliar cupos, para mejorar las condiciones de las Personas Privadas de la libertad (PPL) Y dotarlas de seguridad máxima, para recluir criminales de alta peligrosidad (clasificados como de alta seguridad nacional). El fenómeno delincuencial con el paso de los años aumentó, la población privada de la libertad creció y se dieron casos de fuga, francachelas, escándalos por los excesos y comodidades de muchos de los llamados cacaos. La CCo seguía emitiendo autos de seguimiento, Pero el problema crecía. Y vinieron más declaratorias de ECI, como la T-388 de 2013, la sent. T-762 de 2015, llenando el sistema penitenciario de autos de seguimiento. Algo se logró avanzar, pero no la concreción de un resultado factible, que resolviera de fondo la crisis. El presidente ADLE, desde su campaña propuso obsesionadamente la construcción de 7 megacarceles, Pero no como solución al hacinamiento, aunque este se ha ralentizado un poco, no ha avanzado lo suficiente. La obsesión que tiene, es una pelea contra el anterior gobierno sobre el manejo de seguridad, especialmente con los grupos criminales y para ello se plegó al modelo del centro de confinamiento del terrorismo CECOT de el Salvador, del presidente Bukele. ADLA lo hace con estridencia como respuesta a la supuesta ineficacia de su predecesor y para responderle a sus Abelarderos (eufemismo mio, con el debido respeto a mis lectores) y no con el conocimiento sesudo, planificado, necesario, oportuno, profesional y fiscal. Ha prometido, que la construcción de las megacarceles, lo hará en una alianza público privada, aquí muchas preguntas surgen: El salvador es un país pequeño, de tipologías criminales urbanas, sin manejo de programas de Resocializacion, la justicia cooptada por el ejecutivo, violación de todas las garantías procesales, mediante un aparato judicial intervenido por los consecutivos estados de excepción, la última razón es la seguridad y residualmente el camino de la Resocializacion, no existe, no se conocen los programas. Si esa es la razón que esboza ADLE, mucho me temo que no funcione en Colombia,su ánimo emotivo, no pasará de ser, una cortina de humo para encubrir las verdaderas soluciones de fondo. Presidente ADLA, el INPEC no solo es corrupcion, desgreño, violación de DD.HH, propiciado por una minoría, si ud se sale de la autocracia que lo domina,y la burbuja que lo obnubila con el anterior gobierno, allí, en aquella institución encontrará estudiosos del regimen penitenciario, planificadores, analistas, sociólogos, penitenciaristas, penitenciologos, investigadores y conocedores de un sistema que está sobrediagnósticado de problemas y soluciones, que le podrían dar luces, sobre una verdadera y realista reforma penitenciaria y carcelaria. Ud que ha sido abogado penalista, solo ha tocado las puertas siniestras de una cárcel,a la que ha asistido solo hasta la sala de ingreso como apoderado material. Humanamente no las ha visto, vivido o sentido, oído o escuchado el bullicio de voces desencantadas y acorraladas por el encerramiento, muchos de esos individuos que ud defendió y que ahora los quiere confinar, y sí, razón le asiste, es la seguridad que debe garantizar y como parte de esa garantía es la de trasladar internos de alta seguridad, tampoco es nada nuevo, esa tarea está impresa históricamente en los manuales del INPEC, solo que ahora su varita mágica envia un mensaje que llena de alborozo a sus electores, la única diferencia, es que debería ajustar el procedimiento y hacerlo cumplir a cabalidad, antes que achacarle las aparentes fracturas que en ese sentido le deja el anterior mandatario. Señor presidente, sumergirse en tamaño tarea, puede dejarlo mal parado frente a la historia, acoja las recomendaciones de expertos para que de forma planificada se construya un verdadero proyecto que conjugue seguridad con resocialización, 7 megacarceles solo con vocación de seguridad, es quedarse a mitad del camino, Colombia tiene un ejemplo de penitenciaría como la de Acacías Meta, que es un modelo de tratamiento social de las PPL, con un sin número de proyectos productivos agrícolas, artesanales, e industriales, profundice con un equipo interdisciplinario, con el consejo de política criminal, y con la academia, el tipo de nuevos centros de reclusión, así mismo la de incorporar la reforma a la justicia, incluyendo la fiscalía y el cuerpo de jueces. De nada sirve una política carcelaria huérfana sin el concurso del conjunto del aparato judicial. El origen de la violencia en Colombia tiene sus raíces en el campo, allí hay muchas personas que hacen parte de los grupos al margen de la ley, paramilitares, Guerrilleros rasos, muchos reclutados, y que son la mayoría de sus integrantes, los GAO y tantas otras organizaciones del crimen que requieren una vez judicializados, verdaderos programas resocializadores. 7 megacarceles solo pensando en delincuentes de alta seguridad, es una exageración, ausculte los estudiosos del tema y encontrará que con dos o tres ACACIAS se allana el camino de un régimen penitenciario real y verdadero, ud señor presidente que ha trajinado el derecho penal, le faltó penetrar los barrotes de una cárcel, como se interactúa en esos patios de desolación, desarraigo, y muerte, vidas atrasadas por las atrocidades del delito, seres humanos que claman apoyo y arrepentimiento, si el estado no les brinda oportunidades de sanación, se tornarán más resentidos y delincuentes. Es incontrovertible que un estado sobrevive jurídicamente es por su seguridad, es uno de sus pilares fundamentales, y ese fue el grito lastimero que lo puso en la agenda del marketing electoral en candidatura presidencial, recuerde señor presidente ADLA y de quien siga llegando a la silla presidencial en el futuro, que antes, ahora y después, es un acto más del interminable capítulo siniestro de la violencia, que siempre dejarán las huellas de sus pasos lacerantes, arrebatándole a la historia, las pujas por el poder político. La cárcel, como el cementerio, y el hospital, se seguirán llenando de materia prima, para justificar la necesidad de su existencia. Un país tan desordenado socialmente como Colombia, debe repensar la cárcel buscando fortalecer la recuperación de sus individuos y no definiéndola como un in****no, y única justificación razonable para redimir las p***s. PUNTO FINAL #1 La definición de terrorismo, está reglado por los art,343, 344, y 345 de la ley 599 de 2000. Es innecesario que el presidente ADLE, manifieste que declara terroristas a todos los grupos al margen de la ley. Esta conducta ya está prevista en el Código Penal, y se extiende a todas aquellas, que están adosadas semánticamente a su realización. La protesta pública, con actos de violencia, si llegare a presentarse, como un presagio de la realidad nacional, en si misma no puede considerarse como terrorismo, se requiere una interpretación amplia, jurisprudencial, y particular en cada caso. (caso EPA Colombia). El juez con las reglas de la sana crítica, deberá calcular su decisión final, por lo tanto el ejecutivo no puede salir a calificar o declarar esta acción penal. "Dónde la ley penal no distingue, no le es dable al intérprete".
