21/09/2025
“Indignación en el entorno de la exalcaldesa de Circasia, Patricia Mora Ocampo, tras conocerse la condena de cinco años de prisión intramural impuesta por el Juzgado Tercero Penal del Circuito.”
Amigos, círculos cercanos y conocidos califican la decisión como exagerada e injusta, un sentimiento que comparte su abogado defensor, Edwin Rojas, quien anunció la inmediata apelación ante el Tribunal Superior de Armenia. La condena se enmarca en el delito de celebrar un contrato sin cumplir todos los requisitos legales, específicamente por la firma de un acuerdo por $14 millones para el mantenimiento de computadores.
Desde una óptica jurídica, el núcleo del debate penal gira en torno a la proporcionalidad de la pena. El abogado Rojas tilda la decisión de “desbordada, desmedida, extremista y errada”, argumentando que, si bien se habría incurrido en el incumplimiento de formalidades —como validar solo el Registro Único Empresarial y omitir el certificado de antecedentes disciplinarios del contratista—, el contrato se ejecutó plenamente sin que existiera dolo, peculado o detrimento patrimonial para la administración. Esta defensa esgrime el principio de tipicidad material, sosteniendo que una conducta sin ánimo de lucro ni daño efectivo no debería merecer una sanción tan gravosa, máxime cuando se trata de un cargo político cuyas decisiones se enmarcan en la discrecionalidad técnica.
La apelación interpuesta pondrá bajo escrutinio no solo la valoración probatoria, sino también los límites de la responsabilidad penal de los servidores públicos. Más allá del caso particular, el fallo sienta un precedente alarmante sobre la criminalización de errores administrativos formales en contextos donde no media corrupción. La opinión jurídica especializada deberá analizar si la judicatura equiparó de manera adecuada la gravedad de la falta con la sanción impuesta o si, por el contrario, cayó en un exceso que podría inhibir la gestión pública por el temor a repercusiones penales desproporcionadas. El veredicto en segunda instancia será crucial para definir este delicado equilibrio entre la rendición de cuentas y la justicia penal.