06/06/2025
| Este jueves se realizó el primer Consejo Territorial de Seguridad Vial en el Quindío, en el que se analizaron las circunstancias del trágico accidente ocurrido el pasado 24 de mayo en el puente Helicoidal. Al encuentro asistieron representantes de las autoridades viales y delegados de las alcaldías de Armenia, Filandia, Calarcá, La Tebaida, Córdoba, entre otros municipios.
Durante la reunión, Francisco Taborda, jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Transporte, reveló que ya existen constataciones preliminares que evidencian serias irregularidades en la contratación del vehículo involucrado en el siniestro.
“Hay indicios que permiten confirmar que el vehículo con el que se prestó el servicio, y en el que lamentablemente ocurrió este trágico hecho, no era el mismo que había sido contratado inicialmente”, señaló Taborda.
Agregó que en un principio se mencionó a una empresa de transporte de Armenia como la responsable del servicio, sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado evidencia de un contrato formal entre dicha empresa y la Universidad Alexander Von Humboldt, como exige la ley. Tampoco se ha confirmado que el vehículo reportado para prestar el servicio fuera el que realmente se utilizó.
Según Taborda, el autobús que transportaba a los estudiantes pertenece en realidad a una empresa de Cúcuta, pero no existe constancia de un convenio empresarial que justifique una subcontratación. “El domicilio registrado de esa empresa en Cúcuta corresponde a una vivienda familiar, no a una sede comercial. Además, los funcionarios enviados a verificar la información no fueron atendidos en el lugar”, explicó.
El funcionario también indicó que toda la información recolectada, incluida la de carácter reservado, será entregada a la Fiscalía, ya que se trata de un proceso penal en curso. “Se puede trasladar esa información, porque se adelanta una investigación penal, y en ese contexto no se puede oponer reserva”, afirmó.
Taborda aclaró que el informe aún es preliminar, aunque ya cuenta con conclusiones relevantes, como las siguientes: primero, la universidad no reportó el plan de seguridad vial; segundo, no se ha demostrado la existencia de un contrato formal para el transporte; y tercero, tampoco hay prueba de un convenio empresarial que respalde la relación entre la empresa inicialmente señalada en Armenia y la que finalmente prestó el servicio, radicada en Cúcuta.
Finalmente, Taborda aseguró que todas las personas naturales o jurídicas involucradas deberán responder ante las autoridades competentes. “El conductor deberá enfrentar un proceso penal por homicidio culposo, y la universidad, como entidad privada, deberá explicar su responsabilidad ante las instancias administrativas y judiciales que correspondan”, concluyó.
