13/07/2025
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal lanzó duras críticas al programa Jóvenes en Paz, conocido popularmente como “pagar por no matar”, asegurando que el gasto público destinado a esta iniciativa supera incluso el presupuesto del Icetex y no arroja resultados contundentes en la lucha contra la violencia juvenil.
“Más plata para Jóvenes en Paz que para el Icetex”
Según datos obtenidos por Cabal a través de derechos de petición, el programa Jóvenes en Paz ha recibido $566.000 millones, cifra superior a los $432.000 millones asignados al Icetex en 2024.
“Se ha preferido destinar recursos públicos al sostenimiento de estructuras vinculadas a la criminalidad juvenil, en lugar de garantizar acceso a la educación superior para miles de estudiantes”, señaló la senadora.
De acuerdo con información oficial del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), hasta el 31 de mayo de 2025 el programa ha transferido $60.581 millones a 14.870 jóvenes, de los cuales 4.365 son menores entre 14 y 17 años y 232 son extranjeros.
Burocracia y altos costos de funcionamiento
Cabal denunció que entre agosto de 2024 y abril de 2025, se han destinado $137.000 millones a costos de funcionamiento del programa, de los cuales más de $91.000 millones corresponden a gastos de personal, cifra que —según ella— supera ampliamente los recursos transferidos directamente a los beneficiarios.
Además, la senadora cuestionó la efectividad del programa, citando como ejemplo el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, en el que uno de los presuntos implicados figuraba como beneficiario de Jóvenes en Paz.
“Con esos recursos se podrían financiar estudios de 200.000 jóvenes”, aseguró Cabal, al advertir que el dinero invertido en el programa podría servir para otorgar créditos educativos a miles de estudiantes vulnerables en lugar de financiar subsidios “sin resultados visibles”.
La controversia planteada por la senadora abre nuevamente el debate sobre las prioridades presupuestales del Gobierno y la eficacia de los programas sociales frente a otras necesidades urgentes como el acceso a la educación superior en Colombia.
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