30/11/2025
"EPS e IPS Se Burlan de los Fallos de Tutela y de los Incidentes de Desacato: El Derecho a la Salud en Papel"
Por: Bogotá y sus Barrios
En Colombia, el derecho a la salud está consagrado como un derecho fundamental en nuestra Constitución, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara al afirmar que las EPS (Empresas Promotoras de Salud) y las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) están obligadas a garantizar el acceso a la salud de manera oportuna y efectiva. Sin embargo, la realidad que enfrentan miles de colombianos es muy diferente. Las entidades de salud se burlan sistemáticamente de la jurisprudencia, de los fallos de tutela, e incluso de los incidentes de desacato. Y lo peor de todo, el papel aguanta todo.
Cada vez que un juez emite una sentencia de tutela para garantizar el derecho a la salud, las EPS y las IPS tienen la obligación de cumplirla. Pero, lejos de ser una obligación cumplida, el sistema se convierte en una lucha constante contra la burocracia, las trabas administrativas y, en muchos casos, la pura negligencia. Las órdenes de los jueces quedan olvidadas en los cajones, mientras los pacientes sufren las consecuencias de la inacción estatal y privada. Medicamentos no entregados, citas que nunca llegan, cirugías que nunca se realizan, y la angustia de miles de personas que ven cómo su derecho a la salud se convierte en un papel vacío.
Los incidentes de desacato, que deberían ser una herramienta poderosa para hacer cumplir los fallos de tutela, se han convertido en una burla más. El sistema judicial parece no tener capacidad para hacer frente a las evasivas de las EPS. Muchas veces, las entidades simplemente ignoran las sanciones, eludiendo la justicia con tácticas dilatorias y la falta de compromiso. El daño no solo es legal, sino humano: personas mueren por la negativa a cumplir un fallo. ¿Dónde queda la autoridad judicial cuando los encargados de garantizar los derechos fundamentales actúan con total impunidad?
El caso de EPS como Sanitas, Compensar, Sura y Nueva EPS es el ejemplo recurrente. Estas entidades, junto con muchas otras, son las más denunciadas por sus prácticas de negación de servicios, la dificultad para acceder a medicamentos esenciales, la dilación en la atención de urgencias y el incumplimiento de las órdenes judiciales. El Estado, por su parte, parece mirar hacia otro lado, dejando a los ciudadanos en una situación de indefensión. ¿Cómo puede ser posible que, en pleno siglo XXI, el sistema de salud se siga manejando bajo principios de desidia, engaño y maltrato al paciente?
La situación es alarmante. Los jueces siguen emitiendo fallos en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero las EPS e IPS siguen operando con total impunidad, sin que nadie las haga cumplir sus responsabilidades. Mientras tanto, las víctimas de esta negligencia se acumulan: pacientes que no reciben tratamiento, personas con enfermedades crónicas que mueren esperando un medicamento, y ciudadanos que, agotados de la lucha judicial, pierden la esperanza.
Las EPS y las IPS no deben seguir burlándose de la ley, ni de los pacientes que dependen de su cumplimiento para sobrevivir. El sistema judicial debe ser más contundente y dejar de permitir que el incumplimiento sea la norma. Las sanciones por desacato deben ser efectivas y con consecuencias reales. El papel no puede seguir aguantando más abusos. Es hora de que las sentencias de tutela y los fallos judiciales dejen de ser solo palabras en un papel y se conviertan en una realidad para todos los colombianos.
El derecho a la salud no puede ser un juego de papeles; debe ser un derecho vivo, que se cumpla, que se respete, que se haga valer. Y si las EPS y las IPS no lo entienden, el sistema de justicia debe recordarles que la vida no es negociable. La impunidad en este sector está cobrando vidas, y es hora de que los responsables enfrenten las consecuencias de su negligencia.
