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Secreto A VOCES radio/podcast, Bogotá (2025)

24/09/2025

🔲Editorial
El alcalde de Tunja y la farsa del idioma: ¿estrategia para evadir la justicia?
Por: Ricardo Ruidiaz

La más reciente audiencia contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, dejó atónitos a muchos: el mandatario solicitó un traductor alegando que no entendía lo que se decía en el estrado y que incluso gran parte de los documentos que firmaba en su gestión le resultaban incomprensibles. La escena no solo genera perplejidad, sino que plantea una pregunta que debería indignar a la ciudadanía: ¿cómo es posible que alguien que asegura no entender el idioma español se haya postulado y hoy ostente la Alcaldía de una capital departamental en Colombia?

🛑De la excusa médica al desconocimiento del idioma

No es la primera vez que Krasnov recurre a tácticas para aplazar sus procesos judiciales. Ya lo hizo en ocasiones anteriores aludiendo a problemas de salud. Ahora, súbitamente, parece descubrir que no domina el idioma en el que gobierna, legisla y se comunica con la ciudadanía que lo eligió. La maniobra despierta sospechas: ¿se trata de una incapacidad real o de una estrategia burda para dilatar la acción de la justicia?

🛑Gobernar sin comprender

El alcalde no es un ciudadano cualquiera. Maneja presupuestos públicos, firma contratos, dicta directrices y asume la representación política de miles de habitantes. Si hoy reconoce que no entiende con claridad el español, entonces la pregunta es inevitable: ¿qué ha firmado y qué ha autorizado sin comprender a cabalidad sus implicaciones legales y administrativas? La admisión resulta tan grave como la denuncia misma que enfrenta.

🛑Una burla a los tunjanos

Aceptar el cargo de alcalde sin plena competencia lingüística no es un detalle menor, es un acto de irresponsabilidad. ¿Cómo se comunicó con los electores en campaña? ¿Cómo dirige los equipos técnicos y administrativos de la Alcaldía? ¿Cómo garantiza transparencia en los actos oficiales? Pretender ahora que la justicia crea que su falta de entendimiento lo exime o lo beneficia es, en realidad, una burla para los tunjanos que depositaron su confianza en él.

🛑Lo que está en juego

El caso Krasnov trasciende lo anecdótico. Expone un vacío de fondo: la política en Colombia no puede seguir siendo escenario de improvisación, excusas y maniobras dilatorias. El mensaje que deja es desolador: quien gobierna puede declararse enfermo para no asistir a audiencias o alegar desconocimiento del idioma para retrasar fallos, mientras la justicia se enreda en formalismos y los ciudadanos pierden confianza en las instituciones.

La justicia no puede permitir que la comedia del traductor se convierta en un nuevo capítulo de impunidad. Si Mikhail Krasnov no entiende español, nunca debió ser candidato y mucho menos alcalde de Tunja. Y si lo entiende, como lo demuestra su ejercicio político, entonces lo que presenciamos en la audiencia fue una farsa descarada para dilatar un proceso que exige celeridad y transparencia.

⛔️Actualización:
La audiencia contra el alcalde Krasnov fue suspendida este miercoles debido a que su abogado defensor tenía compromisos académicos para dictar clases en la universidad. Aunque el juez mostró su molestia y llamó la atención al abogado por la falta de seriedad, finalmente aceptó aplazar la diligencia. La sesión se reanudará mañana a las 11 de la mañana.

CON QUE MAÑAS SALDRA MAÑANA EL ALCALDE RUSO QUE NO ENTIENDE MUY BIEN EL ESPAÑOL

24/09/2025

🔲Editorial
Petro y el insulto a la verdad: “muchachos caribeños pobres” o mafiosos del Tren de Aragua
Por: Ricardo Ruidiaz

El presidente Gustavo Petro volvió a caer en el abismo de sus contradicciones. Mientras las autoridades de distintos países documentan el poder criminal del Tren de Aragua, él prefiere reducirlos a “muchachos caribeños pobres” empujados por la necesidad. La declaración no solo es una falta de respeto hacia las víctimas de asesinatos, secuestros, extorsiones y trata de personas, sino también un insulto a la inteligencia de un país entero que conoce de sobra cómo opera esta maquinaria delictiva.

Minimizar al crimen, agrandar la impunidad.

El Tren de Aragua no es un puñado de jóvenes confundidos. Es una organización transnacional, con jerarquías, con economías ilícitas diversificadas —narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, extorsión— y con ramificaciones que llegan a Estados Unidos, Chile, Perú y Colombia. Negar esta realidad, o suavizarla con discursos paternalistas, equivale a enviar un mensaje peligroso: los criminales son víctimas y la sociedad debe comprenderlos.

Un golpe a los migrantes honestos.

Mientras tanto, los migrantes venezolanos que trabajan honradamente en Colombia son los primeros afectados. ¿Cómo se sentirán los jóvenes que madrugan a cargar bultos en una plaza de mercado o a vender arepas en la calle cuando escuchan que los verdugos de sus compatriotas son “pobrecitos”? Ese discurso los revictimiza, porque mezcla su esfuerzo honrado con el crimen organizado.

El presidente del perdón selectivo.

Resulta contradictorio que quien tanto invoca la “paz total” y el respeto a las víctimas sea capaz de trivializar a un cartel que asesina, viola y esclaviza mujeres y niños. Petro se indigna ante la desigualdad, pero guarda indulgencia para con los verdugos de los más pobres. Ese doble rasero convierte su discurso en un acto de cinismo político.

Lo que debería decir un jefe de Estado

Un presidente responsable debería:
🛑Reconocer sin titubeos la naturaleza criminal y transnacional del Tren de Aragua.
🛑Diferenciar con claridad entre la diáspora venezolana trabajadora y las bandas mafiosas que usan la migración como fachada.
🛑Exigir y liderar cooperación internacional para desmantelar sus economías ilícitas.
🛑Garantizar que en Colombia no haya terreno fértil para el negacionismo que alimenta la impunidad.

La verdad incómoda

El Tren de Aragua existe, no es un invento mediático ni un mito policial. Minimizarlo, como lo hace el presidente, no es progresismo ni humanismo: es complicidad retórica. Y cada vez que desde el Palacio de Nariño se suaviza el crimen, los extorsionistas, sicarios y violadores ganan terreno.

El presidente Petro eligió mal sus palabras. Al llamar “muchachos caribeños pobres” a los mafiosos del Tren de Aragua, se burló de las víctimas, ofendió a los migrantes honrados y dejó en evidencia un peligroso sesgo: la política del perdón para los verdugos y el olvido para los inocentes. La verdad, aunque incómoda, es clara: no son muchachos pobres, son criminales armados, y deben ser combatidos como tales.

23/09/2025

🛑🛑🛑Escándalo en la UNP: concejal Andrés Escobar señalado por uso indebido de su esquema de seguridad🛑🛑🛑🛑
Por: Ricardo Ruidiaz

Bogotá, 22 de septiembre de 2025.
La controversia alrededor del concejal Andres Escobar () vuelve a encender alarmas en la opinión pública y en los organismos de control. De acuerdo con la denuncia presentada por la abogada y defensora de derechos humanos Juliana Beltrán (), Escobar habría reincidido en el uso indebido de su esquema de seguridad otorgado por la Unidad Nacional de Protección (Unidad Nacional de Protección ), poniendo en entredicho la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a la protección de personas en riesgo.

Una denuncia con radicado oficial

La primera queja fue presentada meses atrás por Juliana Beltrán (
) bajo el radicado EXT-2025-00040070, alertando que el concejal había empleado el vehículo asignado por la UNP con fines distintos a los contemplados en la normativa. La propia Unidad respondió en su momento que iniciaría una verificación y que, de comprobarse una reincidencia, el esquema podría ser suspendido o retirado.

Sin embargo, el pasado 3 de agosto de 2025, Escobar habría vuelto a utilizar el carro oficial de la UNP para transportar a María de los Ángeles Gallego Millán, una mujer condenada por concierto para delinquir agravado en el marco del proceso 73-001-60-00000-2022-00050-01, identificada como integrante de la banda criminal Los Keta. Investigaciones judiciales y de prensa la vinculan además con redes de narcotráfico de dr**as sintéticas en Ibagué y otras ciudades del país.

Favores personales con recursos públicos

De acuerdo con la denuncia, el vehículo estatal fue empleado para llevar a Gallego Millán a actividades de supuesta “labor social”, cuyo objetivo real habría sido favorecer su imagen pública. Esta utilización de un recurso destinado a la protección personal de Escobar es considerada una reincidencia en el incumplimiento del reglamento de la UNP, contemplado en el Decreto 4912 de 2011, artículo 2.4.1.2.44, que ordena suspender las medidas de seguridad en casos reiterativos.

Además, la conducta podría configurar el delito de peculado por uso, al destinar bienes del Estado a beneficiar a un tercero sin justificación legal.

Exigencia de sanciones y transparencia

La nueva queja de Juliana Beltrán () exige a la UNP actuar con firmeza: suspender el esquema de seguridad del concejal Escobar y trasladar el caso a la Procuraduría y la Fiscalía, para que se investiguen las responsabilidades disciplinarias y penales correspondientes.

La gravedad del hecho radica en que los recursos públicos destinados a la seguridad buscan proteger la vida e integridad de personas amenazadas, no servir de transporte para individuos condenados por narcotráfico o integrantes de estructuras criminales.

Un llamado a la ciudadanía

Este caso no solo pone en entredicho la conducta de un funcionario electo, sino también la capacidad de las instituciones para garantizar la correcta administración de los recursos del Estado. Como señala Juliana Beltrán (), la ciudadanía exige transparencia y respeto por lo público: nadie, absolutamente nadie, puede estar por encima de la ley.

22/09/2025

🔲Editorial | Petro-Florián: La igualdad no puede ser un disfraz
Por: Ricardo Ruidiaz

En Colombia, la comunidad LGBTIQ+ no solo sigue enfrentando la indiferencia del Estado y la violencia de la sociedad, sino que además se ve utilizada como moneda electoral y bandera de ocasión por quienes prometieron respeto y garantías, pero hoy solo entregan discursos vacíos. El panorama es indignante: los homicidios contra personas trans se mantienen en cifras alarmantes, y las agresiones físicas, verbales e institucionales no cesan. Pese a las promesas de cambio, nada ha mejorado, al contrario, se ha profundizado la sensación de abandono.

El gobierno de Gustavo Petro y su Ministerio de la Igualdad se presentan como referentes de inclusión, pero sus hechos desmienten el relato. El caso de Julián Florián es una muestra grotesca: un funcionario que ayer se declaraba ministra, mujer y de género fluido para sostenerse en el cargo, y hoy amanece nuevamente como hombre para ser posesionado. Más allá de su identidad personal —que merece respeto—, lo que se observa es una manipulación oportunista de la diversidad para aferrarse al poder.

La Corte Constitucional tumbó su nombramiento inicial porque no se cumplía con la paridad de género en el gabinete, y ni siquiera eso fue suficiente para que el gobierno reflexionara sobre la seriedad del ministerio que dicen defender.

La pregunta es inevitable: ¿cuándo dejó de ser la igualdad un compromiso y pasó a ser una farsa administrativa? La incoherencia institucional despoja de legitimidad una lucha que costó años de sangre, marchas, activismo y vidas arrebatadas. Mientras tanto, en las calles, en los barrios y en las regiones, las personas trans siguen siendo asesinadas, discriminadas en el trabajo, en la salud y en la educación, invisibilizadas por un Estado que solo las recuerda cuando necesita votos o discursos progresistas para escenarios internacionales.

La comunidad 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ no necesita símbolos huecos ni ministerios manipulados por la ambición personal. Necesita políticas públicas reales: casas de refugio para víctimas de violencia, programas laborales efectivos, protocolos de atención médica digna, campañas de educación contra la discriminación y una Fiscalía que investigue con rigor los crímenes de odio. Nada de esto existe hoy.

Lo que sí existe es un gobierno que juró defender a los más vulnerables y que, al incumplir, revictimiza. Lo que sí existe es un funcionario que se aprovecha de un discurso identitario para saltar de casilla en casilla según le convenga. Y lo que sí existe es una comunidad indignada que ve cómo su dignidad se vuelve espectáculo político.

La igualdad no puede ser un disfraz que se usa y se bota al antojo del poder. Ni Petro ni Florián tienen derecho a jugar con los derechos de miles de personas que llevan décadas poniendo el cuerpo frente a la violencia. Lo mínimo que merece la comunidad es respeto, coherencia y acciones concretas. Lo mínimo que merece el país es que la igualdad no se reduzca a un circo político.

18/09/2025

Editorial | El espejismo del Ministerio de la Igualdad.
Por: Ricardo Ruidiaz

El gobierno de Gustavo Petro vendió el Ministerio de la Igualdad como la joya de la corona de su proyecto político. Con bombos y platillos, lo presentó como la apuesta para transformar las profundas desigualdades sociales y territoriales que atraviesan a Colombia. Sin embargo, la realidad es mucho más amarga que el discurso: el ministerio se ha convertido en un espejismo burocrático, un organismo sin resultados concretos, que hoy carga sobre sus hombros el peso de la desilusión ciudadana.

Los hechos hablan por sí solos. La ejecución presupuestal ha sido prácticamente nula. Mientras el país esperaba programas reales que impactaran a las comunidades más pobres, indígenas, afrodescendientes, mujeres y jóvenes, lo que se ha visto es un ente paralizado, incapaz de cumplir siquiera con las funciones básicas para las que fue creado. Se diseñó para combatir la desigualdad y terminó multiplicándola, al ser un ministerio con recursos asignados pero sin impacto social.

El panorama se agrava con los escándalos que lo han rodeado desde su nacimiento. Nombramientos polémicos como los de Juliana Guerrero y Julián Florián, personajes que simbolizan más la improvisación y el amiguismo político que un verdadero compromiso con la igualdad, han puesto en evidencia la falta de seriedad en la conducción de este proyecto. En vez de fortalecerlo con figuras capaces y con experiencia, se ha usado como un botín burocrático al servicio de lealtades políticas y personales.

Este fracaso no es menor. En un país donde millones de ciudadanos sobreviven en condiciones indignas, la creación de este ministerio generó expectativas legítimas. Hoy, esas expectativas han sido traicionadas. Lo que se prometió como una revolución social terminó en un cascarón vacío, en una maquinaria burocrática más que engorda las nóminas oficiales sin ofrecer soluciones reales.

El Ministerio de la Igualdad, tal como está, es un insulto para las comunidades que lo esperaban como herramienta de transformación. Es la prueba viva de que el discurso de cambio puede degenerar en simple propaganda política, en un espejismo que desaparece al primer contacto con la realidad.

El país no necesita ministerios de papel ni estructuras decorativas para alimentar egos presidenciales. Necesita instituciones que funcionen, políticas públicas eficaces y líderes que estén a la altura del reto. Mientras eso no ocurra, el Ministerio de la Igualdad será recordado como una estafa histórica: la promesa incumplida de un gobierno que prefirió los símbolos a los resultados.

17/09/2025

⬛️EDITORIAL | La certificación de EE.UU.: ¿un triunfo negado o una oportunidad perdida?
Por: Ricardo Ruidiaz

La descertificación de Estados Unidos hacia Colombia marcó un quiebre en la política exterior del gobierno de Gustavo Petro. Lejos de un asunto meramente técnico, se trató de una señal contundente sobre el deterioro de la confianza en el país en materia de lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la defensa de los derechos humanos. La reacción del presidente y sus seguidores fue inmediata: una mezcla de indignación y retórica de dignidad nacional que, aunque aplaudida por su base política, no ofrece soluciones de fondo ni atenúa los riesgos que la decisión acarrea.

La gran paradoja radica en imaginar qué habría sucedido si Washington hubiese optado por certificar a Colombia. El gobierno que hoy habla de soberanía ultrajada habría corrido a celebrar la decisión como un triunfo histórico, un espaldarazo a la gestión de Petro y su gabinete. Los ministros habrían proclamado la eficacia de las reformas y los operadores del Pacto Histórico habrían llenado las redes de mensajes victoriosos, presentando la certificación como prueba irrefutable de que la política de “cambio” sí funciona en el terreno internacional. El discurso de dignidad se habría transformado en una narrativa de éxito, pero el fondo del problema habría quedado intacto: la fragilidad de las instituciones encargadas de garantizar seguridad, justicia y protección a las comunidades.

La verdad incómoda es que la descertificación refleja más que una disputa diplomática. Expone que Colombia no está cumpliendo los mínimos que el mundo exige en transparencia, eficacia y respeto a los derechos humanos. Ni las delegaciones enviadas a hacer lobby en Washington ni las declaraciones airadas en Bogotá logran esconder que los compromisos siguen sin materializarse. La cooperación internacional no se sostiene con discursos altisonantes sino con resultados verificables, y en ese terreno el país ha quedado en deuda.

El gobierno parece haberse refugiado en la narrativa de la dignidad herida para ocultar la ausencia de una política exterior coherente. Al cerrarse la puerta de la certificación, la estrategia fue convertir la derrota en un símbolo de soberanía. Pero esa salida retórica no borra el hecho de que la decisión de Estados Unidos tiene implicaciones prácticas: limita la cooperación, reduce la confianza internacional y abre un espacio de incertidumbre que golpea directamente a la seguridad y a las poblaciones más vulnerables.

Resulta necesario preguntarse si el presidente Petro está dispuesto a ir más allá de la retórica y a enfrentar con hechos las exigencias que la comunidad internacional y, sobre todo, los colombianos esperan. La certificación no es un capricho imperial ni una medalla de reconocimiento; es una herramienta de presión que mide la capacidad real del Estado para responder a problemas estructurales. Convertir su ausencia en bandera de orgullo nacional es, en el mejor de los casos, una negación del problema y, en el peor, una peligrosa forma de autoengaño.

Colombia no puede seguir apostando a la diplomacia de la confrontación simbólica mientras se acumulan las deudas con su pueblo. El país necesita acciones efectivas, no discursos inflamados. La descertificación no debería ser excusa para victimizarse frente a Estados Unidos, sino un campanazo de alerta para asumir con responsabilidad lo que corresponde: mostrar resultados tangibles en la lucha contra el narcotráfico, la protección de los líderes sociales y la transparencia institucional. Todo lo demás es ruido político, y el ruido, por más fuerte que sea, no reemplaza los hechos.

17/09/2025

🚨ATENCIÓN ⏰ULTIMA HORA -- ESCÁNDALO EN LA ARMADA EN TUMACO --
Escándalo en Tumaco: infantes de marina negociaban madera incautada
Por: Ricardo Ruidiaz

Un nuevo escándalo golpea a la Fuerza Pública en el Pacífico nariñense. En zona rural de Tumaco, un grupo de infantes de marina fue sorprendido por un ciudadano valiente que los encontro negociando un cargamento de madera que horas antes había sido incautado en un operativo de control. La situación, que pone bajo la lupa la corrupción en las instituciones encargadas de proteger los recursos naturales y combatir las economías ilegales, genera preocupación en una de las regiones más golpeadas por la violencia y el crimen organizado.

Tumaco, uno de los principales corredores estratégicos para el narcotráfico y el tráfico ilegal de recursos, también sufre desde hace años los estragos de la deforestación y la tala indiscriminada de madera. En esta zona convergen intereses de grupos armados, economías ilegales y redes de corrupción que aprovechan la débil presencia estatal para explotar sin control los recursos naturales.

El hecho de que uniformados, llamados a garantizar la protección del territorio y sus comunidades, terminen implicados en prácticas ilegales refuerza la desconfianza ciudadana frente a la Fuerza Pública. Además, expone la fragilidad de los mecanismos de control y transparencia dentro de las instituciones militares, en un momento en que la región requiere mayor legitimidad estatal para enfrentar las múltiples violencias.

Mientras comunidades locales exigen respuestas, organismos de control y autoridades judiciales y militares brillan por su ausencia. Más allá del escándalo puntual, este caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿cómo recuperar la confianza en las instituciones y frenar la connivencia de agentes estatales con economías criminales que desangran al Pacífico colombiano?
Gustavo Petro Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio De Defensa Nacionala Fuerzas Militares de Colombia Armada Colombia

Video: https://tiktok.com/.ntv

16/09/2025

⬛️EDITORIAL | PETRO Y EL DESATINO SOBRE LAS MUJERES
Por: Ricardo Ruidiaz

El presidente Gustavo Petro, con su afirmación de que “si las mujeres conectan el clítoris con el cerebro se convierten en grandes mujeres”, ha cometido uno de los más graves errores discursivos de su mandato. No se trata de un simple desliz verbal, sino de una frase que desnuda un imaginario machista y reduccionista en quien, paradójicamente, pretende mostrarse como aliado de las luchas feministas.

Colombia no necesita a un presidente que convierta la dignidad de las mujeres en un chiste fisiológico. La grandeza de las mujeres no se mide por conexiones sexuales ni por metáforas desafortunadas: se mide por las oportunidades que les brinda el Estado para acceder a educación, salud, igualdad laboral y a una vida libre de violencia.

Resulta alarmante que, en vez de elevar el debate sobre equidad de género, el jefe de Estado recurra a expresiones que refuerzan estereotipos, sexualizan el rol femenino y ridiculizan luchas históricas por derechos que aún están lejos de ser alcanzados. Lo que Petro pretendía presentar como una metáfora terminó siendo un insulto para millones de mujeres que exigen respeto y no discursos paternalistas.

En un momento en el que Colombia clama por liderazgo serio frente a la violencia contra las mujeres, la precariedad del sistema de salud materna y la brecha salarial de género, el presidente eligió el camino de la banalización. Esa ligereza discursiva erosiona la legitimidad de sus políticas sociales y le entrega a sus opositores un argumento perfecto para señalar incoherencia y falta de respeto.

Un verdadero líder entiende que las mujeres no necesitan que nadie les reconozca su “grandeza” desde lo sexual, sino que el Estado les garantice derechos plenos. Petro debería rectificar, no solo con palabras, sino con hechos concretos: presupuestos para políticas de género, respaldo a las organizaciones feministas y medidas efectivas contra la violencia de género.

De lo contrario, esta frase quedará como un símbolo de desprecio, y su gobierno cargará con el costo político de haber trivializado la dignidad de la mitad de la población colombiana.

16/09/2025

🇰🇵Internacional ---EDITORIAL | COREA DEL NORTE: EL RÉGIMEN QUE EJECUTA POR VER PELICULAS EXTRANJERAS
Por: Ricardo Ruidiaz

La reciente denuncia de Naciones Unidas sobre ejecuciones en Corea del Norte por el simple hecho de consumir o distribuir contenidos extranjeros no es un episodio aislado: es la confirmación de que el régimen de Kim Jong-un ha decidido utilizar el miedo como herramienta de control absoluto.

El informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU documenta casos en los que ver una serie surcoreana o compartir un archivo de video puede convertirse en una sentencia de muerte. Human

y

Amnistia Internacional coinciden en que se trata de uno de los sistemas más represivos del planeta, donde no existe libertad de expresión, ni acceso libre a información, y donde el Estado considera un enemigo interno a cualquiera que aspire a conocer el mundo más allá de sus fronteras.

UN PAÍS SECUESTRADO POR EL MIEDO

En Corea del Norte, no solo se castiga la disidencia política, también se criminaliza la curiosidad cultural. Las películas, canciones o noticias extranjeras se convierten en armas de subversión para un régimen que no tolera fisuras en su relato oficial. Lo que para el resto del mundo es entretenimiento, en Pyongyang se paga con la vida.

Esta política refleja la peor versión del autoritarismo: una que no se conforma con controlar el discurso público, sino que se infiltra en la intimidad de los hogares, las pantallas y hasta los pensamientos. La censura total no solo impide hablar; obliga a callar incluso en silencio.

LECCIONES PARA EL MUNDO

El caso norcoreano debe leerse como advertencia global. La represión no empieza con ejecuciones masivas; empieza con pequeñas justificaciones: cerrar un medio “por seguridad”, acusar de traición a quienes consumen información “no autorizada”, estigmatizar lo extranjero como amenaza. Cada paso erosiona las libertades hasta que el miedo reemplaza a la dignidad.

Democracias frágiles como las de América Latina —donde se intentan limitar contenidos, manipular medios o estigmatizar la protesta juvenil— deberían mirar este espejo con atención. El autoritarismo no llega de golpe; se instala lentamente, mientras se normaliza la censura.

LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL

La comunidad internacional tiene el deber de seguir denunciando y documentando estos crímenes. Informes de la ONU, sanciones, y visibilidad en medios son herramientas necesarias para evitar que el régimen de Kim Jong-un se esconda en la oscuridad. La indiferencia global sería complicidad.

Corea del Norte ejecuta a su gente por el delito de mirar al mundo. No es solo un acto de barbarie, es un mensaje calculado: la cultura libre es peligrosa para las dictaduras. Y esa verdad es la que convierte a cada libro, cada canción, cada película extranjera en una amenaza para los tiranos.

Este editorial no pretende únicamente condenar lo que ocurre en Corea del Norte. Pretende recordar que la libertad de expresión no es un lujo: es la base misma de cualquier sociedad que quiera llamarse humana.

"Cuando se apaga la diversidad de voces, lo que sigue es el silencio de los fusiles". RR

16/09/2025

⬛️MENSAJE PARA LOS INFLUENCERS Y ALGUNOS ACTIVISTAS DEL PACTO HISTORICO ---No hay nada que celebrar: la deuda con las víctimas sigue viva.
Por: Ricardo Ruidiaz

El fallo que condena a ocho años en p***s alternativas a los exlíderes de las FARC por más de 21.000 víctimas de secuestros, torturas, desapariciones y violencias atroces ha sido recibido por algunos sectores del Pacto Histórico con mensajes de triunfo. Sin embargo, ¿qué se celebra realmente?

Aceptar las decisiones judiciales en el marco de los acuerdos de paz es un deber democrático. Pero confundir la aceptación con la exaltación es una afrenta directa a quienes aún cargan con el vacío de sus familiares desaparecidos, con las cicatrices físicas de la tortura o con el trauma de haber sido secuestrados.

La paz, cuando se construye sobre las heridas abiertas de la memoria, exige prudencia, respeto y empatía. El dolor de las víctimas no es un trofeo político ni un hashtag para las redes sociales.

Que hoy se hable de justicia transicional no significa que la justicia haya sido plena. Significa, más bien, que como sociedad hemos pactado un camino para detener la guerra. Pero mientras ese camino no reconozca en su centro la voz de las víctimas, cada aplauso o cada publicación celebratoria se convierte en un recordatorio cruel de que el país sigue midiendo la paz en términos de cálculo político y no de reparación humana.

La reconciliación no se decreta desde un celular. Se construye escuchando, respetando y honrando el dolor de quienes lo han perdido todo.

15/09/2025

Lo que se sabe de Sushila Karki, nueva primera ministra interina de Nepal:

✴️La nueva primera ministra interina de Nepal, Sushila Karki, tiene 73 años y posee una larga trayectoria como jurista antes que política. La Generación Z la propuso como líder interina por su pasado como jueza, reputación de honestidad y reconocimiento por luchar contra la corrupción.

✴️Karki asumió el cargo el 12 de septiembre de 2025, después de protestas que dejaron decenas de mu***os al reprimir manifestaciones.

✴️El nuevo gobierno interino se comprometió públicamente a organizar elecciones en aproximadamente seis meses, como fecha límite para que el poder retorne a un parlamento electo.

15/09/2025

Internacional ---EDITORIAL | NEPAL: UNA PRESIDENTA QUE NO BUSCA EL PODER, SINO LA TRANSICIÓN
Por: Ricardo Ruidiaz

En un mundo político donde la ambición suele ser el motor de quienes buscan o se aferran al poder, Nepal da un ejemplo inesperado y poderoso. La nueva primera ministra interina, Sushila Karki, llegó al cargo en medio de una ola de protestas lideradas por la Generación Z y respaldada por el ejército. Su promesa es clara: gobernar solo el tiempo necesario —unos seis meses— para encaminar elecciones libres y abrir un camino distinto al de la corrupción y la represión que llevaron a la caída del gobierno anterior.

Lejos de ser un gesto de debilidad, su decisión de no querer eternizarse en el poder por su edad y por convicción personal transmite un mensaje contundente: Karki no llegó para servirse del Estado, sino para servir a la ciudadanía. Es un contraste evidente con tantos líderes que convierten la política en un botín personal y se niegan a soltar el poder a cualquier costo.

Un liderazgo sin ambición desmedida

Sushila Karki no pretende pasar a la historia como una caudilla. Prefiere ser recordada como la mujer que ayudó a Nepal a recomponerse en un momento de caos. En tiempos donde la megalomanía suele imponerse, que una mandataria asuma el reto con fecha de salida ya marcada habla de humildad política y de una ética poco común en la región.

Un espejo para otros países

El ejemplo de Karki resuena más allá de Nepal. Su postura es un recordatorio para las democracias en crisis —como Colombia, Venezuela o incluso potencias desgastadas por la polarización— de que el verdadero liderazgo no se mide en cuánto tiempo se mantiene un cargo, sino en la capacidad de abrir espacios de renovación, fortalecer instituciones y devolverle el poder al pueblo.

Nepal no encontró en Sushila Karki a una líder hambrienta de poder, sino a una guardiana de transición. Su desapego personal revela algo esencial: la política puede ser un servicio temporal y no una cadena perpetua de privilegios. En un país que busca sanar tras mu***os en protestas y años de corrupción, su postura ofrece una bocanada de aire fresco.

La Generación Z que se jugó la vida en las calles lo entendió bien: la fuerza de una revolución no siempre está en quien se aferra, sino en quien sabe soltar.

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