24/08/2025
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Ley para huérfanos por feminicidio ya es una realidad
Con la sanción de la Ley 2530 de 2025, Colombia dio un paso trascendental hacia la justicia social. Por fin el Estado reconoce y responde a una deuda histórica con miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que quedaron huérfanos tras el feminicidio de sus madres.
Durante años, estos menores cargaron en silencio el peso de un dolor profundo y de un abandono institucional que no supo –o no quiso– protegerlos. Desde 2018, cuando comencé a exigirle al Estado atención para estos niños, no ha pasado un solo día en que no recuerde a las entidades que esta ley era urgente y necesaria y por eso impulsé esta legislación.
La visibilización de esta tragedia empecé a hacerla en el libro _Ni una más ni una menos: la ruta al feminicidio_ (2018). Este avance es también una victoria ciudadana. Hoy, al ver esta ley hecha realidad, puedo decir que el trabajo desde las organizaciones sociales, la academia, las familias que buscan justicia y los medios de comunicación sí tiene impacto y que el Congreso haya oído el clamor que se daba en todos los escenarios es importante para que hoy sea realidad.
La ley establece un marco integral de protección para estos menores, incluyendo atención en salud física y mental, acceso prioritario a educación y empleo, participación en espacios culturales y deportivos, acompañamiento psicosocial, asistencia jurídica y apoyo económico. Uno de sus pilares fundamentales es la creación del Registro Nacional de Huérfanos por Feminicidio, una herramienta esencial para garantizar seguimiento, protección y atención continua.
Hay varios aspectos especialmente sensibles de la norma, pero es fundamental que esta ley impida que los menores queden nuevamente expuestos a contextos de violencia. No podemos permitir que la custodia regrese a manos del agresor o de su círculo cercano, como ha ocurrido en tantos casos.
Como comunicador, también celebro que la ley incluya directrices claras para el manejo de la información sobre feminicidios en medios y espacios públicos. Necesitamos un tratamiento responsable del lenguaje y de las narrativas. Esta ley habla también de buenas prácticas, de cómo contar estas historias sin revictimizar ni banalizar el dolor.
Sin embargo, advierto que el verdadero reto comienza ahora: reglamentar la ley y garantizar su cumplimiento. Esto exige mucho más que discursos. Exige rutas claras, coordinación interinstitucional, formación a los funcionarios, y, sobre todo, voluntad de escuchar a las víctimas.
A estos niños no se les puede ofrecer solo un subsidio. Necesitan protección emocional, acompañamiento real, justicia, reparación y memoria. Y necesitan que se les garantice un futuro digno, no solo sobrevivir al pasado.
El llamado final es claro: es hora de que toda la sociedad sea vigilante. Esta ley debe cumplirse de forma ágil, oportuna y eficaz. Las víctimas no pueden esperar más.
