11/08/2026
| Contratos millonarios ponen bajo la lupa a influencer petrista.
Los elogios públicos del exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo terminaron poniendo los reflectores sobre Elizabeth Ortiz, una influencer identificada con el petrismo cuyo historial contractual con el Estado supera los $426 millones, según los registros citados por SEMANA tras revisar SECOP y BuscaSecop.
La controversia creció después de que Jaramillo destacara su gestión durante un acto en El Espinal: “Esta niña que está acá, Elizabeth, no descansó hasta que confirmara que yo consiguiera los recursos para que llegaran esos 8.000 millones de pesos. Gracias doctora Elizabeth de que usted haya estado pendiente de apoyar eso”.
De acuerdo con la revisión publicada, Ortiz mantiene dos contratos vigentes que suman $188,6 millones. Uno fue suscrito directamente con la Presidencia de la República por $121,7 millones para labores relacionadas con monitoreo, análisis de medios y apoyo a la difusión de contenidos comunicacionales. Su ejecución está prevista hasta el 30 de diciembre de 2026, varios meses después de la salida de Gustavo Petro del poder.
El segundo contrato vigente, por $66,9 millones, corresponde a la Superintendencia del Subsidio Familiar y contempla apoyo al proceso de inspección y vigilancia de las cajas de compensación, así como la elaboración de modelos estadísticos para fortalecer la supervisión.
BuscaSecop también registra contratos anteriores por $121 millones y $55 millones vinculados al sector de Minas y Energía, además de otro por $60 millones con el Ministerio de Salud. Los objetos contractuales abarcan desde asuntos relacionados con combustibles en zonas de frontera hasta proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
El historial contractual de Ortiz vuelve a poner sobre la mesa los cuestionamientos alrededor de la contratación directa durante el gobierno Petro, especialmente porque uno de sus contratos permanece vigente bajo la nueva administración. El debate ahora estará en determinar si esos vínculos contractuales respondieron estrictamente a necesidades técnicas y profesionales del Estado.
