05/06/2026
CUANDO VOTAR DEPENDE DE OTROS: LA DEUDA DEMOCRÁTICA DE COLOMBIA CON LOS CON DISCAPACIDAD.
Millones de ciudadanos continúan enfrentando barreras para acceder a información electoral, ejercer un voto autónomo y participar en igualdad de condiciones. La accesibilidad sigue siendo uno de los puntos más débiles de la democracia colombiana.
Por décadas, Colombia ha avanzado más rápido en el reconocimiento jurídico de los derechos políticos de las personas con discapacidad que en su garantía efectiva. El problema ya no parece estar en las normas. El problema está en la realidad.
A pocos días de una nueva jornada electoral, una pregunta incómoda sigue sin respuesta: ¿puede hablarse realmente de voto libre y secreto cuando miles de personas con discapacidad continúan dependiendo de terceros para saber dónde votar, cómo votar o incluso por quién terminaron votando?
La pregunta no es retórica.
Es una cuestión de democracia.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE, Colombia registra aproximadamente 3,1 millones de personas con discapacidad. Diversos análisis demográficos permiten estimar que cerca de 2,8 millones tienen edad para ejercer el derecho al sufragio.
Se trata de uno de los grupos poblacionales más numerosos del país.
Sin embargo, la accesibilidad electoral continúa siendo tratada como un asunto marginal.
Los reportes ciudadanos recopilados durante el proceso electoral de 2026 muestran barreras persistentes de carácter físico, tecnológico, comunicacional, cognitivo, actitudinal y administrativo que afectan directamente la participación política de las personas con discapacidad.
La situación resulta aún más preocupante cuando se observa que aproximadamente el 78 % de las personas con discapacidad no cuenta con certificación oficial, lo que dificulta la planeación institucional, la focalización de apoyos y la construcción de indicadores reales sobre participación electoral.
Pero la discusión de fondo no es estadística.
Es humana.
Y es profundamente democrática.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que las personas tienen derecho a participar en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás. También establece que los Estados deben garantizar accesibilidad, ajustes razonables y apoyos adecuados para el ejercicio efectivo de sus derechos.
No basta con permitir votar.
Hay que garantizar que se pueda votar.
La diferencia parece pequeña.
No lo es.
Una persona ciega que no puede consultar de manera autónoma su puesto de votación porque una página web presenta barreras para los lectores de pantalla no está ejerciendo plenamente su autonomía.
Una persona con discapacidad cognitiva que recibe información electoral compleja, técnica o inaccesible tampoco está participando en igualdad de condiciones.
Una persona autista, neurodivergente o con discapacidad psicosocial que no encuentra información clara, comprensible y adaptada enfrenta una barrera tan real como una escalera sin rampa.
La exclusión también puede ser digital.
La exclusión también puede ser comunicacional.
La exclusión también puede estar escrita.
Uno de los aspectos más críticos tiene que ver con el concepto mismo de autonomía.
La Convención reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y el derecho a tomar decisiones con los apoyos que sean necesarios.
La autonomía no consiste en abandonar a las personas a su suerte.
Consiste en garantizar que dispongan de la información, los formatos, los apoyos y las condiciones necesarias para decidir por sí mismas.
Por eso la accesibilidad electoral no puede reducirse a la existencia de una rampa o a la presencia de una plantilla Braille.
La accesibilidad implica que una persona pueda conocer las reglas del proceso, entender el tarjetón, identificar las opciones disponibles, llegar al puesto de votación, desplazarse dentro de él y emitir su voto de forma libre y secreta.
Y precisamente allí aparecen algunas de las mayores preocupaciones.
Durante años se ha presentado el sistema Braille como la principal respuesta institucional para garantizar el voto de las personas ciegas.
Sin embargo, múltiples ciudadanos han advertido limitaciones importantes.
Las plantillas Braille pueden facilitar la ubicación de determinadas opciones, pero no sustituyen la necesidad de información previa accesible.
En muchos casos las personas llegan a la mesa sin haber tenido acceso anticipado a versiones accesibles de los tarjetones, sin materiales pedagógicos adecuados y sin suficiente conocimiento de la estructura electoral que encontrarán el día de la votación.
La consecuencia es evidente.
La autonomía termina siendo parcial.
Y en ocasiones inexistente.
Peor aún, persisten interrogantes sobre la protección efectiva del secreto del voto cuando se utilizan mecanismos diferenciados.
Si en una mesa determinada una sola persona utiliza una modalidad específica de votación accesible, la trazabilidad de esa actuación puede generar preocupaciones legítimas sobre confidencialidad y reserva.
La democracia no solamente debe garantizar que todos voten.
También debe garantizar que nadie pueda saber cómo votaron.
Esa es una condición esencial del sufragio libre.
A ello se suma un problema que rara vez ocupa titulares.
La accesibilidad cognitiva.
Colombia cuenta con cientos de miles de personas con discapacidad intelectual, discapacidad cognitiva, trastornos del neurodesarrollo, autismo, discapacidad psicosocial y otras condiciones que requieren información clara, lectura fácil, apoyos comunicativos y pedagogía adaptada.
Sin embargo, buena parte de la información electoral continúa produciéndose para una ciudadanía idealizada que comprende textos complejos, procedimientos extensos y lenguaje técnico.
Esa ciudadanía ideal no existe.
La diversidad humana sí.
Por eso las democracias modernas están incorporando progresivamente estándares de lectura fácil, comunicación accesible, diseño universal y participación inclusiva.
No se trata de privilegios.
Se trata de igualdad.
También resulta preocupante la ausencia de información pública suficientemente detallada sobre indicadores, cobertura, impacto y resultados de las estrategias institucionales de inclusión electoral.
Diversos ciudadanos han solicitado información específica relacionada con capacitación de jurados, accesibilidad digital, producción de apoyos electorales, evaluación de fallas, cobertura territorial y medición de participación de personas con discapacidad.
La transparencia institucional es parte de la accesibilidad democrática.
Sin información verificable no existe control ciudadano efectivo.
Y sin control ciudadano la inclusión corre el riesgo de convertirse únicamente en discurso.
La discusión de fondo trasciende una elección.
Lo que está en juego es la calidad de la democracia.
Una democracia accesible no es aquella que permite que las personas con discapacidad entren al puesto de votación.
Es aquella que garantiza que puedan participar en igualdad de condiciones desde el momento en que buscan información hasta el instante en que depositan su voto.
Las barreras identificadas son corregibles.
La tecnología existe.
Los estándares internacionales existen.
La experiencia comparada existe.
Las organizaciones de personas con discapacidad llevan años formulando propuestas concretas.
Lo que sigue faltando es convertir la accesibilidad electoral en una prioridad institucional de primer nivel.
Porque cuando una persona necesita que otros le expliquen dónde votar, cómo votar o qué dice un tarjetón, el problema ya no es solamente de accesibilidad.
Es un problema de ciudadanía.
Y cuando millones de ciudadanos encuentran obstáculos para ejercer plenamente sus derechos políticos, la pregunta deja de ser cuánto ha avanzado la inclusión.
La pregunta pasa a ser cuánto le falta a la democracia para estar verdaderamente al alcance de todos.
HERNANDO AYALA MELGAREJO
Periodista – Director General
AGENCIA DE NOTICIAS DISNNET PRESS
[email protected]
VND COLOMBIA – VOCES NUEVAS PARA EL DESARROLLO
OSCAR SAÚL CORTÉS CRISTANCHO
Comunicador con Discapacidad Múltiple
Magíster en Estudios Políticos
Especialista en Derechos Humanos, Discapacidad, Participación Ciudadana y Políticas Públicas
[email protected]
Bogotá D.C., Colombia
Junio 5 de 2026
