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Catatumbo: el territorio donde Colombia siempre llega tardeEn el Catatumbo, la frontera no la marca la geografía, la mar...
01/09/2025

Catatumbo: el territorio donde Colombia siempre llega tarde

En el Catatumbo, la frontera no la marca la geografía, la marcan las balas.
El paisaje es un mural contradictorio: montañas verdes que huelen a café, ríos que funcionan como autopistas clandestinas, pueblos con casas de madera que sobreviven entre la pobreza y el miedo. Allí, donde termina Colombia y empieza Venezuela, el Estado suele aparecer con helicópteros y titulares, pero nunca con hospitales, colegios ni carreteras.

La historia es tan repetitiva que parece condena: cada gobierno promete “recuperar el Catatumbo”, cada ministro de Defensa anuncia planes de choque, y cada comandante del Ejército jura que “esta vez será diferente”. Sin embargo, cuando el humo de los operativos se disipa, los campesinos siguen sembrando lo mismo, los grupos armados vuelven a reacomodarse y la vida continúa bajo un régimen que no es legal, pero sí efectivo: el de los fusiles.

El pasado que nunca se cerró

La guerra en el Catatumbo no empezó ayer. En los años noventa, mientras el país hablaba del proceso en el Caguán, aquí los frentes del ELN y las FARC convertían la coca en su tesoro de guerra. Cuando los paramilitares llegaron en 1999, lo hicieron con lista en mano: seleccionaban a los hombres en las cantinas y los ejecutaban frente a todos. Lo llamaron “limpieza”, pero en realidad fue la apertura de un nuevo mercado de terror.

El Estado miraba desde la distancia: Catatumbo se convirtió en un laboratorio de lo que significa la ausencia de poder legítimo. El abandono social carreteras destrozadas, escuelas sin maestros, hospitales vacíos fue la semilla de una economía ilegal que se volvió normal. Para un campesino, sembrar coca no era criminalidad: era supervivencia.

El presente que arde

Hoy la ecuación es la misma, pero más caótica. En lugar de dos ejércitos insurgentes, hay una constelación de actores: ELN, disidencias de las FARC, bandas criminales y carteles extranjeros. Cada quien se reparte el botín según la zona, el corredor y la temporada. La disputa no es ideológica, es contable: quién domina más hectáreas de coca, quién controla la trocha hacia Venezuela, quién cobra más “impuestos” a la población.

En 2025, el saldo es sangriento: masacres selectivas, desplazamientos de familias enteras hacia Cúcuta y pueblos fantasmas donde solo quedan perros famélicos. Los niños siguen aprendiendo a contar no con lápices, sino con estampidos de fusiles.

El Gobierno responde con la receta de siempre: “más soldados”. Y sí, los helicópteros sobrevuelan, los comandos desembarcan, los titulares anuncian operaciones “exitosas”. Pero una vez los militares se repliegan, el terreno vuelve a manos de los que realmente conocen la geografía: los ilegales. En Catatumbo, el uniforme verde oliva es visitante; el brazalete rojo o negro es residente.

Las razones del fracaso

El Estado no controla el Catatumbo porque nunca lo ha habitado de verdad.
• En lo político, Bogotá trata la región como una molestia periférica: se habla de Catatumbo cuando hay una masacre o cuando el mapa del narcotráfico se actualiza, pero jamás como una prioridad de Estado. Los planes sociales llegan tarde, mal financiados o se pierden en la maraña de la corrupción.
• En lo militar, la estrategia es reactiva: bombardear, ocupar temporalmente, evacuar y dejar un vacío que otro actor llena al día siguiente. La selva y las montañas son aliadas del que sabe esconderse, no del que viene a “imponer orden” con cronograma de oficina.
• En lo económico, las alternativas a la coca nunca fueron reales: programas de sustitución sin mercados, proyectos agrícolas que no compiten con el dinero fácil de la ilegalidad. El campesino entiende de cifras: con la coca sobrevive; con el cacao o el café se arruina.
• En lo internacional, la frontera con Venezuela es un colador: allí se cruzan armas, dr**as y hombres como si nada. Mientras Bogotá y Caracas se lanzan discursos, los grupos armados cruzan de lado a lado sin necesidad de pasaporte.

Una tierra en manos de otros

El Catatumbo funciona como un país dentro del país. Aquí, la autoridad no es el alcalde ni el gobernador, sino quien tenga más hombres armados. La justicia no la dicta un juez, la dicta el comandante del grupo de turno. Y la seguridad no la garantiza el Estado, sino la extorsión que cada familia paga para seguir respirando.

La paradoja es brutal: Colombia gasta millones en operativos militares, pero no invierte lo mínimo en hospitales o en escuelas rurales. Los campesinos lo saben, lo dicen con resignación: “Aquí el Gobierno solo llega cuando hay muertos”.

El futuro que se repite

Catatumbo seguirá en la penumbra mientras se insista en la fórmula del “operativo relámpago” sin proyecto civil, mientras se siga combatiendo la coca con erradicación a la fuerza y no con alternativas reales de economía legal. Y, sobre todo, mientras Bogotá siga mirando a esta región como un territorio lejano, cuando en realidad es el espejo que refleja lo que ocurre cuando un país abandona a su propia gente.

La frontera del Catatumbo no divide dos países. Divide dos Colombias: la que vive de discursos en la capital y la que sobrevive entre coca, fusiles y promesas rotas. Y hasta ahora, la segunda siempre le ha ganado a la primera.

(Imágenes creadas con IA)

Estados Unidos mueve sus fichas militares en el Caribe: ¿antidr**as o presión política?Un despliegue que inquieta a la r...
28/08/2025

Estados Unidos mueve sus fichas militares en el Caribe: ¿antidr**as o presión política?

Un despliegue que inquieta a la región

En las últimas semanas, Estados Unidos ha movilizado ocho buques de guerra hacia el Caribe: destructores, un crucero, un buque anfibio y una nave de combate litoral. Oficialmente, el Pentágono sostiene que se trata de una operación reforzada contra el narcotráfico, pero la magnitud del despliegue y su coincidencia con nuevas sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro levantaron las alarmas en Caracas y en toda la región.

Venezuela respondió anunciando el uso de 15.000 efectivos militares para “defender sus aguas” y desplegando embarcaciones de su Armada en la frontera marítima con Colombia. El ambiente se tensiona.

La cara oficial: lucha antidr**as

El argumento público de Washington es que estos buques apoyarán las operaciones de interdicción, es decir, la interceptación de cargamentos ilegales de droga que salen por el Caribe hacia Estados Unidos y Europa.

Aquí entran en juego dos actores poco conocidos fuera del ámbito militar:
• JIATF-South (Joint Interagency Task Force-South): un centro de coordinación multinacional con sede en Florida. Desde ahí se vigila el Caribe y el Pacífico para detectar aviones y barcos cargados de co***na. Trabajan juntos militares, guardacostas, agencias de inteligencia y hasta países aliados de la región.
• USCG (United States Coast Guard): la Guardia Costera de Estados Unidos, responsable de la seguridad marítima. Ellos suelen ser los que efectivamente interceptan las embarcaciones, apoyados por información que llega desde JIATF-South.

La ley estadounidense le da al Departamento de Defensa la responsabilidad de detectar y monitorear vuelos o barcos sospechosos, aunque los arrestos y capturas los hacen la Guardia Costera y las agencias de seguridad civil.

Lo que no se dice de frente

Aunque la versión oficial es la “lucha antidr**as”, la coyuntura muestra un contexto más amplio:
1. Presión sobre Maduro. La flota se despliega justo después de que Washington duplicara a 50 millones de dólares la recompensa por la captura del presidente venezolano y de que incluyera al Cartel de los Soles una red de militares venezolanos acusada de narcotráfico en su lista negra. A la par, catalogó al grupo criminal venezolano Tren de Aragua como organización terrorista.
2. Disuasión regional. Estados Unidos ha fortalecido sus ejercicios militares con países del Caribe como Guyana y Trinidad y Tobago. Esto tiene un claro mensaje hacia Caracas, sobre todo por el conflicto abierto entre Venezuela y Guyana por el territorio del Esequibo, rico en petróleo.
3. Contención de crisis. El despliegue incluye el Iwo Jima Amphibious Ready Group, un grupo de barcos con capacidad para transportar marines, helicópteros y equipos de rescate. Este tipo de fuerza no se limita a la guerra: puede servir para evacuar embajadas, proteger ciudadanos en caso de disturbios en Haití o incluso atender desastres naturales.
4. Política interna en EE. UU. Mostrar buques en el Caribe también es un gesto hacia la audiencia doméstica: el gobierno quiere proyectar firmeza frente al narcotráfico y el crimen organizado, un tema que preocupa a la opinión pública, especialmente por la crisis del fentanilo.
5. Competencia geopolítica. Rusia e Irán han buscado proyectar influencia en Venezuela con visitas de buques militares y acuerdos de cooperación. Con su despliegue, Estados Unidos recuerda quién sigue teniendo la supremacía en el Caribe.

¿Significa esto que habrá guerra?

Por ahora, los analistas coinciden en que no parece inminente un conflicto abierto. Washington mantiene licencias petroleras que le permiten negociar con Caracas, algo que sería incompatible con un plan de invasión. La apuesta parece ser más bien de presión y disuasión: mostrar fuerza para reducir el margen de maniobra de Maduro sin llegar al choque directo.

Sin embargo, el riesgo está en los “roces”. Patrullajes muy cercanos, interceptaciones o maniobras agresivas pueden generar un incidente no planeado. De hecho, la movilización de tropas venezolanas aumenta las probabilidades de un error de cálculo.

El tablero del Caribe

El despliegue estadounidense debe leerse como una jugada de múltiples propósitos: combatir el narcotráfico, presionar políticamente a Maduro, tranquilizar a aliados como Guyana y preparar respuestas rápidas a crisis humanitarias o de seguridad.

En palabras simples, Estados Unidos está mostrando que tiene la capacidad de “estar en todas partes al mismo tiempo” en el Caribe: desde detener un semisumergible cargado de co***na, hasta evacuar diplomáticos en Haití o frenar aventuras militares en el Esequibo.


(imágenes creadas con IA)

¿Qué pasa con la entrega de medicamentos en Colombia?Lo urgente hoyDesde finales de 2024 y a lo largo de 2025 se agravar...
27/08/2025

¿Qué pasa con la entrega de medicamentos en Colombia?

Lo urgente hoy

Desde finales de 2024 y a lo largo de 2025 se agravaron los retrasos y faltantes en la dispensación de medicamentos. Cambios de contratistas (p. ej., salidas y regresos de Cruz Verde en convenios con EPS), deudas en la cadena y quiebres de stock se tradujeron en filas, tutelas y protestas de pacientes en varias ciudades. El Gobierno ha señalado a algunos gestores farmacéuticos (operadores que compran, almacenan y entregan medicamentos a nombre de las EPS) de acaparar y encarecer fármacos; el sector replica que el problema es de financiamiento y flujo de pagos. Hubo plantones y bloqueos en marzo de 2025, en medio de una escasez sentida de insulinas y otros esenciales.  

¿Hay delito o favorecimiento?
• Denuncias penales y pesquisas: El Ministerio de Salud denunció penalmente a directivos de Audifarma por presunto acaparamiento tras hallazgos de grandes inventarios sin rotar; la Fiscalía fue requerida y la discusión escaló públicamente. La investigación está en curso (no hay condenas firmes al cierre de esta nota). En paralelo, la Superintendencia de Salud abrió investigaciones administrativas a EPS y operadores por fallas graves en la entrega.   
• Sobreprecios y favorecimiento: El Ministerio reportó sobrecostos “alarmantes” en contratos donde gestores vendían a EPS muy por encima de precios de referencia (ejemplo: 1,5 millones vs. 4,3 millones por unidad para un biológico), lo que sugeriría prácticas de favorecimiento o intermediación onerosa; estos hallazgos deberán ventilarse en procesos sancionatorios o penales. 

Conclusión jurídica preliminar: hay señalamientos formales (denuncias y procesos administrativos) por presunto acaparamiento y sobrecostos; probar delito exige decisiones de Fiscalía/jueces que, a la fecha, no existen públicamente. Mientras tanto, las autoridades de supervisión siguen auditando.

¿Desde cuándo viene el problema? Línea de tiempo esencial
• 1993–2008 | La semilla del cuello de botella: Con la Ley 100 nace el esquema EPS. En 2008, la Corte Constitucional (T-760) ordena garantizar el derecho a la salud y corrige barreras de acceso, detonando mayor cobertura de tecnologías no incluidas y recobros al Estado (entonces Fosyga, hoy ADRES). Esto mejoró acceso, pero estresó el flujo de recursos y la gestión de medicamentos.  
• 2015 | Salud como derecho fundamental: La Ley Estatutaria 1751 refuerza la obligación estatal de garantizar disponibilidad y acceso, elevando el estándar de exigibilidad (más tutelas, más presión por entrega oportuna). 
• 2016–2017 | MIPRES y el “No PBS”: Para ordenar lo que estaba por fuera del plan de beneficios, nace MIPRES (diciembre de 2016) como plataforma para prescribir y auditar tecnologías no financiadas con UPC. Se busca trazabilidad y control del gasto, pero también se complejiza la logística de compra/entrega y la auditoría de pagos. 
• 2019–2021 | Saneamientos y manuales ADRES: Se adoptan reglas para auditar y pagar tecnologías No UPC (manuales operativos), intentando reducir cartera y litigios, con resultados parciales. 
• 2023–2024 | Tensiones contractuales y escasez: Reportes oficiales y académicos reconocen desabastecimientos puntuales; al tiempo, rupturas de contrato entre EPS y gestores (como Sanitas–Cruz Verde) generan cortes en dispensación y mudanzas apresuradas de operadores, con impacto directo en usuarios.  
• 2025 | Crisis abierta: El país presencia protestas; el Gobierno acusa a gestores de acaparar/elevar precios; los gestores y EPS culpan la insuficiencia de recursos y la incertidumbre regulatoria. Hay investigaciones y denuncias activas. 

¿Quién es quién en la cadena y dónde se rompe?
• Laboratorios: priorizan ventas donde hay pago cierto; la cartera del sistema reduce su apetito por vender a crédito a operadores/EPS. 
• Distribuidores/gestores farmacéuticos: concentran cerca del 80% del abastecimiento (5 grandes jugadores); su poder de negociación y la dependencia de EPS en su logística generan riesgo sistémico cuando hay cambios de contratos o deudas. 
• EPS: deben garantizar la entrega oportuna (incluso a domicilio si aplica) y contratar a los gestores; cuando hay desfinanciamiento o traslados abruptos, se corta la cadena y el paciente no recibe. 
• Gobierno (Minsalud/ADRES/Supersalud): fija reglas, paga No UPC, inspecciona y sanciona; ha identificado sobrecostos e iniciado acciones contra presunto acaparamiento.  
• INVIMA/Minsalud: monitorean desabastecimientos específicos e informan medidas de mitigación (sustitutos, importaciones, etc.).  

¿Por qué hoy la salud está en crisis por los medicamentos?
1. Flujo de caja frágil: más servicios exigibles (Ley 1751 + jurisprudencia) sin un flujo de pagos suficientemente ágil y predecible para No UPC; la cartera se acumula y rompe contratos.  
2. Concentración logística: pocos gestores dominan la distribución; cuando cambia un contrato o hay disputa de pagos, miles de pacientes quedan en el limbo de un día para otro. 
3. Gobernanza y confianza bajas: las partes se señalan mutuamente por acaparamiento, sobrecostos o impagos; hay acciones legales en curso que aumentan la incertidumbre operativa.  
4. Desabastecimientos reales pero variables: hay listas oficiales de escasez (por molécula) y reportes de terreno; no todo es ausencia física también fallas de distribución y cambios de operador. 

¿Qué dicen las normas y los jueces?
• Plazos de entrega: La regulación exige entregar completa e inmediatamente o, en su defecto, en 48 horas (vía entrega domiciliaria si el usuario lo autoriza). Las demoras injustificadas vulneran el derecho fundamental a la salud (tutelas reiteradas).  
• Obligación estatal: La Ley 1751 ordena garantizar disponibilidad y acceso sin barreras incluida la oportunidad en medicamentos. 

¿Qué puede resolverlo?
• Transparencia total de compras y contratos (precios de referencia, márgenes y tiempos), con auditoría concurrente y sanciones efectivas por acaparamiento/sobrecostos probados. 
• Giro directo y pagos oportunos para tecnologías No UPC, evitando que la cartera estrangule la distribución. 
• Gestión de riesgo de concentración: planes de contingencia obligatorios cuando una EPS cambia de gestor (rutas, bodegas espejo, transición por fases). 
• Monitoreo de escasez con datos abiertos y sustitución terapéutica ágil coordinada por INVIMA/Minsalud.



(Imágenes de referencia, creadas son IA)

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