Canal2co, Cali (2025)

03/07/2025

El exciclista colombiano Luis Alberto “Lucho” Herrera, uno de los máximos ídolos del deporte nacional, reconoció ante la Fiscalía General de la Nación que en 2016 entregó diez millones de pesos a un grupo de paramilitares para desvincularse de una investigación por desaparición forzada. El caso está relacionado con la desaparición de cuatro campesinos vecinos suyos en Fusagasugá (Cundinamarca), ocurrida en 2002.

La controversia resurgió en abril de 2025, cuando un juez de Fusagasugá ordenó a la Fiscalía abrir una indagación formal tras los testimonios de dos exparamilitares, conocidos con los alias de “Ojitos” y “Menudencias”. Según sus declaraciones, Herrera habría entregado dinero y fotografías de los campesinos desaparecidos, acusándolos de pertenecer a la guerrilla.

La Fiscalía confirmó además que en sus depósitos forenses reposaban restos óseos de dos de las víctimas: Diuviseldo Torres y Víctor Manuel Rodríguez, identificados recientemente mediante pruebas de ADN. Ambos habrían sido asesinados y enterrados en predios cercanos a la finca del exciclista.

Durante su declaración del pasado 5 de mayo, Herrera relató que pagó los diez millones de pesos en efectivo a un mensajero que llegó hasta Fusagasugá en motocicleta. Afirmó que, inicialmente, la exigencia era de siete mil millones, pero logró reducir el monto. Justificó el pago como un acto de miedo y no como reconocimiento de responsabilidad penal. “Yo se los di en Fusa… llegó un muchacho delgado en una moto y no volví a saber nada”, afirmó, según reportes de El Espectador, Infobae y El Tiempo.

En su testimonio, también reconoció haber conocido a dos de las víctimas, en contradicción con su declaración inicial del 25 de abril, cuando negó cualquier relación con los desaparecidos.

El abogado defensor, Hernando Benavides Morales, aclaró que Herrera no ha sido imputado formalmente, que su declaración fue voluntaria y que el pago se produjo en el marco de una extorsión. Aseguró que su cliente está dispuesto a colaborar plenamente con la justicia y subrayó que no existe orden de captura en su contra.

La Fiscalía continúa en fase de recolección de pruebas. Analiza testimonios, documentos y el contexto histórico de los hechos para determinar si llama a indagatoria a Herrera y si formula cargos por desaparición forzada, un delito considerado de lesa humanidad.

El caso ha causado conmoción nacional, no solo por la gravedad de los hechos, sino por la figura pública que representa Herrera, ícono del ciclismo colombiano. Las familias de las víctimas han reiterado que lo esencial en este momento es el esclarecimiento total de los hechos y el acceso a la justicia.

03/07/2025

Laura Sarabia renunció este jueves al cargo de canciller de Colombia. En una carta enviada al presidente Gustavo Petro, Sarabia expresó que no puede “acompañar decisiones que no comparte ni ejecutar lo que no cree correcto”. La dimisión se produce en medio de tensiones internas en el Gobierno, que aún no ha emitido un pronunciamiento oficial. Sarabia, una de las funcionarias más cercanas al presidente desde el inicio del mandato, venía enfrentando cuestionamientos por el manejo de la política exterior y su relación con otros sectores del Ejecutivo. Su salida abre un nuevo capítulo de cuestionamientos, reajustes y propósitos de gabinete presidencial.

02/07/2025

La Fiscalía General de la Nación ha destapado una red de corrupción profundamente enraizada en la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) de Cartagena. De acuerdo con el ente investigador y medios como El País de España y El Tiempo de Colombia, varios uniformados —desde patrulleros hasta mandos medios— habrían recibido sobornos sistemáticos para permitir el paso de mercancía ilegal a través de los principales corredores aduaneros del país.

Según los hallazgos judiciales, los policías escoltaban camiones cargados de contrabando, recibían sobres con dinero en efectivo, y en caso de negarse, eran trasladados o relevados de sus funciones. La Fiscalía, con el apoyo de agentes encubiertos, recabó testimonios, grabaciones y documentos contables que confirman que esta red no era un hecho aislado, sino parte de una práctica institucionalizada y sostenida en el tiempo.

El principal cerebro de esta operación es Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, señalado como el mayor contrabandista del Caribe en la última década. El País lo ha descrito como el “zar del contrabando”, no solo por la magnitud de sus operaciones ilegales, sino por su capacidad para infiltrar instituciones clave como la DIAN y la misma POLFA.

Una libreta contable, hoy en poder de las autoridades, detalla pagos mensuales que iban desde los 3 millones hasta los 300 millones de pesos colombianos, dependiendo del rango del oficial beneficiado. Estos recursos se distribuían entre patrulleros, mayores y tenientes coroneles, revelando un entramado que corrompía la estructura desde la base hasta niveles estratégicos.

La red de “Papá Pitufo” no se limitaba a Cartagena. También habría operado en puertos clave como Santa Marta y Buenaventura, lo que llevó a la Fiscalía a abrir investigaciones paralelas para dimensionar la penetración institucional a nivel nacional.

En diciembre de 2024, Diego Marín fue capturado en Portugal gracias a una circular roja de Interpol. Sin embargo, el Tribunal Supremo portugués le concedió libertad condicional por vencimiento de términos, lo que ha generado preocupación en el Gobierno colombiano por el riesgo de fuga. El presidente Gustavo Petro exigió acciones diplomáticas inmediatas para evitar que el principal implicado eluda la justicia.

El escándalo ha tenido consecuencias administrativas. La Procuraduría General abrió procesos disciplinarios contra varios funcionarios y no se descarta una reestructuración profunda de la POLFA. Según expertos en seguridad consultados por El Tiempo, este caso podría cambiar radicalmente la política aduanera del país.

Más allá de las detenciones, este episodio evidencia un fenómeno estructural: la institucionalidad fue puesta al servicio del crimen organizado durante años, lo que debilitó la soberanía económica del país y profundizó la desconfianza ciudadana en la fuerza pública. Hoy, todas las miradas están puestas en el desenlace judicial y en si el Estado será capaz —por fin— de blindar sus instituciones de las redes mafiosas que las han corroído desde dentro.

destacados

02/07/2025

Mientras el país aún digiere el impacto político generado por los audios filtrados del excanciller Álvaro Leyva, una nueva polémica comienza a tomar fuerza: el tratamiento que han dado algunos medios de comunicación a un escándalo que toca las entrañas del poder. A pesar de que las grabaciones apuntan a posibles alianzas con grupos armados ilegales y movimientos que habrían buscado anticipar la salida del presidente Gustavo Petro, varios periodistas de alto perfil han sido señalados por minimizar la gravedad de los hechos.

En redes sociales, voces ciudadanas han cuestionado fuertemente a figuras como Néstor Morales, Darcy Quinn y Luis Carlos Vélez, a quienes se acusa de referirse al escándalo con expresiones como “bobada”, “payasada” o “motivo de risa”. Las críticas apuntan a una aparente liviandad informativa por parte de comunicadores que, en otros contextos, han mostrado posturas mucho más vehementes frente a escándalos políticos.

El caso Leyva estalló a finales de junio, cuando El País de España reveló audios en los que el excanciller, al parecer, promovía un “gran acuerdo nacional” con actores armados ilegales —entre ellos el Clan del Golfo— y buscaba respaldo de congresistas republicanos de Estados Unidos. El objetivo, según las grabaciones, sería crear las condiciones para una salida anticipada del presidente Petro.

Frente a la dimensión de estos hechos, la aparente indiferencia de ciertos medios ha alimentado sospechas sobre su rol en el equilibrio democrático. El presidente Petro ha sido enfático al denunciar un “cerco mediático” que, según él, busca proteger a quienes intentan desestabilizar al Gobierno. En contraste, organizaciones como la FLIP han advertido que, aunque el periodismo debe ser cuestionado, también se debe evitar la estigmatización generalizada.

A pesar de los matices, lo cierto es que una parte del país se pregunta por qué, ante la posible existencia de una conspiración con implicaciones institucionales tan profundas, el cubrimiento ha sido tan limitado o tibio.

Más allá de la coyuntura, el caso abre un debate necesario: si el periodismo está dispuesto a ejercer un papel vigilante incluso cuando los responsables son parte de su propio círculo de poder. Porque cuando la gravedad se relativiza desde los micrófonos más escuchados del país, el problema no es solo de información: es de democracia.

02/07/2025

La política colombiana vuelve a sacudirse con las versiones que circulan sobre una posible alianza entre tres de los mayores exponentes de la clase política tradicional: el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el actual senador conservador Efraín Cepeda. Aunque aún no se ha formalizado ningún pacto, la idea de un bloque opositor unido contra el proyecto de Gobierno del presidente Gustavo Petro empieza a instalarse en medios de comunicación, editoriales y análisis de coyuntura.

Según informes publicados por El Espectador y El País de España, estos líderes han sostenido conversaciones exploratorias con miras a construir una coalición que evite la dispersión del voto de derecha y centro-derecha en las elecciones presidenciales de 2026. La preocupación central sería evitar una repetición del escenario de 2022, donde la fragmentación del bloque conservador favoreció la llegada de un proyecto progresista al poder.

Por el lado de Uribe, el Centro Democrático ya perfila precandidaturas como la de Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal, ambas con respaldo en sectores ideológicamente férreos del conservadurismo. Uribe ha insistido en la necesidad de unificar a la oposición frente al avance del “petrismo”, al que ha calificado como una amenaza estructural para el país.

Vargas Lleras, cabeza visible de Cambio Radical, ha reiterado públicamente que la oposición debe jugar con una sola carta. En palabras recogidas por El País: “Cualquier otra cosa sería un suicidio”. Desde su partido ya se adelanta una estrategia de reposicionamiento mediático con figuras como David Luna o Rodrigo Lara Sánchez, al tiempo que refuerzan su postura crítica frente al Gobierno.

Efraín Cepeda, presidente del Senado y una de las figuras más visibles del Partido Conservador, ha intensificado sus cuestionamientos al Ejecutivo. Cuando el presidente Petro lanzó señalamientos directos contra Cepeda, fue Vargas Lleras quien salió a defenderlo, lo que muchos interpretan como una señal de acercamiento estratégico.

A pesar de estas señales, no existe hasta el momento una alianza oficial entre Uribe, Vargas Lleras y Cepeda. No hay documentos, pactos ni vocerías unificadas que confirmen una coalición. Se trata de conversaciones informales, en fase de tanteo, que giran en torno a acuerdos legislativos, repartos de cuotas territoriales y cálculos preelectorales.

Desde sectores cercanos al Gobierno se ha cuestionado con severidad esta posible convergencia entre los tres líderes, calificándola como un intento desesperado de las élites por recuperar el control perdido. “Una apuesta regresiva, propia de la politiquería tradicional”, han dicho analistas afines al progresismo, señalando que no se trata de una nueva opción para el país, sino de la reedición de un modelo agotado.

A nivel internacional, publicaciones como The Economist y El País coinciden en que la debilidad estructural de la oposición colombiana radica en su fragmentación interna. De cristalizar esta alianza, el panorama electoral se vería alterado significativamente, aunque no sin costos: la reunificación de los viejos poderes podría agudizar la polarización y profundizar el rechazo de sectores sociales que hoy demandan transformaciones reales, no fórmulas recicladas.

02/07/2025

El drama de una familia por detención de su padre en Buenaventura - Al Oído de Sebastián

01/07/2025

La política colombiana atraviesa una de sus semanas más explosivas. El protagonista: Álvaro Leyva Durán, excanciller del actual gobierno. Audios filtrados lo exponen planeando un presunto complot internacional para derrocar al presidente Gustavo Petro. Las grabaciones, reveladas por el diario El País de España, muestran a Leyva intentando involucrar a congresistas republicanos de Estados Unidos y a sectores armados colombianos en su causa.

Según los audios, Leyva incluso contemplaba que, de concretarse la salida de Petro, la vicepresidenta Francia Márquez asumiera la Presidencia. En las grabaciones, él afirma que ella estaba “jugada” en el plan y cita mensajes de WhatsApp en los que Márquez le responde con palabras de aliento y compromiso político. Esto desató una crisis interna en el Gobierno.

El excanciller habría intentado acercarse a Marco Rubio, influyente senador republicano, a través del congresista Mario Díaz-Balart. La estrategia también contemplaba divulgar una serie de cartas en las que Leyva acusaba a Petro de ser adicto, con el objetivo de abrir camino a su destitución.

Sin embargo, tanto Díaz-Balart como Carlos Giménez, congresistas republicanos del sur de Florida, negaron de forma tajante cualquier vínculo con un plan conspirativo. En declaraciones públicas, calificaron la versión como un “invento sin fundamentos”.

Díaz-Balart, en su cuenta de X, expresó su sorpresa por la difusión de lo que llamó “falsedades”. Aseguró que se ha reunido con representantes de distintas ideologías, incluido el Gobierno colombiano, pero que no ha participado en conspiración alguna. Giménez, por su parte, reiteró sus críticas al gobierno Petro, pero negó toda participación en conversaciones dirigidas a intervenir en la política interna del país.

La respuesta de Petro fue inmediata. En un acto público, calificó a Leyva de “canalla” y lo acusó de liderar un “golpe de Estado civil” con apoyo extranjero. También pidió que Francia Márquez aclare su papel y “responda ante la justicia” por su presunta implicación, evidenciando una fractura definitiva entre ambos.

Francia Márquez no ha hecho declaraciones públicas, aunque fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que en privado negó cualquier participación y rechazó emitir un desmentido bajo presión.

Quien sí habló fue Laura Sarabia, mano derecha de Petro y blanco de ataques de Leyva en las cartas. Sarabia lo calificó de “ruin y miserable”, acusándolo de difamar y de poner en riesgo la estabilidad institucional del país.

La periodista y aspirante presidencial Vicky Dávila también apareció mencionada en los audios como una posible aliada del plan. Dávila, en declaraciones a La W, afirmó que nunca participó en maniobras ilegales. “Llamé al excanciller Álvaro Leyva para que le aclare al país por qué mencionó mi nombre y el de Miguel Uribe en las grabaciones que publica El País”, expresó en su cuenta de X.

Este escándalo no solo deja a Leyva en la mira judicial y mediática. También expone fracturas profundas dentro del Pacto Histórico y se convierte en un nuevo frente de crisis para el presidente Petro, justo cuando la oposición afina su estrategia para 2026.

27/06/2025

LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ DE LA ROSA – Un funcionario público de la derecha infiltrado en el Gobierno del Cambio, es hoy el actual Director Nacional de Etnias de la Agencia Nacional de Tierras.

Abogado nariñense, asesor constitucional y en derechos humanos, supuestamente candidato a PhD en Derecho de la Universidad Externado, ejerció como asesor de la UTL del congresista José Alberto Tejada Echeverry (Q.E.P.D.). Fue director de esa unidad y escaló para ser nombrado como Director de la Unidad de Restitución de Tierras del Valle del Cauca y Eje Cafetero en septiembre de 2023, bajo la dirección nacional de Geovanny Yule.

Su papel en la UTL de Tejada generó fuertes diferencias internas. Su postura autoritaria, excluyente, ra***ta y clasista provocó quiebres incluso con el electorado de Tejada que trabajaba en los territorios, rompiendo relaciones directas con el congresista y dispersando los propósitos por los cuales Tejada fue elegido. Lamentablemente, el congresista atravesaba un estado crítico de salud, afectado por un cáncer neuroendocrino, y sometido a un tratamiento clínico de dudosa credibilidad que fue apagando su vida. “El caso de mi padre parece más un envenenamiento que una enfermedad”, expresó uno de sus hijos, profesional de la salud. Esta condición llevó a Tejada a delegar su trabajo legislativo en la UTL, liderada en calidad de Coordinador por Luis Gabriel Rodríguez de la Rosa.

Tejada falleció el 28 de febrero de 2024. Para entonces, Rodríguez de la Rosa ya era director regional de Restitución de Tierras (Valle del cauca y Eje cafetero). Ese mismo mes, la familia del congresista (esposa e hijos) interpuso denuncias penales contra Rodríguez de la Rosa, Liliana Andrea Valencia Agudelo, Leonardo Guerrero Silva, Gloria Inés López Álvarez, Luz Mariela Díaz Ayala, entre otros (incluyendo sus hermanos), que estan vinculadas en un plan concertado y maquiavélico de estafa, apropiación y robo de dinero y bienes, suplantación de identidad, falsedad en firma, fraude procesal, amenazas, entre otros delitos. Un plan que, según denuncian, se había iniciado en enero de 2023.

Los rumores apuntan a que Rodríguez de la Rosa es cuota política de Roy Barreras, lo cual podría ser cierto, dado que Roy Barreras es del Valle del Cauca, al igual que María Fernanda Cabal y Dilian Francisca Toro, reconocidos como gamonales políticos de la región. Esto refuerza la hipótesis de que las curules del Valle han sido capturadas históricamente por intereses clientelistas, y no por quienes las representan formalmente.

La gestión de Luis Gabriel Rodriguez de la Rosa en la URT estuvo marcada por engaños a comunidades que elevaron protestas con carteles contra él en Tuluá y Buga, maltrato laboral dentro de su equipo y mentiras al director nacional de restitucion de tierras. El informe de gestión reveló que:

🔴 En el componente judicial del proceso de restitución, la Dirección Territorial Valle y Eje Cafetero tenía una meta anual de 237 demandas para el año 2024. Sin embargo, hasta el mes de octubre, apenas se habían radicado cinco demandas ante los jueces de restitución de tierras en Cali y Pereira, lo que representaba un cumplimiento del 2 %. Las proyecciones indicaban que, de seguir ese ritmo, al finalizar el año no se alcanzaría ni siquiera el 50 % de la meta establecida.

🔴 En cuanto a la etapa administrativa, el panorama era aún más alarmante: la meta era emitir 582 actos administrativos —incluyendo resoluciones de inclusión y no inclusión de víctimas en el Registro de Tierras Despojadas— pero para octubre de ese mismo año apenas se habían expedido seis, es decir, solo el 1 % del objetivo. La proyección para diciembre arrojaba que, como máximo, se alcanzaría un 40 % de cumplimiento.

Esta situación derivó en su declaración de insubsistencia y salida del cargo.

Pese a esto, tras el fallecimiento de Tejada, Luis Gabriel Rodríguez de la Rosa intentó apropiarse abusivamente del trabajo político y social del congresista, declarando públicamente que él levantaría sus banderas. Tuvo que desistir ante los escándalos y denuncias publicas que surgieron en su contra. Al mejor estilo de un alfil codicioso, se mantuvo en las sombras hasta la semana pasada, cuando fue nombrado Director Nacional de Etnias en la ANT.

Este nuevo nombramiento es uno más de tantos que ocurren en la política de Colombia que esta permeada de corrupción en abundancia, de intereses burocráticos, de acuerdos transaccionales y de padrinos políticos que sin duda tienen intereses electorales presidenciales para el 2026.

La indiferencia del mismo Presidente de la Republica, el silencio cómplice del Pacto Histórico, la permisividad y debilidad de Gildardo Silva—quien sucedió a Tejada—, dejan un mensaje de desesperanza frente a la ética, transparencia y los principios morales en el ejercicio público.

Luis Gabriel Rodriguez de la Rosa es una farsa, no es merecedor de ser funcionario público y la Dirección de la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura deberían tomar acciones éticas sobre estos nombramientos que tienen mas cara de cuota política para lograr electorado en el 2026.

27/06/2025

El presidente propone un movimiento estratégico: vender las acciones estatales en Movistar, fortalecer Internexa y convertirla en una nueva Telecom pública y robusta. Una empresa nacional que conecte el territorio con fibra óptica desde el Amazonas hasta San Andrés. Porque quien no controla su red, está condenado a ser usuario sin voz en un sistema global dominado por intereses privados y transnacionales.

Pero hoy, la historia empieza a escribirse de nuevo. Porque revivir Telecom es revivir la posibilidad de que lo público, lo nuestro, lo colectivo, vuelva a ser el corazón de la nación.

26/06/2025

Los recientes operativos de tránsito en Cali han desatado polémica y fuertes cuestionamientos por parte de la ciudadanía y algunos sectores políticos. Todo se originó el pasado fin de semana, cuando agentes de tránsito realizaron un control en plena Avenida Sexta y utilizaron una grúa para bloquear el paso vehicular. Esta medida provocó un monumental trancón, así como la indignación de conductores y transeúntes, quienes cuestionaron la legalidad del procedimiento.

Ante las críticas, la concejal Ana Erazo, del Pacto Histórico, elevó una solicitud formal a la Personería Distrital de Santiago de Cali para que evaluara la legalidad de este tipo de acciones. Erazo fue enfática al señalar que “atravesar un vehículo para impedir el paso no está dentro del marco legal” y consideró que los operativos estaban afectando el derecho a la libre movilidad.

La Personería confirmó que, desde el 14 de mayo de 2025, adelanta una indagación preliminar sobre presuntas irregularidades en los procedimientos de tránsito de la ciudad. La investigación busca establecer si se han vulnerado derechos ciudadanos, especialmente en aspectos como la falta de señalización, bloqueos indebidos de vías y posibles excesos por parte de los agentes. Según el personero Gerardo Mendoza, el proceso se adelanta con “rigor jurídico y reserva”, en estricto cumplimiento del debido proceso.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, defendió la actuación de sus funcionarios. Explicó que el operativo en la Avenida Sexta respondió a una agresión sufrida por un agente, presuntamente por parte de un ciudadano en estado de embriaguez. Orozco argumentó que los controles nocturnos buscan preservar el orden público, controlar el ruido excesivo y disuadir aglomeraciones riesgosas de motociclistas, especialmente en zonas de alta actividad nocturna como los gastrobares.

Este debate no es nuevo. En febrero de este año, el sindicato ASAGETRAN denunció presuntas presiones por parte de la Secretaría de Movilidad para incrementar el número de comparendos. La organización sindical calificó los operativos como una “cacería de infractores”, mientras que Orozco negó rotundamente la existencia de cuotas o metas. Según el funcionario, todos los procedimientos se enmarcan en la legalidad y responden a un enfoque preventivo.

Paralelamente, la Secretaría enfrenta una creciente preocupación en materia de seguridad para su personal. En lo corrido del año, más de 44 funcionarios han sido agredidos durante operativos de control. Incluso el propio secretario Orozco fue atropellado en mayo mientras supervisaba una intervención en el sur de la ciudad.

Mientras la Personería continúa con la recolección de pruebas y testimonios, la ciudadanía permanece atenta a los avances del proceso. El caso podría derivar en recomendaciones disciplinarias o en la revisión de los protocolos de control. Entretanto, la administración distrital ha reiterado que mantendrá los operativos, pero siempre dentro del marco legal y con pleno respeto por los derechos de la población.

26/06/2025

Carolina Corcho habla en Canal 2 sobre su precandidatura, el pulso por la constituyente y las tensiones internas del gobierno progresista

La médica y exministra de Salud Carolina Corcho estará hoy, en El Informativo de Nuestra Gente, para analizar las tensiones más sensibles del actual panorama político. En medio de una coyuntura nacional cargada de confrontación institucional, Corcho abordará su precandidatura a la Presidencia, su postura frente a la propuesta de una constituyente y los riesgos que enfrentan los proyectos de transformación social en el país.

Durante la conversación se hablará sobre la “estrategia de bloqueo institucional”, liderada por sectores que se oponen al avance de las reformas del cambio. Además, se profundizará en una preocupación que ha venido creciendo en sectores del progresismo: la presencia de posibles infiltrados de la derecha en entidades estratégicas del gobierno nacional, como el caso de Luis Gabriel Rodriguez de la Rosa en la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

En este espacio de análisis y opinión, El Informativo de Nuestra Gente abre el debate sobre el futuro inmediato del país: ¿cuáles son las rutas para que el gobierno del cambio supere los obstáculos que lo amenazan desde dentro y fuera?, ¿qué papel jugarán figuras como Corcho en las elecciones del 2026?

Sintonízanos hoy a las 12:30 del mediodía por nuestras redes sociales y plataformas digitales.

26/06/2025

La norma, aprobada por el Congreso el pasado 20 de junio tras un accidentado trámite legislativo, busca restituir derechos laborales y dignificar el empleo en Colombia.

Entre los principales cambios, la reforma restablece el pago de recargos nocturnos a partir de las 7:00 p. m., elimina la figura del trabajo por horas o "trabajo a demanda", formaliza el vínculo laboral de los aprendices del SENA y establece el pago del 100 % por trabajo en domingos y festivos, medida que se implementará de manera gradual hasta 2027. Asimismo, limita los contratos a término fijo a un máximo de cuatro años y fortalece los mecanismos para sancionar la informalidad laboral.

Esta propuesta había sido rechazada en dos ocasiones por el Congreso, lo que llevó al Gobierno a considerar la posibilidad de convocar una consulta popular. Finalmente, tras ajustes al articulado y fuertes tensiones políticas, fue aprobada en un tercer intento. No obstante, la firma del presidente del Senado se demoró varios días, bajo el argumento de presuntos vicios de procedimiento, lo que generó un nuevo roce con la Casa de Nariño.

Mientras algunos sectores empresariales han expresado preocupaciones sobre el posible impacto económico de la reforma, los sindicatos y organizaciones sociales la celebran como una conquista histórica para la clase trabajadora. En medio del actual contexto político, la reforma laboral se perfila como uno de los principales legados del Gobierno de Gustavo Petro y será clave en el desarrollo del nuevo modelo de relaciones laborales en el país.

Tras la firma presidencial, el siguiente paso será su reglamentación. El Ministerio del Trabajo deberá expedir en las próximas semanas varios decretos que establezcan cómo se aplicarán las nuevas disposiciones en empresas grandes, medianas y pequeñas, así como los mecanismos de transición para los contratos laborales vigentes.

Uno de los mayores retos será el fortalecimiento de la inspección laboral. Actualmente, cerca de 1.000 inspectores deben velar por los derechos de más de 20 millones de trabajadores. Con la reforma, se espera ampliar esta capacidad para garantizar su cumplimiento efectivo y evitar que se convierta en una “ley mu**ta”.

“Hay que elegir un gobierno que cuide esta ley y la aplique, porque se puede convertir en letra mu**ta. Los empresarios que están diciendo que no van a aplicar la reforma laboral no son inteligentes. Muchos congresistas quisieron sabotearla, pero no sirvió para nada”, afirmó el presidente Gustavo Petro durante el acto de sanción de la ley.

Canal2co

03/07/2025

03/07/2025

02/07/2025

02/07/2025

02/07/2025

02/07/2025

01/07/2025

27/06/2025

27/06/2025

26/06/2025

26/06/2025

26/06/2025

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