25/11/2025
A nueve años de firmarse el Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, su implementación presenta avances concretos en varios frentes, especialmente en las garantías para las víctimas y la seguridad de los firmantes, aunque los desafíos estructurales continúan siendo significativos.
En el aspecto de protección, el Gobierno del cambio ha reglamentado el Programa de Protección Integral (PPI) con el Decreto 0638 del 10 de junio de 2025, para proteger a excombatientes y sus familias según su nivel de riesgo. Además, la seguridad se fortalece con la activación del Sistema Integral para el Ejercicio de la Política (SISEP) en siete departamentos —entre ellos Valle, Cauca, Guaviare, Chocó y Norte de Santander—, y la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP).
En cuanto a justicia y memoria, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha logrado recuperar 1.239 cuerpos, concretar 162 entregas dignas y localizar 141 personas con vida, además de consolidar redes de apoyo con enfoque de género y diversidad.
Respecto a la política agraria, el Estado ha adquirido más de 640.000 hectáreas para el Fondo de Tierras; se han entregado 250.703 ha con fines redistributivos: 161.001 a campesinos, 5.714 a firmantes del acuerdo y 89.694 a comunidades étnicas. También se han formalizado 1.732.564 hectáreas para dar seguridad jurídica rural.
En la Reforma Rural Integral (RRI), se han dado pasos adelante con la creación de normas que habilitan Zonas de Reserva Campesina en Áreas de Reserva Forestal, lo que representa un impulso para el desarrollo rural sostenible.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) ha avanzado mediante la Res. 021 de 2024, que reorientó proyectos, incluyó líneas alternativas no agrícolas y estableció un Banco de Proveedores Locales. Se han firmado más de 56.000 planes de inversión, aunque solo el 1,5 % de las familias han recibido la atención completa.
En el componente económico, el programa RenHacemos ha consolidado la participación de 11.294 familias interesadas, con 3.913 personas ya ingresadas y 5.885 hectáreas comprometidas para su transición hacia economías lícitas.
Sobre narcotráfico, la política de dr**as para 2023-2033 apunta a un giro hacia la protección ambiental, la corresponsabilidad internacional y un tratamiento diferenciado para poblaciones vulnerables. Una de sus metas es reducir 90.000 hectáreas de coca para 2026, enfocándose en restauración y conservación.
No obstante, persisten retos importantes. Según la Contraloría General, a pesar de una inversión de más de 100 billones de pesos en nueve años, los resultados transformadores son limitados: muchos proyectos no han producido cambios estructurales duraderos. Además, como advierte Gloria Cuartas, directora de la Unidad para la Implementación, la “transformación” de territorios es un proceso profundo que no puede medirse en solo nueve años, especialmente en los 170 municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
En suma, la implementación del Acuerdo de Paz muestra una combinación de logros reales en protección, tierra y justicia, pero también enfrenta limitaciones de tiempo, recursos y capacidad institucional para cumplir plenamente su promesa de paz transformadora.
