01/08/2025
⚫🔴 El Congreso de El Salvador aprobó una polémica reforma que permite la reelección indefinida del presidente y amplía el mandato presidencial a seis años.
Con 57 votos a favor y solo tres en contra, la Asamblea Legislativa salvadoreña dio luz verde a una reforma constitucional que redefine por completo el panorama político del país.
Entre los cambios más relevantes se destaca la eliminación de la segunda vuelta electoral y la unificación de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales en una misma fecha. Además, se establece que el periodo presidencial pasará de cinco a seis años.
El actual mandato se recortará dos años, por lo que las próximas elecciones generales se celebrarán en marzo de 2027. Esta modificación habilita al presidente Nayib Bukele para postularse nuevamente, fortaleciendo aún más su influencia en la política nacional.
La medida ha encendido alarmas a nivel nacional e internacional. Mientras sus defensores aseguran que se trata de un paso para garantizar la continuidad de las políticas actuales, críticos y organismos internacionales denuncian un grave retroceso democrático y una amenaza a la separación de poderes.
Desde distintas trincheras se advierte que esta decisión podría concentrar aún más el poder en una sola figura, debilitando el sistema institucional salvadoreño.
Durante su mandato, Nayib Bukele ha concentrado poder como ningún otro presidente en la historia reciente de El Salvador. Una de sus decisiones más controvertidas fue la destitución, en 2021, de magistrados de la Sala Constitucional y del fiscal general, lo que generó denuncias de debilitamiento institucional y autoritarismo.
Además, en 2022, legalizó el uso del bitcóin como moneda de curso legal, una medida aplaudida por entusiastas tecnológicos, pero criticada por organismos financieros internacionales debido a su impacto fiscal y la falta de consenso social.
Otro de los actos más polémicos fue la construcción de la llamada megacárcel, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad con capacidad para más de 40.000 reclusos.
Aunque la estrategia ha reducido significativamente los homicidios, organismos de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, lo que ha encendido el debate internacional sobre la legitimidad y los límites del modelo Bukele.
