Fundación Política

10/09/2026

PREOCUPACION EN LOS PASILLOS DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE FUNDACION POR LLUVIAS DE CONTRATOS.

Crece la tensión y la incertidumbre entre los empleados del Instituto de Tránsito de Fundación, Magdalena. La tranquilidad que antes se respiraba en la entidad desapareció tras la llegada de la nueva gerente, Geraldine de León, quien asumió el cargo como ficha política de Carlos Barragán, a quien la alcaldesa Luz Helena Andrade le habría entregado el manejo del organismo para que lo administrara a su criterio.

La principal alarma entre los trabajadores surge por lo que catalogan como un descontrol en la contratación pública. Se ha confirmado que actualmente existe una "lluvia de contratos" que superan los 1.800.000.000 millones de pesos.

Esta situación contrasta gravemente con la realidad que viven quienes laboran allí día a día:

Deterioro de las condiciones laborales: Cada vez que la administración municipal cambia de gerencia, los empleados guardan la esperanza de que sus salarios, prestaciones sociales, seguridad social y garantías de seguridad y salud en el trabajo mejoren; sin embargo, sus condiciones empeoran continuamente.

Crisis en las finanzas públicas: Mientras el presupuesto institucional y las finanzas del organismo se debilitan, la entidad sigue vinculando personal mediante Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) y firmando convenios con objetos contractuales que nunca se cumplen.

Fuga de recursos: Existe la fuerte sospecha de que estos contratos a dedo se utilizan como una fachada para drenar los fondos públicos del Instituto sin generar un beneficio real para la comunidad ni para el tránsito del municipio.

Ante este panorama tan desalentador, dentro del Instituto reinan la zozobra y serios interrogantes que exigen una respuesta urgente de las autoridades competentes:

¿Quién está auditando y supervisando esta contratación masiva y a dedo?

¿Qué entidad de control está verificando que el dinero público realmente se invierta y ejecute en lo que se promete?

¿Quién responde por la estabilidad y el futuro de los trabajadores si los recursos de la entidad se están saqueando de esta manera?

Contraloría General de la República Procuraduría General de la Nación
Soy el mono informa 2.0

10/09/2026

De la Espriella llegó a la Presidencia prometiendo una política de seguridad sin contemplaciones contra los grupos armados ilegales. Sin embargo, más allá de la retórica oficial y los titulares, detrás de cada operativo militar de alto impacto hay soldados de carne y hueso que ponen el cuerpo, enfrentan la incertidumbre del combate y arriesgan sus vidas a diario para ejecutar una estrategia que el Gobierno nacional presentó como una de sus principales banderas de gestión.
Los bombardeos sobre campamentos, los choques armados y las operaciones continuas contra las estructuras criminales pueden llegar a producir resultados tácticos y cifras operacionales positivas. No obstante, este despliegue deja abierta una pregunta crítica e ineludible que la sociedad no puede ignorar: ¿cuánto está dispuesto a pagar el país en vidas humanas para demostrar que la política de seguridad del Ejecutivo realmente funciona?
Es necesario recordar que las tropas enviadas a las zonas de mayor conflicto no son frías estadísticas, números en un parte de victoria ni piezas intercambiables en el tablero de la guerra. Son jóvenes, hombres y mujeres con historias, metas y sueños, que dejan en casa a sus familias, hijos, padres y seres queridos con la angustia constante de esperar su regreso. Cuando uno de ellos cae abatido o resulta herido en combate, el costo del conflicto deja de ser una cifra macroeconómica o un discurso político desinfectado para convertirse en una tragedia irreparable para un hogar colombiano.
De la Espriella vendió activamente durante la campaña electoral la idea de que recuperaría el orden público basándose exclusivamente en la autoridad, la firmeza y la fuerza institucional. Hoy, al asumir la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, no basta con celebrar los balances positivos; también debe asumir la responsabilidad política, moral y estratégica de explicarle al país bajo qué criterios se toman estas decisiones operativas, qué nivel de riesgo están asumiendo sus tropas en el territorio y qué medidas concretas existen para mitigar esos peligros y proteger sus vidas en el terreno.
Colombia indudablemente necesita enfrentar con determinación a los grupos violentos que amenazan la paz y la estabilidad institucional. Pero un Gobierno verdaderamente fuerte, maduro y democrático no debería medir el éxito de su doctrina únicamente por el número de bajas enemigas o el impacto mediático de sus operativos. Un Estado fuerte también debe medirse por su responsabilidad, por la inteligencia de sus tácticas y por su capacidad real de preservar la integridad de aquellos a quienes envía a combatir en nombre de la nación.
La seguridad y la tranquilidad que se prometieron a los ciudadanos no pueden construirse a costa de la indolencia ni olvidando el valor sagrado de la vida de nuestros soldados.

10/09/2026

10/09/2026

10/09/2026

06/03/2026

Con la llegada de Luz Helena Andrade a la Alcaldía, el Instituto de Tránsito de Fundación quedó a la deriva.

En los pasillos de la entidad se percibe un ambiente de incertidumbre y preocupación entre los funcionarios, y no es para menos. Desde que la nueva administración asumió el poder, la gestión de cobro y la cultura de pago por parte de los usuarios se han debilitado notablemente.

A esto se suma la disputa de la alcaldesa con la empresa Sopremavi, la cual aporta al Instituto una cantidad considerable de recursos por concepto de fotomultas. Actualmente, dicha empresa se encuentra prácticamente sin operación, al no cumplir con la cuota mensual exigida por la Alcaldía.

Para agravar la situación, se evidencia la falta de gestión del gerente, Antonio Fiorentino, quien —según diversas versiones— se ha limitado a acatar las directrices de la mandataria sin implementar estrategias efectivas para fortalecer las finanzas de la entidad. Todo esto ha dejado al Instituto de Tránsito con una fuente de ingresos deficiente.

Además, preocupa la contratación por prestación de servicios realizada a finales de enero y febrero, antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, presuntamente para cumplir compromisos políticos.

Lo cierto es que el Instituto de Tránsito enfrenta una fuerte escasez de ingresos y un gasto elevado, mientras la gestión de cobro continúa siendo insuficiente.

Bajo la administración de la alcaldesa Luz Helena Andrade Campo, quedará para la historia si será ella quien permita que el Instituto llegue a una eventual quiebra financiera, al tolerar los presuntos desaciertos en los procesos liderados por el actual gerente, quien, según críticas internas, habría adoptado una actitud pasiva frente a la consecución de recursos.

Otro de los interrogantes que circulan en el ámbito local es si la cercanía del gerente con el hoy candidato a la Cámara de Representantes, Mario Sanjuanelo, ha influido en la permanencia del funcionario en el cargo, pese a que semanas atrás se habría anunciado su posible retiro. Algunos señalan que el gerente parecería más enfocado en respaldar políticamente a su amigo que en encauzar el rumbo administrativo y financiero del Instituto de Tránsito de Fundación.

Incluso, se comenta que varios funcionarios habrían sido presuntamente involucrados en dinámicas de carácter político, con el propósito de apoyar dicha aspiración electoral. A ello se suman cuestionamientos relacionados con el manejo y la destinación de los recursos de la entidad.

Amanecerá y veremos si la gestión del gerente logra mejorar la situación actual o si, por el contrario, el panorama financiero del Instituto continúa deteriorándose.

27/02/2026