16/09/2025
El choque entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque subió de tono tras la decisión de Estados Unidos de declarar a Colombia “en incumplimiento” de sus obligaciones en la lucha antidr**as. Mientras Duque enumeró los motivos del gobierno de Washington —crecimiento de cultivos ilícitos, menor erradicación forzada, bajísimas incautaciones relativas a la producción potencial y un trato “complaciente” a narcotraficantes—, Petro contestó con dureza: acusó directamente a Duque y a su modelo de seguridad de haber permitido la expansión de los cultivos, la consolidación de mafias y el recrudecimiento de la violencia.
“Ustedes dejaron crecer las hectáreas de hoja de coca reales; la ‘producción potencial en décadas’ es pura carreta para eludir responsabilidades”, dijo Petro en su respuesta pública, según fuentes oficiales del Gobierno. El presidente defendió su cambio de estrategia —menos erradicación forzosa y más ofensiva contra las redes del narcotráfico y programas de interdicción— y acusó a la administración anterior de haber debilitado programas de sustitución y de haber gobernado con mano dura que terminó en “mil jóvenes encarcelados y miles de víctimas”.
Qué dijo Duque (la versión que invocó EE. UU.)
El informe y la comunicación de Washington enumeraron varios puntos por los cuales decidieron la medida contra Colombia:
1. Desmonte de programas manuales de erradicación;
2. Crecimiento sustancial de cultivos ilícitos;
3. Incautaciones históricamente bajas en relación con la “producción potencial” de co***na;
4. Trato supuestamente blando a ciertos narcotraficantes bajo la llamada “paz total”.
Esa lista fue citada por el Departamento de Estado y por la Casa Blanca como los ejes que fundamentaron la decisión de declarar a Colombia en falta.
La réplica de Petro: datos y acusaciones
Frente a esos cargos, Petro lanzó un contraataque político y comunicó varias afirmaciones para desmontar la narrativa de Duque y de la diplomacia estadounidense:
Atribuye al período anterior un crecimiento real y sostenido de hectáreas de coca y acusa a ese gobierno de haber desmantelado programas de sustitución que funcionaban. Observadores internacionales han señalado que las políticas de erradicación han sido controversiales y que las cifras de cultivo han variado al alza en la última década.
Petro defendió la estrategia de su Ejecutivo (centrada en interdicción, judicialización y sustitución voluntaria) y calificó las referencias a la “producción potencial en décadas” como una manera de ocultar responsabilidades históricas de administraciones pasadas. (Declaraciones públicas del presidente).
El mandatario también señaló logros operativos que, aseguró, su Gobierno ha alcanzado en incautaciones y destrucción de laboratorios —afirmaciones que el Palacio de Nariño ha difundido como parte de su balance operativo— y advirtió que criminalizar la aproximación política a las zonas rurales solo alimentó más violencia en administraciones previas. (Atribuido a Presidencia).
Sobre el fondo del debate, expertos consultados dicen que la política antidr**as en Colombia enfrenta un dilema estructural: la erradicación forzosa ha provocado desplazamientos y resentimientos en zonas rurales y no ha resuelto la demanda internacional de droga; al mismo tiempo, la reducción brusca de erradicación puede dejar espacio a los grupos criminales. Organizaciones como WOLA y análisis de la ONU han advertido sobre la complejidad del problema y sobre los límites de la decertificación como herramienta.
Reacciones y consecuencias políticas
La decisión estadounidense y el cruce entre Petro y Duque abren varias líneas de tensión:
Diplomática: la medida erosiona temporalmente la confianza bilateral y pone en riesgo cooperación y asistencia para programas de seguridad y desarrollo. Washington, sin embargo, también ha señalado que puede otorgar exenciones por “interés nacional”.
Política interna: Duque y sectores de la oposición han colocado el tema como el argumento central contra el Gobierno, exigiendo un giro en la estrategia; Petro, por su parte, lo utiliza para denunciar los “errores de fondo” del pasado y para apuntar a responsables políticos que, según él, priorizaron la represión sobre soluciones estructurales.