30/11/2025
Editorial: EL TARIFAZO DE LA INDOLENCIA
Durante los últimos días, el alcalde de Ipiales calificó de “canallas” a los concejales que decidieron dejar sobre la mesa la compra de un lote destinado a la construcción de la nueva bocatoma del municipio, argumentando que el proceso carecía de la claridad técnica y financiera requerida. De inmediato, el mandatario acudió a distintos medios de comunicación para deslegitimar la decisión, insinuando que los concejales actuaban en contra del interés público.
Sin embargo, mientras atacaba a quienes exigían rigor en una adquisición estratégica, avanzaba un proceso de mayor impacto para la ciudadanía. El viernes 28 de noviembre, el Concejo Municipal aprobó a solicitud directa del alcalde, quien presentó el respectivo proyecto de acuerdo la modificación del tributo de alumbrado público y la creación de una sociedad de economía mixta encargada de administrar ese servicio junto con un operador privado.
La sesión, conocida ya como “el tarifazo”, terminó avalando un incremento tarifario desproporcionado que recaerá sobre los ipialeños a partir del 1 de enero de 2026.
La decisión impone una carga económica excesiva para los hogares y, especialmente, para el comercio local, que sobrevive en un contexto de deterioro económico, creciente inseguridad y un prolongado colapso del sistema de acueducto y agua potable. En un municipio marcado por la parálisis productiva y la precariedad de los servicios públicos, resulta inaceptable la aprobación de tarifas que profundizan la fragilidad social y económica de la población.
Más grave aún es que el incremento no se sustenta en criterios sólidos de sostenibilidad fiscal ni en estudios técnicos públicos y verificables. El proyecto responde, más bien, a una decisión política que ignora la realidad socioeconómica del territorio. Diez concejales: Benavides (Ponente), Chalaca, Almeida, Rosero, Obando, Solarte, Villota, Patiño, Portillo y Guerrero; respaldaron la iniciativa del alcalde y hoy exhiben su voto como una victoria administrativa, pese a las consecuencias negativas que esta decisión tendrá para el municipio.
La aprobación del aumento en las tarifas del alumbrado público constituye una medida evidentemente impopular y abiertamente contraria al interés general. Su desproporción anticipa semanas y meses de inconformidad ciudadana, manifestaciones legítimas y un inevitable desgaste institucional que comprometerá la credibilidad tanto del alcalde como de los concejales que avalaron el proyecto sin exigir un mínimo de rigor técnico ni transparencia.
Imagen creada con AI Gemini
