
18/08/2025
Por Bernardo Mejía
La educación superior está experimentando una profunda transformación a nivel mundial. El avance acelerado de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de la comunicación han revolucionado la forma en que las personas acceden a la educación y al conocimiento. Hoy en día, la oferta académica virtual crece exponencialmente, y cada vez es más sencillo para los estudiantes graduarse en universidades extranjeras sin necesidad de trasladarse físicamente.
El contexto político también está influyendo en el rumbo de las universidades. El expresidente Donald Trump está ejerciendo una fuerte presión sobre instituciones emblemáticas como Harvard, recortando recursos estatales, condicionando su actuación y generando un ambiente de tensión. Estos ataques llevaron a que algunas universidades, temiendo represalias, optaran por acatar las órdenes del presidente.
En Colombia, el panorama no es muy distinto. El presidente Gustavo Petro ha trabajado intensamente para tomar el control de las universidades públicas. El ejemplo más claro ha sido la intervención en la Universidad Nacional: nombró al rector y asumió el control del Consejo Superior Universitario. Lo que no previó es que, por esencia, los estamentos universitarios son críticos. Controlar estudiantes y profesores no es nada fácil. En la práctica, el rector no ha logrado implementar las políticas del gobierno. Un ejemplo de ello fue la fallida “constituyente universitaria” o el alojamiento de la minga indígena en los campus universitarios, donde tuvieron que retirarse rápidamente ante la incomodidad provocada por el seguimiento de su comportamiento por parte de los mismos estudiantes.
La crisis de las universidades públicas en Colombia va más allá de la coyuntura política actual. Desde hace años, estas instituciones enfrentan serios problemas financieros, principalmente debido al desbalance entre el crecimiento de la oferta académica y el aumento insuficiente de sus presupuestos. Estos dependen de indicadores como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que tradicionalmente han estado por debajo de los verdaderos costos de la educación.
La situación es tan crítica que la Universidad de Antioquia, una de las más importantes del país, está enfrentando dificultades para pagar la nómina. El ambiente actual, especialmente en las universidades públicas, es de incertidumbre y preocupación. Se percibe desánimo, temor y una falta general de motivación por parte de los estamentos para participar en nuevos proyectos.
A esto se suma la pérdida de interés de las nuevas generaciones por cursar carreras largas y costosas. Muchos jóvenes consideran que la diferencia de ingresos entre un bachiller y un profesional es mínima, y ven más atractivas nuevas profesiones o cursos cortos que ofrecen oportunidades laborales y conocimientos en menos tiempo. Incluso les parece que cuatro o cinco años de formación es un periodo excesivo. Por otro lado, la caída en las tasas de natalidad también ha reducido considerablemente la presencia de estudiantes en las aulas universitarias.
Otra decisión del gobierno que ha afectado tanto a los estudiantes como a las universidades públicas y privadas ha sido la suspensión de los desembolsos de créditos del Icetex, un golpe muy duro, especialmente para las comunidades de menores ingresos. A diferencia de las instituciones públicas, las universidades privadas han demostrado una mayor capacidad de adaptación y reinvención frente a los cambios. Cuentan con procesos más ágiles para implementar nuevas propuestas y responder rápidamente a las demandas del entorno.
Tampoco ayuda la gestión del actual ministro de Educación, un activista ideologizado sin experiencia en la administración del sector, lo que dificulta aún más la atención adecuada de esta compleja coyuntura.
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