29/08/2025
La intolerancia no tiene cabida en la función pública
Por Duban Garcia Periodista
Recientemente recibí buenos comentarios por publicar el resultado del reinado departamental de la comunidad LGBTIQ+, aunque también recibí recriminaciones por publicar lo que algunos consideran negativo. Eso no importa; para mí y mi equipo es noticia y se informó como tal.
En una sociedad que avanza, afortunadamente con pasos firmes, hacia la inclusión y el respeto por la diversidad, resulta inadmisible que un representante de elección popular, con la dignidad de concejal, incurra en actos de discriminación hacia una persona de la población diversa, identificada como mujer.
De manera extraoficial se conoce que el hecho de que esta conducta se haya producido de manera pública, generando burlas y alimentando la estigmatización de una comunidad históricamente vulnerada, no solo es reprochable desde el plano ético, sino también sancionable desde lo jurídico. La ciudadanía elige a sus concejales para que representen valores de convivencia; claramente nos hemos equivocado con comportamientos que solo quedarán en la memoria de ellos mismos. La investidura de un cargo de elección popular no es una patente de corso para atentar contra la dignidad humana, sino un compromiso mayor con la defensa de los derechos de todos y todas, sin distinción. Cuando un concejal usa su voz para discriminar, socava la confianza de la comunidad en las instituciones, perpetúa estigmas y retrocede en el camino de construcción de una sociedad incluyente.
Los concejales han pasado por nuestro medio de comunicación cuando hemos visto que han actuado bien; cuando no, no decimos nada, como en la oscura elección de la personera de Mocoa, donde hubo un lobby popular para esta vacancia que dejó el personero saliente. También hemos escuchado a la oposición con el ánimo de que la gente escuche las voces de todos los sectores del cabildo municipal.
Esta situación también me lleva a pedirles públicamente que se pronuncien o digan quién es el concejal que, de manera grotesca y ruin, generó tal comportamiento bajo y delicado contra una persona de la población diversa, identificada como mujer en la capital putumayense.
Así como salen a acompañar al alcalde en medios de comunicación y a responder las críticas que reciben, la comunidad pide un pronunciamiento sobre esta situación que involucra a un integrante de esta corporación.
Conviene recordar que la Constitución y la ley en Colombia castigan los actos de discriminación. La Ley 1482 de 2011 tipifica como delito los actos que promuevan o inciten a la discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género, entre otras. Por tanto, no se trata solo de un exabrupto político o una “opinión personal”: es un hecho con consecuencias jurídicas que vulnera derechos fundamentales.
Más allá de lo legal, está lo humano. Las personas de la población diversa, identificadas como mujer enfrentan diariamente barreras para el acceso a la salud, al trabajo y a la educación; cargar además con el peso del señalamiento público de un representante popular es un golpe adicional que como sociedad no podemos tolerar.
El mensaje debe ser claro: quienes ocupan cargos de elección deben ser ejemplo de respeto y garantes de la dignidad de todas las personas. La inclusión no es una opción política, es un mandato ético y legal. Mocoa, y Colombia entera, merecen líderes que construyan puentes y no muros de odio.
Que tristeza, que vergüenza!!
