09/06/2026
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó, en primera instancia, al exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal, por incurrir en irregularidades durante la contratación de un proyecto hospitalario en el año 2005.
El exmandatario, quien actualmente figura como dirigente y coordinador de la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en el departamento de Arauca, fue hallado responsable de omitir requisitos legales en la ejecución de obras públicas.
La sentencia dictada por el alto tribunal impone una pena de 51 meses de prisión, una multa de 20.860.420 pesos y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 62 meses y 18 días.
Aunque la Corte negó la suspensión condicional de la pena, sí concedió al exgobernador el beneficio de prisión domiciliaria, teniendo en cuenta su arraigo personal, su buena conducta procesal y la ausencia de antecedentes previos que impidieran este beneficio. Es importante aclarar que esta medida no se hará efectiva de inmediato, sino únicamente cuando la sentencia quede en firme.
❌Un hospital sin los requisitos técnicos, la obra que tiene en líos al coordinador de campaña de Abelardo
El proceso judicial se centra en el "Contrato 322 de 2005", destinado a la ampliación de la primera etapa de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca, una obra con un valor aproximado de 7.026 millones de pesos. Según la Corte, el proyecto presentó fallas críticas en los principios de planeación y economía, elementos esenciales para garantizar el correcto uso de los recursos del Estado.
El fallo detalló que el contrato se firmó con omisiones técnicas graves. Por ejemplo, se seleccionaron ítems de la obra sin contar con un soporte técnico adecuado y, lo más preocupante, se excluyeron componentes esenciales como los sistemas de aire acondicionado, ventilación mecánica y el suministro de energía eléctrica necesario para que el hospital pudiera operar.
A pesar de que estos elementos estaban contemplados en los diseños originales, la administración de entonces decidió avanzar sin ellos, incumpliendo las normas técnicas exigidas por el ministerio de Protección Social de la época.
La Corte concluyó que Acosta Bernal tenía plena capacidad para advertir estas irregularidades, pero decidió continuar con el proceso e incluso avaló incrementos en el contrato en 2007. El tribunal fue enfático al señalar que el exgobernador contaba con todas las facultades para exigir el respeto a los principios de la contratación estatal, pero optó por ignorar las deficiencias detectadas.
Este fallo se suma a una condena previa emitida por la misma corporación en noviembre de 2023, cuando Acosta Bernal fue sentenciado a 75 meses de prisión por hechos similares ocurridos en otro contrato de 2005.
Ante la reciente decisión, la defensa del exgobernador ya anunció que presentará el recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, abriendo una nueva etapa en este proceso judicial que constituye uno de los casos de corrupción administrativa más extensos en la historia reciente de los departamentos fronterizos del país.
