28/04/2026
La política de “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro enfrenta serios cuestionamientos tras conocerse que, mediante la Resolución 0014 del 9 de febrero de 2023, fue designado como gestor de paz Jacob Idrobo Arredondo, alias “Marlon”, hoy señalado como autor de atentados en el Cauca.
Este hecho pone en evidencia una preocupante falta de rigor en la implementación de una estrategia que, en teoría, busca desescalar la violencia, pero que en la práctica podría estar otorgando legitimidad y beneficios a actores que continúan vinculados a actividades criminales. La figura de gestor de paz, concebida como un puente hacia la reconciliación, termina desdibujándose cuando quienes la ostentan son asociados con hechos que atentan contra la vida y la seguridad de los ciudadanos.
Lo ocurrido en el Cauca no solo deja víctimas y zozobra, sino que también abre un debate urgente sobre los criterios y controles aplicados en estos nombramientos. ¿Cómo garantizar que estas designaciones no se conviertan en una puerta abierta para la impunidad? ¿Dónde queda la responsabilidad del Estado frente a las comunidades afectadas?
Más allá del discurso, la paz exige coherencia, vigilancia y resultados. Sin estos elementos, iniciativas como la “Paz Total” corren el riesgo de convertirse en un mensaje equivocado: que la violencia puede coexistir con los beneficios del reconocimiento estatal
