22/08/2025
CORTE CONSTITUCIONAL DECLARA INCUMPLIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
La Corte Constitucional declaró que el Ministerio de Salud incumplió las órdenes para garantizar el acceso oportuno a los servicios médicos, al no definir los tiempos máximos de espera ni de implementar un registro confiable que mida las demoras reales de los pacientes en el sistema. Además, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 concluyó que luego de tres años el Ministerio de Salud no ejecutó las actividades incluidas en los cronogramas que ellos mismos presentaron, modificó plazos sin justificación y entregó datos que no coincidían con los del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS).
La Sala Especial evidenció que, los usuarios deben esperar entre 40 y 60 días para obtener una cita con especialistas y podría superar los 100 días en áreas como cardiología y ortopedia. Los tiempos han empeorado respecto a años anteriores para pacientes clasificados en triage II. El promedio pasó de 22,38 minutos en 2020 a 26,16 en 2021, 26,13 en 2022 y 24,22 en 2023, lo que refleja un retroceso.
La Supersalud reportó que entre 2022 y 2023 recibió 619.561 quejas por falta de oportunidad en citas médicas especializadas. De ese total, 540.686 correspondieron a otras especialidades, 27.724 a medicina interna y 14.096 a cardiología.
La Defensoría del Pueblo también documentó un incremento sostenido: solo en 2023 recibió más de 18.000 quejas por falta de oportunidad en la atención, especialmente en medicina especializada, medicamentos y urgencias.
Las acciones de tutela relacionadas con la asignación de citas médicas pasaron de representar el 12,4% en 2021 al 22,24% en 2023, un crecimiento que revela la incapacidad del sistema para responder sin intervención judicial.
Pacientes con enfermedades de alto costo son las más afectados. La Asociación de Pacientes de Alto Costo denunció retrasos graves en tratamientos de cáncer, VIH e insuficiencia renal, con cancelación de citas, demoras en quimioterapias y entregas incompletas de medicamentos.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas fue más allá y advirtió a la Corte sobre la existencia de una “crisis humanitaria de la salud en Colombia”, derivada de más de 1,6 millones de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD). Incluso pidió que se declare un estado de cosas inconstitucional en el sector salud.
Portal consultado: Infobae
