06/10/2024
El día de ayer, Viernes 4 de octubre se llevó a cabo en el campus de la Universidad del Magdalena la Asamblea Triestamentaria, convocada por los diferentes estamentos de la universidad con el objetivo, en teoría, de generar un espacio de debate en torno a las próximas elecciones internas.
El evento, que se presentaba como una oportunidad para discutir temas cruciales sobre la legalidad y las
garantías de participación en el proceso electoral, terminó desviándose hacia lo que muchos percibieron como un acto de apoyo casi unánime al actual rector,
quien aspira a la reelección.
A pesar de la diversidad de actores presentes, todos con el foco puesto en el futuro de la universidad, el tono predominante fue de exaltación hacia la gestión actual, minimizando cualquier intento de cuestionamiento o análisis crítico sobre las implicaciones de los cambios en los estatutos que permitirían la reelección.
Los interrogantes sobre la transparencia y equidad del proceso electoral, que deberían haber ocupado un lugar central en la discusión, quedaron relegados en medio de un ambiente que parecía más destinado a glorificar al rector que a fomentar un verdadero debate democrático.
Así, lo que en palabras de algunos fue descrito como la "gran fiesta de la democracia universitaria" dejó un sabor agridulce, pues la expectativa de un intercambio de ideas y posturas diversas se vio opacada por una atmósfera de consenso aparente que evitó enfrentar las preocupaciones reales sobre el futuro institucional y la legitimidad del proceso electoral.
Al iniciar la asamblea, se abrió un espacio para que aquellos que cuestionan el actuar de los estamentos de la Universidad del Magdalena expresaran sus inquietudes. Si bien algunos lograron centrar su intervención en los temas clave, otros se desviaron hacia posiciones extremas, lo que evidenció una falta de coordinación en sus argumentos. Aunque ciertos participantes tenían clara su postura y enfatizaron su reconocimiento a la buena gestión del rector Pablo Vera Salazar, también subrayaron que esto no justifica la instauración de una concentración de poder, una preocupación que ha sido reiterada durante los
últimos meses y que ha tomado mayor fuerza en las últimas semanas ante la proximidad de las elecciones.
Además, se presentaron denuncias graves sobre persecución, miedo y perfilamientos, lo que elevó el tono de preocupación en la asamblea. Sin embargo, algunos discursos tomaron un giro personal, protagonizados por actores conocidos dentro del campus, lo que en ciertos casos restó seriedad y validez a las críticas y a la lucha que varios buscaban impulsar. Esta dispersión en las intervenciones reflejó la falta de un frente común, lo que terminó debilitando el impacto que podría haber tenido un debate más articulado y enfocado en los problemas estructurales que enfrenta la universidad en este proceso electoral.
Por otro lado, quienes manifestaron un apoyo incondicional al actual rector de la Universidad del Magdalena no se quedaron atrás en defender su postura e intereses. Este respaldo fue evidente, ya que, de manera casi organizada, distintos estamentos, como profesores, contratistas y sindicatos de la universidad, aprovecharon la asamblea para expresar públicamente su gratitud por la gestión del rector. Se destacó, en reiteradas ocasiones, cómo la administración actual ha permitido mayor participación y mejoras en las condiciones laborales y académicas, logros que, según muchos, nunca antes se habían visto en la universidad. En ese contexto, se dejó claro que estos estamentos esperan que sus votos de apoyo sean tenidos en cuenta al momento de decidir el futuro de la institución.
Uno a uno, representantes de los diversos programas académicos, estudiantes, docentes y administrativos, así como aquellos adscritos al programa CREO, que
ha sido fortalecido por la actuación del rector, se alinearon en una especie de fila de ovaciones y apoyo directo a su campaña política. Sin embargo, este respaldo masivo parecía alejado del debate y cuestionamientos fundamentales que deberían haber sido el eje central de la asamblea.
Un tema especialmente controvertido fue la modificación de los estatutos que permite al actual rector postularse nuevamente. Aunque hubo voces tanto a favor como en contra, quedó en evidencia la influencia considerable que el rector tiene sobre los diferentes estamentos de la universidad, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la equidad del proceso electoral en curso.
Así, la asamblea, en lugar de promover un debate crítico y plural, se transformó en un escenario de apoyo casi unánime, lo que podría minar la credibilidad del proceso democrático dentro de la universidad.
Si este cambio de estatutos hubiera sido propuesto por un actor distinto al que actualmente ostenta el poder en la Universidad del Magdalena, surge la interrogante de si seguiría siendo defendido bajo el manto de la autonomía y legitimidad. ¿Se habría mantenido esa narrativa de "mejora institucional", o se vería más bien como una amenaza seria a la democracia y a la participación abierta y plural dentro de la universidad?
Es difícil ignorar la percepción de que este movimiento podría estar más motivado por intereses específicos que por un verdadero compromiso con los principios
democráticos. La intervención de los sindicatos y otros actores que han mostrado su apoyo al rector genera preguntas sobre si su respaldo obedece a la gratitud por mejoras logradas o si, en realidad, forma parte de un juego de poder. Esta situación deja entrever la posibilidad de que, en lugar de tratarse de una reforma legítima y democrática, estemos ante un escenario en el que los intereses particulares y la influencia política juegan un papel central, empañando la credibilidad de la autonomía universitaria.
La verdadera cuestión radica en si el proceso electoral y las modificaciones estatutarias están realmente diseñados para fortalecer la participación inclusiva
o, por el contrario, buscan consolidar el poder de quienes ya lo ostentan, limitando la diversidad de opiniones y bloqueando un cambio genuino dentro de la institución.
En medio de este clima de incertidumbre, surgen múltiples interrogantes sobre el rol y la actuación de los entes gubernamentales, cuya inacción y falta de comunicación con la comunidad universitaria no solo se manifiestan en la Universidad del Magdalena, sino que también son evidentes en otras instituciones de educación superior (IES) del país. Casos como el de la Universidad del Atlántico, envuelta en un sinfín de denuncias de parte de movimientos y grupos que cuestionan la legalidad y garantías de los procesos electorales, reflejan una crisis que trasciende lo local. La Universidad del Cesar y la Universidad Nacional también han sido escenarios de situaciones similares, con comunidades que alzan la voz para denunciar la falta de transparencia y equidad en sus respectivas instituciones. Estos reclamos ponen en entredicho la capacidad del gobierno nacional y del Ministerio de Educación, así como de las gobernaciones, para gestionar y atender las graves denuncias que
se han venido presentando a nivel nacional.
La convergencia de estos problemas sugiere una crisis más amplia en el sistema de educación superior, donde los intereses particulares y las pugnas por el poder amenazan con socavar la participación democrática y la transparencia en las universidades públicas. Esto no solo afecta la gobernanza de estas instituciones, sino que también revela fallos profundos en la respuesta gubernamental ante una problemática que sigue extendiéndose por todo el país.
