05/08/2025
|| Un grupo de agentes educativas de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) Mis Travesuras y Santísimo Redentor, así como de la modalidad Campesina (atención en los barrios de la ciudad), denunció que la Fundación Mis Raíces Afro (FUMRA), operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Puerto Carreño, ha incumplido el pago de sus honorarios desde mayo, lo que mantiene suspendida la prestación de los servicios de atención a la primera infancia en el municipio.
Las educadoras iniciaron labores en marzo de 2025, cuando FUMRA asumió la operación de las modalidades institucional y campesina. El pago correspondiente a marzo se realizó sin inconvenientes, pero desde abril comenzaron los retrasos. Según testimonios recogidos por EL MORICHAL, el pago de abril se efectuó de manera parcial: el 70% se consignó el 26 de mayo y el 30% restante se canceló en julio, después de varias reuniones y medidas de presión. Durante mayo y junio, las trabajadoras continuaron atendiendo a cerca de 120 niños y niñas por CDI —en su mayoría de familias vulnerables, indígenas y migrantes— sin contar con materiales pedagógicos ni suministros de aseo suficientes.
La situación ha afectado gravemente a las educadoras, muchas de ellas madres cabeza de familia. Una de las agentes educativas, embarazada y con diagnóstico de diabetes, quedó sin cobertura en salud luego de que su afiliación a la Nueva EPS fuera suspendida por falta de pago de aportes. “Trabajamos con las uñas para no afectar a los niños, pero sin pago, sin seguridad social y sin materiales es imposible continuar”, expresó la docente, que pidió la reserva de su identidad para evitar represalias.
Ante la ausencia de soluciones por parte de la Fundación, el equipo educativo decidió iniciar un cese de actividades el pasado 27 de junio, que se mantiene hasta la fecha. Las maestras han entregado oficios a la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Procuraduría, la Contraloría, el Ministerio de Trabajo y el ICBF, sin obtener una respuesta efectiva. Denuncian además que durante los meses de trabajo sin pago fueron objeto de maltrato verbal y presiones por parte de coordinadores del operador, y que la falta de recursos afectó de forma directa a los niños en riesgo de desnutrición, quienes dependían de los alimentos suministrados en los CDI.
Las trabajadoras sostienen que la Fundación ha priorizado otros compromisos financieros antes que la operación en Vichada. Aseguran que se cancelaron salarios atrasados a personal en otros departamentos donde opera FUMRA mientras ellas permanecen sin ingresos, y que incluso algunas voceras fueron pagadas selectivamente para presionar el retorno a las actividades, estrategia que las docentes interpretan como un intento de silenciarlas.
Desde la veeduría ciudadana de Educación Inicial Campesina y CDI, Fredy López elevó un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para proteger los derechos de la primera infancia en Puerto Carreño. Señaló que el programa de Centros de Desarrollo Infantil y Educación Inicial Campesina es la única garantía de alimentación, salud, seguimiento médico y desarrollo integral para 650 niños y niñas vulnerables del municipio, incluyendo familias campesinas, indígenas y de barrios humildes. “Hoy, por fallas del operador, por omisiones de supervisión del ICBF y por una cadena de deficiencias administrativas, los niños llevan más de dos meses sin atención, sin visitas y sin alimentación, lo que representa un riesgo directo para su vida”, expresó. López recordó que la Ley 1098 de 2006 y la Ley 1804 de 2016 obligan al Estado a garantizar atención continua e integral a la primera infancia, y exigió la reactivación inmediata del programa, el pago urgente a las agentes educativas y la intervención efectiva del ICBF para evitar que la negligencia institucional derive en tragedias.
Este medio de comunicación buscó a la Fundación Mis Raíces Afro para conocer su versión de los hechos, pero se limitó a emitir un comunicado oficial en el que afirma haber radicado ante el ICBF la solicitud formal para la reapertura de los servicios y asegura que realiza “todos los esfuerzos posibles” para cumplir con los pagos pendientes. La representante legal, Nubile Valoyes Ortiz, sostuvo que por cláusulas contractuales de confidencialidad no puede entregar más detalles.
EL MORICHAL intentó obtener declaraciones del ICBF Regional Vichada sobre la situación, pero hasta el momento de publicación de esta noticia no hubo respuesta a las llamadas ni mensajes enviados por WhatsApp.
Las agentes educativas hicieron un llamado al Gobierno Nacional, al ICBF y a los organismos de control para que se investigue la operación de FUMRA en Puerto Carreño y se garantice el respeto a sus derechos laborales, así como la continuidad de la atención a la primera infancia, población prioritaria para el Estado colombiano.
Un grupo de agentes educativas de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) Mis Travesuras y Santísimo Redentor, así como de la modalidad Campesina (atención en los barrios de la ciudad), denunció que la Fundación Mis Raíces Afro (FUMRA), operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ...
