07/11/2025
Los predios Yamato y Barrancón, ubicados en zona rural del departamento del Meta, se encuentran actualmente en el centro de un proceso administrativo y jurídico que involucra a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y a la familia que afirma haber desarrollado actividades productivas y educativas en la zona durante más de cuatro décadas.
Según la Agencia Nacional de Tierras, los dos predios fueron catalogados como una sola Unidad Agrícola Familiar (UAF), lo que habría llevado a la entidad a concluir que existe una “ocupación indebida del territorio”. Esta interpretación fue determinante para negar la formalización solicitada, de acuerdo con las resoluciones que hoy son objeto de demanda. La ANT sostiene que su decisión se fundamenta en los criterios establecidos por la normatividad agraria vigente.
Por su parte, el propietario y su familia afirman que dicha clasificación desconoce la historia de adquisición y posesión legítima de ambos predios. De acuerdo con el relato del propietario, el terreno conocido como Barrancón fue objeto de un proceso judicial de posesión iniciado por trabajadores de la finca tras la muerte del propietario original, proceso que, según este testimonio, concluyó con la apertura de folio de matrícula inmobiliaria en la jurisdicción de Puerto López (Meta).
Asimismo, sostiene que en 1979 adquirió legalmente el predio Barrancón y, ese mismo año, la finca Yamato, mediante compraventas realizadas a sus dueños de entonces. La familia afirma que desde esa fecha se han desarrollado proyectos agropecuarios, de piscicultura, turismo académico y procesos de formación en alianza con instituciones como la Universidad de los Llanos, la Universidad Nacional, el SENA y la Pontificia Universidad Javeriana.
Durante las décadas de los años ochenta y noventa, la zona vivió un fuerte impacto por la presencia de grupos armados ilegales. El propietario asegura haber sido víctima de dos secuestros, en 1984 y 1994, por parte del EPL y el ELN, respectivamente, lo que habría afectado la continuidad de proyectos académicos y productivos.
Proceso actual
La familia sostiene que, durante la solicitud de formalización presentada por la actual administradora de uno de los predios, la ANT habría incurrido en errores administrativos, como la inclusión en el expediente de un inmueble en Bogotá perteneciente a otra persona con el mismo nombre, pero distinta identificación. Este punto fue reconocido como “error humano” dentro del trámite, pero siguió formando parte del análisis documental que derivó en la negación de la formalización.
Asimismo, la parte solicitante argumenta que la unión de Yamato y Barrancón como una sola unidad productiva no corresponde a su realidad de manejo ni a las decisiones de titulación previamente reconocidas, y que ello elevó artificialmente el área total evaluada, afectando el resultado final.
Actualmente, el caso se encuentra a la espera de que se admita una demanda de nulidad, en la que se solicita revisar la decisión administrativa, los criterios aplicados y la documentación referida como soporte.
