06/06/2026
Contraloría destapa hallazgos fiscales por más de $1.677 millones en contratos de primera infancia del ICBF Sucre
Un informe oficial de la Gerencia Departamental Colegiada de Sucre de la Contraloría General de la República, suscrito por el gerente departamental José Manuel Acosta De La Ossa el 21 de mayo de 2026, reveló graves irregularidades en contratos de atención integral a la primera infancia ejecutados por el ICBF Regional Sucre durante las vigencias 2022 y 2023.
La actuación fiscal se originó a partir de una denuncia presentada por los veedores ciudadanos Jader Domínguez Urueta, Hernando de la Ossa Cabeza y Abel García Dávila, quienes alertaron sobre posibles inconsistencias en la focalización de beneficiarios, diferencias entre usuarios reportados y usuarios efectivamente atendidos, incumplimientos en criterios de permanencia, irregularidades en la prestación de servicios y anomalías en los reportes de cobertura.
Luego de revisar 26 contratos, la Contraloría estableció 15 hallazgos con incidencia fiscal por $1.677.026.076, todos con presunta incidencia disciplinaria, además de una indagación preliminar por $8.505.170.
Entre los hallazgos más cuantiosos aparecen:
* Contrato 70002822022: $500.186.643.
* Contrato 70002772022: $416.258.178.
* Contrato 70002812022: $328.254.454.
* Contrato 70002372022: $144.769.356.
* Contrato 70002412022: $69.779.556.
* Contrato 70002342022: $64.597.143.
* Contrato 70002592022: $59.518.506.
El informe también documenta duplicidad de beneficiarios, inconsistencias entre las bases de datos SIMAT y CUÉNTAME, diferencias entre coberturas contratadas y coberturas realmente atendidas, pagos soportados con información cuestionada y deficiencias en la supervisión contractual.
Dentro de los operadores mencionados por la Contraloría figura la Asociación María Auxiliadora (EAS), señalada en uno de los hallazgos por presuntas falencias en estudios de mercado para la compra de alimentos y por posibles desviaciones entre los precios facturados y los valores de mercado. Igualmente, el informe cuestiona los mecanismos de control ejercidos por la supervisión del Centro Zonal Norte del ICBF, que habría avalado informes financieros y certificaciones de pago sin advertir las inconsistencias detectadas posteriormente por el organismo de control.
Aunque la Contraloría no individualiza con nombres propios a los funcionarios presuntamente responsables, sí advierte posibles responsabilidades derivadas de las labores de supervisión técnica, seguimiento contractual, control financiero y autorización de pagos dentro de los contratos auditados.
El documento deja una conclusión preocupante: recursos destinados a la atención de niños y niñas de Sucre terminaron comprometidos en una cadena de fallas administrativas, contractuales y de supervisión que hoy representan más de $1.677 millones de posible detrimento patrimonial, situación que exige explicaciones por parte del ICBF Regional Sucre, de los operadores contratistas involucrados y de quienes tenían la obligación de vigilar cada peso invertido en la primera infancia.
