07/11/2025
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE TULUÁ, ROBERT POSADA ROSERO SERÁ INVESTIGADO POR EL HURTO DE UN VEHÍCULO OFICIAL, EL CUAL UTILIZÓ PARA ASISTIR A UN EVENTO DEPORTIVO, Y TAMBIÉN POR FALSEDAD EN DOCUMENTOS PÚBLICOS.
"UN CARRO PERDIDO, UNA VERDAD INCÓMODA: EL CASO ROBERT POSADA SACUDE A TULUÁ"
El Tribunal del Valle acaba de ponerle un alto a una cadena de silencios y maniobras que huelen a encubrimiento dentro de la administración municipal de Tuluá. Lo que parecía un simple caso administrativo, el hurto de un carro oficial, se ha convertido en un espejo de lo que sucede cuando el poder se protege a sí mismo y la verdad se convierte en un estorbo.
El protagonista de este episodio es Robert Posada Rosero, hoy secretario de Educación, a quien, en agosto de 2024, siendo secretario de Desarrollo Institucional, le hurtaron un vehículo oficial mientras asistía a un partido del Deportivo Cali. El carro desapareció y con él la transparencia. Hasta ahí, un hecho lamentable. Pero lo verdaderamente indignante vino después: una Alcaldía dispuesta a cerrar el caso en tiempo récord, como si la pérdida de un bien público fuera un detalle sin importancia.
El Tribunal del Valle, mediante el Auto Interlocutorio N.º 716 del 31 de octubre de 2025, desnudó la irregularidad. Determinó que la Oficina de Control Disciplinario Interno actuó sin competencia y que quien debía investigar era la Personería Municipal, que curiosamente fue apartada justo cuando pidió asumir el caso. La decisión judicial evidenció lo que muchos ya sospechaban: una maniobra para proteger a un funcionario cercano al poder.
El funcionario que había archivado el proceso, Juan Sebastián Raigosa Gutiérrez, fue destituido e inhabilitado, lo que confirma que las actuaciones dentro del Palacio Municipal no fueron precisamente transparentes. Pero lo más alarmante es que Robert Posada Rosero sigue en su cargo, dirigiendo la Secretaría de Educación como si nada hubiera ocurrido, mientras el proceso disciplinario resurge con más fuerza.
A esto se suma otra investigación que pesa sobre él: la presunta presentación de documentos falsos para cumplir los requisitos del cargo de Secretario de Despacho. ¿Qué más necesita la administración para tomar distancia de un funcionario bajo tantas sombras?
La ciudadanía no es ingenua. Tuluá ya ha visto cómo los escándalos se barren debajo de la alfombra y cómo los responsables del desorden administrativo terminan premiados con más poder. Pero esta vez, el Tribunal ha trazado una línea clara: nadie puede estar por encima de la ley, ni siquiera los protegidos del alcalde.
El caso del carro hurtado no es solo una anécdota: es el reflejo de un sistema donde la ética pública se diluye entre favores, silencios y conveniencias políticas. Si la Personería actúa con firmeza, este proceso puede marcar un precedente y enviar un mensaje contundente: los bienes del Estado no son juguetes de quienes ocupan cargos públicos.
Tuluá merece una administración decente, no una red de complicidades. La justicia ha hablado; ahora le corresponde a la ciudadanía mantener los ojos abiertos y no permitir que este episodio quede, otra vez, en el olvido.
