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🚨 Mientras Obando enfrentaba la emergencia por el terremoto, la Alcaldía avanzaba en un contrato de $200 millones para c...
25/08/2026

🚨 Mientras Obando enfrentaba la emergencia por el terremoto, la Alcaldía avanzaba en un contrato de $200 millones para comprar libros de educación vial.

Los estudios previos fueron fechados el mismo día del terremoto y la contratación se hizo bajo la figura de contratación directa. Sectores políticos y sociales cuestionan las prioridades de la administración de Diego Armando Ortiz Buitrago.

Obando, Valle del Cauca. — La coincidencia de fechas y la destinación de recursos públicos están generando cuestionamientos en sectores políticos y sociales de Obando: el mismo 10 de agosto de 2026, día en que un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente del país y puso en emergencia a municipios del Valle del Cauca, la Administración Municipal dejó formalizados los estudios previos para una contratación por $200 millones destinada a la adquisición de material pedagógico de educación vial.

El documento oficial de “Estudios Previos”, elaborado por la Alcaldía de Obando, aparece firmado en el municipio el 10 de agosto de 2026. En él se sustenta la necesidad de adquirir material especializado para programas de educación, cultura y seguridad vial.

La contratación terminó materializándose en el Contrato de Compraventa No. 2026125, cuyo objeto es la compra de material pedagógico especializado en educación y seguridad vial, por un valor de $200.000.000.

¿Dos mil libros por $200 millones?

Los estudios previos contemplan la adquisición de 2.000 ejemplares, con un valor total de $200 millones, lo que representa un costo de $100.000 por ejemplar. La Administración argumenta que no se trata simplemente de comprar cualquier libro de educación vial. Según los estudios, el material está protegido por derechos patrimoniales de autor y la entidad sostiene que el proveedor es el titular de la obra, razón por la cual acudió a la modalidad de contratación directa por inexistencia de pluralidad de oferentes.

El terremoto cambia el contexto.
El sismo ocurrió el 10 de agosto a las 7:34 de la mañana y alcanzó una magnitud de 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. La emergencia afectó numerosos municipios y departamentos, incluido el Valle del Cauca.
En Obando también fueron reportadas afectaciones asociadas al terremoto, entre ellas problemas relacionados con infraestructura de abastecimiento de agua, de acuerdo con información pública recopilada sobre la emergencia.

En ese escenario, sectores de la comunidad consideran legítimo preguntarse si $200 millones destinados a material pedagógico podían esperar, frente a necesidades que surgieron —o se hicieron mucho más urgentes— después del terremoto.

Sectores políticos y sociales del municipio han comenzado a cuestionar lo que consideran una falta de sensibilidad frente al momento que atravesaba la población. La discusión plantea un asunto de fondo: ¿cuáles deben ser las prioridades de una administración municipal cuando una emergencia de grandes proporciones golpea a su territorio?

  | 🚨Claudia Lorena Moscoso asegura que su proceso judicial sería una retaliación por denunciar al alcalde Gustavo Vélez...
27/07/2026

| 🚨Claudia Lorena Moscoso asegura que su proceso judicial sería una retaliación por denunciar al alcalde Gustavo Vélez.

Tras permanecer cerca de 35 meses privada de la libertad mientras avanza un proceso judicial por los delitos de amenazas contra servidores públicos, la abogada Claudia Lorena Moscoso Gilón lanzó una fuerte denuncia pública en la que asegura que su caso no obedece únicamente a un proceso penal, sino que sería una persecución derivada de las denuncias que durante años ha presentado contra el actual alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román. Dicha denuncia además fue elevada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.

Moscoso sostiene que durante el juicio la Fiscalía no logró presentar una prueba directa que la vinculara con la elaboración o envío de los mensajes amenazantes por los cuales fue acusada y afirma que, incluso, en los alegatos finales el ente acusador reconoció no contar con dichas pruebas, solicitando una condena basada en indicios.

Según su relato, una de las principales pruebas técnicas de la defensa fue el dictamen de un perito en informática forense, quien concluyó que desde el teléfono celular de Moscoso no se crearon, enviaron ni escanearon los mensajes amenazantes objeto de la investigación. Ese concepto fue admitido como prueba dentro del juicio.

La abogada también denuncia presuntas irregularidades durante la investigación, entre ellas el supuesto ocultamiento temporal de evidencia digital por parte de la Fiscalía, situación que, según afirma, obligó a su defensa a acudir al Tribunal Superior de Bogotá para obtener la protección de su derecho al debido proceso y la entrega del material incautado.

Las denuncias contra Gustavo Vélez.

La abogada sostiene que desde años atrás interpuso denuncias contra Vélez por presuntos delitos de peculado por apropiación, prevaricato y falso testimonio, investigaciones que, según ella, continúan sin resultados. También asegura que lideró acciones para defender a comunidades vulnerables de Tuluá.

¿Una presa política?

Con base en esos hechos, Claudia Lorena Moscoso plantea una pregunta que hoy centra su denuncia pública: ¿es una presa política?, por lo que espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectúe las actuaciones pertinentes.

En su documento sostiene que la prolongación de su detención, las decisiones adoptadas durante el proceso, la supuesta ausencia de pruebas directas y el contexto político en el que ocurrieron los hechos demostrarían una persecución relacionada con las denuncias que presentó contra Gustavo Vélez, las cuales según afirma, permanecen archivadas.

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