27/07/2025
🔴 Las más recientes revelaciones del periodista Yohir Akerman, publicadas en Revista Cambio, destapan un escándalo de proporciones alarmantes al interior de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
Lo que debería ser una entidad al servicio del campo colombiano, hoy se comporta como una finca privada al mando de César Pachón, y con el verdadero poder operando en las sombras: José Luis Valenzuela.
Valenzuela no es un funcionario cualquiera. Ha sido secretario general, vicepresidente de gestión contractual, jefe jurídico, e incluso coordinador de unidades territoriales de la ADR. Pero más allá de sus múltiples cargos, es el arquitecto de los contratos millonarios sin licitación, el hombre de confianza de Pachón, y el centro de graves denuncias por acoso laboral, autoritarismo y presuntos cobros ilegales a contratistas.
Según lo revelado por Akerman, José Luis Valenzuela es señalado por varios trabajadores de la entidad como el responsable de un ambiente laboral tóxico, en el que las presiones, gritos y amenazas son el pan de cada día, y donde se han denunciado chantajes y cobros por debajo de la mesa a cambio de la renovación de contratos. Un sistema de lealtades impuestas a punta de miedo y corrupción.
Al mismo tiempo, la ADR ha adjudicado en solo seis meses más de 16 mil millones de pesos en contratos de operación logística a una sola entidad: la Corporación Puerta de Oro, dirigida por Alexander de Bedout Nule, un empresario sancionado en 2016 con “muerte comercial” por su cercanía con el escándalo de los primos Nule. Estos contratos fueron entregados sin competencia, sin licitación, bajo figuras interadministrativas manipuladas para evadir los principios de transparencia.
El diseño jurídico de estas adjudicaciones lleva el sello de Valenzuela: contratos clonados, con el mismo objeto, firmados en menos de dos meses, que permiten subcontratar hasta el 80% del valor sin autorización previa y que eximen de pólizas de garantía completas. Todo un andamiaje legal para desangrar el presupuesto rural sin control ni resultados reales.
Y mientras el dinero público se va en eventos, ferias y tarimas, el objetivo real de esta estrategia se revela en la gira “Juntos por la transformación del campo”, financiada con estos mismos contratos. En estos eventos, Pachón y su esposa, Rosa Juliana Herrera Pinto, se presentan como figuras centrales, ofreciendo refrigerios, transporte y hospedaje a los campesinos a cambio de aplausos y presencia en actos proselitistas disfrazados de jornadas técnicas.
Herrera, sin ningún cargo oficial, actúa como presentadora, animadora y gestora política, imponiendo decisiones sobre proyectos productivos y acompañando a Pachón incluso en actos oficiales junto al presidente.
Mientras tanto, el campo colombiano sigue en el abandono: sin asistencia técnica, sin infraestructura, sin crédito, y con una ejecución presupuestal de apenas el 7%, la más baja de todo el sector agropecuario. La ADR se ha convertido en una plataforma política financiada con recursos públicos, donde importa más la foto que el proyecto, más el discurso que la siembra.
Y como si todo esto no fuera suficiente, César Pachón suena para convertirse en el próximo ministro de Agricultura, con Valenzuela como posible escudero. Según rumores, es el propio Pachón quien estaría promoviendo de manera soterrada los recientes paros de paperos y arroceros, alentando el descontento con fines estratégicos. La jugada sería perversa: desatar la crisis para luego aparecer como el salvador, capitalizar políticamente el conflicto, y proyectar su imagen como el único interlocutor legítimo con el campesinado, justo en momentos en que se perfila como ministro de Agricultura.
Si la ADR fue el laboratorio de este modelo de corrupción institucionalizada, el Ministerio será su campo de expansión.
Las denuncias de Yohir Akerman dejan en evidencia no solo una serie de irregularidades sistemáticas, sino una estructura de poder montada para capturar recursos del Estado con fines políticos y personales. En el centro de esa estructura está José Luis Valenzuela, operador jurídico de contratos oscuros, jefe de una red de intimidación interna, y símbolo de cómo se puede usar un cargo público para administrar una finca política con total impunidad.
Mientras no se tomen acciones concretas, los verdaderos protagonistas del desarrollo rural —los campesinos— seguirán siendo utilizados como escenografía de un espectáculo costoso, corrupto, improductivo y vergonzoso. Porque esta finca solo cultiva riqueza para su director y sus súbditos.
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