20/10/2025
La Federación Colombiana de Víctimas del Conflicto Armado —en adelante “la Federación”—, a través de su representante legal Sebastián Velásquez, hizo un llamado urgente este lunes para que la JEP abra una investigación sobre el destino de aproximadamente 13,5 billones de pesos que, según denuncian, corresponderían a montos destinados a la reparación de víctimas del conflicto, y que habrían sido apropiados indebidamente.
🔍 Qué se alega
El monto señalado por la Federación corresponde a recursos que deberían ingresarse al sistema de reparación integral de víctimas, de conformidad con la normativa vigente.
Según la denuncia, el origen de esos recursos estaría vinculado a actividades delictivas realizadas por la ex-guerrilla FARC‑EP: narcotráfico, minería ilegal, extorsiones y otros delitos cometidos en el marco del conflicto armado.
Se afirma que la información fue obtenida de los archivos informáticos de ex-jefes de las FARC, quienes “al parecer se quedaron con el dinero”, según la Federación.
📌 ¿Por qué es relevante?
Estos recursos estaban destinados a uno de los pilares del Acuerdo de Paz de 2016: la reparación de las víctimas, tanto en su dimensión material como simbólica. La existencia de montos “desaparecidos” genera una señal de alerta sobre la eficacia del sistema de reparación.
La JEP, como parte del sistema de justicia transicional en Colombia, tiene competencia para investigar conductas graves vinculadas al conflicto armado, lo que abre la posibilidad de que esta solicitud derive en un nuevo horizonte investigativo.
La credibilidad institucional del sistema de reparación y de justicia transicional se ve directamente afectada si no se da una respuesta clara, oportuna y transparente.
🧭 Próximos pasos
La JEP deberá valorar la admisión de esta solicitud de investigación por parte de la Federación, y si lo hace, definir el mecanismo de indagación correspondiente.
Las víctimas acreditadas y organizaciones de la sociedad civil podrían jugar un rol activo en visibilizar el avance de la investigación y activar mecanismos de seguimiento.
Se hará necesario que el Estado y los órganos competentes presenten información clara sobre el destino de los recursos, los mecanismos de control y cualquier hallazgo existente hasta la fecha.
También será clave revisar si existen vacíos normativos o de implementación que han permitido la fuga o apropiación indebida de recursos de reparación.
