08/07/2025
| Fiscalía impone medidas cautelares sobre bienes de petrolera internacional para reparar a víctimas del paramilitarismo
La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección de Justicia Transicional, ha logrado obtener medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre dos oficinas pertenecientes a una petrolera internacional de origen francés. Esta acción, la primera de su tipo contra una empresa extranjera señalada de financiar organizaciones paramilitares en Colombia, tiene como objetivo la reparación de las víctimas del paramilitarismo.
Los bienes afectados, valorados comercialmente en aproximadamente $41.318.400.000 de pesos (unos 10 millones de dólares), están ubicados en un edificio del centro financiero de . Estos activos han sido entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas para su administración, con la finalidad de que sean utilizados en la indemnización de la población afectada por la violencia paramilitar en el departamento del .
La identificación de estos bienes fue posible gracias a la información obtenida por la Fiscalía sobre la estructura y control corporativo de la empresa extranjera, facilitada por la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Adicionalmente, se aplicaron técnicas de análisis criminal y recolección de pruebas que acreditaron la autorización de las máximas instancias de la empresa en la financiación ilegal.
La investigación también ha recaudado información sobre los contratos de concesión, explotación y producción de hidrocarburos de la compañía. Con este material probatorio, la Fiscalía solicitó las medidas cautelares, las cuales fueron concedidas por el Tribunal Superior de Bogotá.
En sus versiones libres, postulados a Justicia y Paz como Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco, pertenecientes al bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, declararon que el grupo empresarial habría financiado su accionar ilegal en Casanare. Según sus testimonios, esta financiación se habría materializado a través de la entrega de dinero, combustible, alimentación y transporte, a cambio de servicios de seguridad en los pozos de extracción de crudo. Estos servicios habrían permitido a la empresa incrementar su patrimonio durante el periodo del posible vínculo ilegal con los paramilitares, comprendido entre 1997 y 2005.
Las actividades investigativas contaron con el apoyo del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Grupo investigativo de jurisdicciones especiales de la DIJIN, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, y otras autoridades judiciales.
