06/06/2026
La magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano Castro, alzó la voz para exigir que el Poder Judicial adopte una postura firme y deje de guardar silencio ante lo que califica como una campaña de desinformación y constantes ataques políticos por parte del Poder Ejecutivo.
Durante su intervención, Solano fue categórica al señalar que la institución ha cometido el error de no responder de forma oportuna a los discursos oficiales que intentan responsabilizar a los jueces y tribunales por la grave crisis de inseguridad y el avance del crimen organizado que golpea al país.
Para la magistrada, es fundamental trazar una línea clara sobre las competencias constitucionales, recordando que la prevención del delito y la seguridad ciudadana son tareas que le corresponden exclusivamente al Gobierno y a su Ministerio de Seguridad, argumentando que los casos llegan a las instancias judiciales precisamente cuando los mecanismos de contención del Poder Ejecutivo ya han fallado.
A pesar de que Solano reconoció que el sistema de justicia no es perfecto y que debe mantener una actitud de mejora continua, insistió en que la narrativa política actual busca desprestigiar la institucionalidad en lugar de resolver los problemas de fondo. Sin embargo, este reclamo de la funcionaria judicial aviva con fuerza el debate en la opinión pública, donde diversos sectores ciudadanos y políticos sostienen que la magistrada confunde la crítica legítima con una agresión.
Desde esta perspectiva, se argumenta que señalar los privilegios internos, denunciar aparentes abusos o cuestionar la lentitud y la mediocridad en la resolución de los casos no constituye un ataque destructivo, sino el ejercicio del derecho de la población a exigir una verdadera rendición de cuentas a un Poder Judicial cuya confianza ciudadana se encuentra severamente erosionada.
