24/08/2026
Justicia de familia: ¿se escucha realmente a todas las partes?
Por Gerardo Vindas.
Hay preguntas que como sociedad tenemos derecho a plantearnos, especialmente cuando hablamos de justicia.
En los últimos años hemos escuchado numerosos testimonios relacionados con procesos de violencia doméstica. Mujeres que denuncian situaciones que deben ser atendidas y protegidas, pero también hombres que aseguran haber sido víctimas de acusaciones injustas, conflictos familiares o denuncias que, según ellos, nunca fueron investigadas con la profundidad necesaria.
Y aquí surge una pregunta legítima: ¿qué tan exhaustiva es la investigación que se realiza antes de que un juez de familia tome una decisión que puede cambiar la vida de una persona y de toda una familia?
¿Se escucha realmente a ambas partes? ¿Se analiza el contexto completo? ¿Se verifican los antecedentes y las circunstancias que rodean la denuncia? ¿Cuando corresponde, se recurre a trabajadores sociales, profesionales especializados o personas del entorno que puedan aportar información relevante?
No se trata de cuestionar la importancia de las leyes contra la violencia doméstica. Todo lo contrario. Estas herramientas son fundamentales para proteger a quienes realmente están en riesgo.
Pero precisamente porque son tan importantes, deben aplicarse con responsabilidad, objetividad y sin prejuicios.
Una denuncia debe ser tomada en serio, pero también debe ser investigada seriamente.
No podemos caer en el error de pensar que por el simple hecho de existir una acusación ya conocemos toda la verdad. Tampoco podemos asumir que una persona es culpable antes de que se hayan valorado adecuadamente los elementos del caso.
Hay hombres que aseguran haber perdido temporalmente el contacto con sus hijos, su hogar o su tranquilidad como consecuencia de procesos que consideran injustos. Y si una persona es realmente inocente, también merece que el sistema tenga los mecanismos suficientes para demostrarlo.
Por eso es necesario preguntarnos si los juzgados cuentan con todos los recursos humanos y técnicos para realizar investigaciones integrales. Jueces, trabajadores sociales, psicólogos y demás profesionales deben tener las herramientas necesarias para conocer, dentro de lo permitido por la ley, la realidad de cada familia y no limitarse únicamente a lo que aparece escrito en un expediente.
La justicia no puede convertirse en una guerra entre hombres y mujeres.
No se trata de creerle automáticamente a la mujer ni de creerle automáticamente al hombre.
Se trata de escuchar, investigar y valorar las pruebas.
Porque una verdadera política de protección debe defender a la víctima real, pero también impedir que una persona inocente sea perjudicada por una acusación falsa o por una investigación insuficiente.
La violencia doméstica es un problema serio. Pero también lo es la posibilidad de que una decisión equivocada destruya relaciones familiares, afecte a los hijos y marque para siempre la vida de una persona.
Por eso, más que señalar culpables desde la opinión pública, debemos exigir procesos serios, investigaciones completas y decisiones imparciales.
Los ciudadanos no están pidiendo privilegios.
Están pidiendo justicia.
Y la justicia, para ser verdaderamente justicia, debe escuchar a todos, investigar a fondo y decidir con base en los hechos y las pruebas.
Porque cuando se investiga mejor, se protege mejor a quien realmente lo necesita y también se evita que un inocente pague por un error que pudo haberse evitado.
