10/12/2025
A LA VISTA DE TODOS
✍Nileyan Reyes Miranda
En uno de mis recorridos habituales, casi siempre apresurados, un ruido estridente llamó mi atención. Dirigí la mirada hacia la maltrecha edificación que alguna vez fue un taller textil, ubicada en la avenida 25, lugar donde la Dirección de la Cooperativa de Créditos y Servicios Noelio Capote construirá un centro comercial, según anunciaron.
Dentro del inmueble, carente de puertas y ventanas, un adulto mayor martillaba unas tablas. Mi intuición dictaba algo que me negaba a aceptar, pero el cerebro, ágil, formuló la pregunta: ¿Será que esa persona vive ahí? Horas más tarde, de regreso a casa, tuve que detenerme en la conocida esquina donde tantos esperamos por un transporte para trasladarnos. Allí lo vi nuevamente, esta vez se confirmaba mi sospecha, pues había ropa tendida sobre los muros, como si estuviese acabada de lavar.
Día tras día observo al inquilino improvisando en este sitio de la geografía jaruqueña. Todo indica que reside allí, en un local que, a las claras, no es una vivienda habitable, aunque a pocos metros cuenta con un sanitario y una cisterna.
Al contemplar tal escena, recordé la noticia reciente de octubre de 2025, cuando circularon imágenes de varios niños durmiendo en los jardines del hotel Grand Muthu, en la intersección de 1ra y 70, municipio Playa, La Habana. Movida por el oficio, pregunté a varias personas sobre el caso del adulto mayor, pero muchos respondieron con indiferencia: “No sé, ni me he fijado”.
Continué indagando y conversé con Mario O' Farril, presidente del Consejo Popular Jaruco, quien expuso las acciones respecto al caso, de conjunto a las autoridades del territorio. El señor José, nombre del mencionado morador, recibió la visita de representantes del pueblo, quienes evaluaron sus condiciones de vida y lo retornaron a su domicilio en Barroso. Sin embargo, insistiendo en la violación, regresó a la Ciudad Condal.
En busca de más detalles, dialogué con Juliana Rosqueza Domínguez, presidenta de la demarcación Baino-Casiguas, quien me explicó que el adulto mayor no cuenta con familiares obligados a hacerse cargo de él. Aunque no posee un diagnóstico formal, resulta evidente el deterioro de su salud mental.
Su residencia legal es un establecimiento que años atrás fue una cochiquera de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Cuba Socialista, es un local deteriorado, en pésimas condiciones infraestructurales y donde vive completamente solo.
Hace unos meses sufrió un accidente y estuvo hospitalizado. Tras recibir el alta médica, el delegado Francisco, con apoyo del personal de salud, lo recogió y lo llevó hasta el lugar donde reside en Barroso. Sin embargo, el anciano manifestó que no quería permanecer allí, por lo que se fue y desde entonces ocupa este espacio de la avenida 25, en la cabecera municipal.
No se trata de señalar culpables ni de lamentarse por lo que ya ocurrió. Mi comentario deviene en alerta: no podemos permitir que situaciones de vagabundeo y ocupación ilegal se conviertan en parte de la cotidianidad, a la vista de todos.
Los procedimientos existen y los mecanismos están descritos en la normativa del 28 de abril de 2025, la cual regula la atención a personas en situación de calle o con “conducta deambulante”, término utilizado por el Estado para referirse a quienes habitan en espacios públicos sin respaldo familiar o institucional. Asimismo, refuerza la responsabilidad directa de los municipios en la atención integral de estos individuos, mediante la articulación de servicios sociales, de salud y de seguridad.
Lo que falta es agilidad: tramitar con rapidez una chequera, gestionar una capacidad en un hogar de ancianos, asignar un cupo en el Sistema de Atención a la Familia, o acompañar en otros trámites. Hablo en términos generales, no solo de este caso específico, el cual escogí para ilustrar una problemática palpable. Lo importante es desterrar la morosidad y no dilatar la acción cuando del bienestar de una persona se trata.
