17/12/2020
Paradoja de la Vida.
LA SALUD PRIMERO SEÑOR PRESIDENTE.
Por:
Wellington Martínez
Desde octubre del 2020 la bioanalista Fiol Daliza Castillo y su familia han movido cielo y tierra, y tocado las puertas a todas las autoridades de San Cristóbal, además tienen conocimiento de su situación de insuficiencia cardíaca en el Ministerio de Salud Pública, la presidencia, vicepresidencia y hasta la primera dama. Aún sabiendo la difícil situación de salud que tiene la bionalista, su caso sigue sin resolverse, y la familia ha tenido que persistir en el difícil esfuerzo de reunir individualmente un millón de pesos para comprar el aparato del corazón que necesita su pariente, cuando todos sabemos que la salud es un derecho.
Por otro lado Dionicio Marte Franco cariñosamente conocido como Nilson, un joven trabajador y estudioso del sector madre vieja norte, es diagnosticado con un carcinoma de médula y necesita un proceso de quimioterapia que tiene un costo de 300 mil pesos, monto con el que no cuenta. Su seguro médico Yunen se limpió las manos diciendo que no le cubre, y su expediente dormido en el departamento de alto costo de salud pública, mientras pasan los días y su caso se complica más sin que ninguna autoridad haya respondido a su necesidad. Un Dominicano más que está huérfano de autoridades que velen por su buen estado de salud.
Así como Fiol y Nilson, que no son ARTISTAS FAMOSOS, hay muchos dominicanos esperando por servicios de salud que no pueden costear, mientras tanto las ARS y AFP registraron en los primeros 10 meses de este año 6,258 millones de pesos en ganancias.
Mientras para unos es cuestión de vida o muerte contar con apoyo económico para su salud, para el gobierno que encabeza Luis Abinader es prioridad dar 100 millones de pesos para ser repartidos entre 77 artistas que bastante dinero han ganado en sus carreras.
Que lo más importante sea lo más importante, es algo que al parecer no lo entiende el gobierno de Abinader. No es justo que los dominicanos y dominicanas sigamos mendigando salud, mientras el grueso del dinero de nuestros impuestos se gasta para complacer las apetencias de los grupos que tienen mayor capacidad de incidencia social.