16/09/2026
¿Dónde están los regidores ante las interrogantes sobre la Casa Club de la Federación Vegana?
Por Rubén D. Lora
Los regidores no están llamados simplemente a levantar la mano, aprobar iniciativas o acompañar los actos protocolares del Ayuntamiento. Su papel incluye fiscalizar la gestión municipal, solicitar explicaciones y velar por que los recursos públicos sean utilizados conforme a lo aprobado y presupuestado.
Por eso vuelve a colocarse sobre la mesa el debate en torno a la Casa Club de la Federación Vegana de Juntas de Vecinos, una obra para la cual el Gobierno anunció un aporte de RD$35,140,000 al Ayuntamiento de La Vega. La propia Presidencia informó que esos recursos estaban destinados a la construcción de la casa club.
Pero hay un elemento particularmente importante: documentos oficiales de planificación municipal describían un proyecto que contemplaba, entre otras facilidades, salón multiuso, aula de entrenamiento, área de juegos, tobogán, cafetería, cocina industrial, oficinas, cancha mixta, piscina, parqueos y áreas verdes.
Ahora que la obra está terminada, han surgido cuestionamientos públicos sobre cuáles de esas facilidades fueron finalmente ejecutadas y cuál fue el costo definitivo. Una publicación reciente también reclama que se hagan públicos el presupuesto detallado, cubicaciones, pagos y posibles modificaciones del proyecto. Esto, por sí mismo, no demuestra que haya existido una irregularidad, pero sí constituye una razón legítima para pedir explicaciones documentadas cuando se trata de recursos públicos.
¿Y qué papel están jugando los regidores?
La ciudadanía está observando particularmente a las bancadas de oposición, entre ellas la Fuerza del Pueblo, integrada por Jeirson Pérez, vocero de la bancada; Fernando Sánchez y el profesor Fausto Mota García, así como la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyo vocero es el doctor Raymon Núñez.
Aquí aparece la preocupación de una parte de la ciudadanía.
Si los regidores son el órgano político que debe ejercer la fiscalización dentro del Ayuntamiento, resulta razonable preguntar: ¿han solicitado formalmente conocer el presupuesto original, las partidas ejecutadas, las cubicaciones, los contratos, las modificaciones al proyecto y el costo final de la Casa Club?
La pregunta cobra todavía mayor interés cuando se observa el comportamiento de los bloques opositores.
En abril de 2026, dirigentes y regidores de la Fuerza del Pueblo cuestionaron públicamente la rendición de cuentas del Ayuntamiento de La Vega y plantearon la necesidad de mayor transparencia sobre la ejecución de las obras y los recursos municipales.
Incluso regidores de esa organización, entre ellos Fernando Sánchez, han participado anteriormente en cuestionamientos a procesos municipales, como ocurrió con la subasta de la Gallera Municipal.
Por eso, ante la Casa Club, la ciudadanía puede legítimamente esperar la misma actitud de vigilancia.
No se trata de estar a favor o en contra de la alcaldesa, del Gobierno, de la Federación de Juntas de Vecinos o de ningún partido político. Se trata de fiscalizar una obra financiada con dinero público.
Y aquí aparece una interrogante política que merece ser respondida por los propios regidores de oposición:
¿Ha cambiado el discurso fiscalizador de algunos representantes de la oposición frente a esta obra, o simplemente están esperando la documentación oficial antes de pronunciarse?
Particularmente, sería interesante conocer la posición del vocero y de los demás representantes de la Fuerza del Pueblo en la Sala Capitular.
Si existen documentos que demuestran que los RD$35.14 millones fueron correctamente presupuestados, contratados, ejecutados y justificados, que se presenten públicamente y se cierre cualquier interrogante.
Pero si existen diferencias entre lo que originalmente contemplaba el proyecto y lo que finalmente fue construido, también corresponde explicar por qué ocurrieron esas modificaciones, quién las autorizó y cuál fue su impacto económico.
La fiscalización no debe ser selectiva.
Un regidor de oposición debe fiscalizar al oficialismo, pero también debe mantener una posición coherente cuando una obra beneficia a una institución comunitaria y cuenta con una inversión millonaria del Estado.
La ciudadanía vegana no necesariamente está pidiendo acusaciones. Está pidiendo algo mucho más sencillo:
Transparencia, documentos y respuestas.
Porque cuando se manejan decenas de millones de pesos públicos, preguntar no debe ser considerado un acto de oposición política. Es parte de la responsabilidad de fiscalizar.
Y si todo está correcto, la documentación será precisamente la mejor defensa de quienes ejecutaron la obra.
