02/01/2025
Fraude en las Incautaciones: Violaciones y Corrupción en la Policía Nacional y el Ministerio de Interior de la República Dominicana
En la República Dominicana, las denuncias sobre prácticas irregulares por parte de la Policía Nacional y el Ministerio de Interior relacionadas con incautaciones de bienes han despertado preocupación en diversos sectores. Uno de los temas más controvertidos es la incautación de bocinas y equipos electrónicos, donde se han señalado graves violaciones a los derechos fundamentales y procesales de los ciudadanos.
La Incautación sin Acta: ¿Robo o Procedimiento?
Cuando un agente confisca bienes sin entregar un acta de incautación que detalle la cantidad, el tipo y las condiciones de los objetos decomisados, se deja la puerta abierta al abuso y la corrupción. Según expertos, la ausencia de este documento convierte el acto en un robo institucionalizado. Sin esta garantía documental, los ciudadanos se enfrentan a una falta de transparencia y, en muchos casos, a la imposibilidad de recuperar sus bienes.
La ausencia de actas de incautación permite que, al intentar reclamar lo confiscado, los afectados se enfrenten a respuestas evasivas, como la clásica: "¿Qué bocinas?", dejando a los ciudadanos sin recursos para proteger sus derechos. Este vacío procesal es una burla a los principios legales y alimenta un sistema donde la corrupción encuentra terreno fértil.
La Corrupción en las Recuperaciones
Las prácticas corruptas no solo se limitan al acto de incautación. Se denuncian cobros ilegales para devolver los bienes o incluso desapariciones misteriosas de los objetos confiscados. Esto evidencia la falta de un sistema confiable de registro y control que permita garantizar que las incautaciones cumplen con un objetivo legal y no con intereses personales.
Un Llamado a la Transparencia
Faride Raful, senadora y defensora de la transparencia, ha sido desafiada públicamente a demostrar con actas oficiales la legalidad de estas incautaciones. El objetivo es exponer si los procedimientos actuales respetan los derechos fundamentales o si, por el contrario, están siendo utilizados para violarlos sistemáticamente.
Sin las actas, cualquier incautación pierde legitimidad. Además, pone en evidencia la falta de un protocolo claro que respalde el accionar de las autoridades, dejando a los ciudadanos vulnerables ante posibles abusos.
El Impacto en la Sociedad
Este tipo de prácticas genera una desconfianza profunda hacia las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el orden. La percepción de impunidad y corrupción erosiona la relación entre los ciudadanos y las autoridades, debilitando los pilares fundamentales de un Estado de derecho.
Conclusión
El respeto a los derechos procesales no es una opción, sino un mandato constitucional que las autoridades deben cumplir. Es urgente que el Ministerio de Interior y la Policía Nacional establezcan mecanismos claros y transparentes para garantizar que las incautaciones sean legales, documentadas y realizadas bajo estrictos controles.
Mientras tanto, los ciudadanos y los legisladores tienen la responsabilidad de exigir respuestas, transparencia y, sobre todo, justicia. Solo así se podrá frenar el abuso de poder y restablecer la confianza en las instituciones dominicanas.
