26/06/2025
Evaluaciones digitales y despidos masivos: la nueva ley que amenaza la estabilidad laboral en el sector público
Con el pretexto de fomentar la eficiencia y la calidad en los servicios estatales, la Ley de Integridad Pública introduce una serie de reformas que podrían poner en riesgo la estabilidad de miles de funcionarios públicos. A partir de ahora, el desempeño de los servidores del Estado —incluidos aquellos en modalidad de teletrabajo— será evaluado cada seis meses mediante un sistema informático aún no probado ni transparente, lo que ha encendido las alarmas en el sector.
La reforma modifica la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) para exigir que el Ministerio de Trabajo implemente una plataforma tecnológica de monitoreo laboral. Este sistema deberá generar alertas automáticas sobre bajo rendimiento o incumplimientos disciplinarios, y estará vinculado directamente a los departamentos de recursos humanos. La plataforma será, además, la base para tomar decisiones de desvinculación, lo cual podría convertirse en un instrumento de despido masivo sin garantías claras de defensa para los trabajadores.
Evaluaciones sin garantías y despidos automáticos
Los servidores públicos que obtengan dos evaluaciones consecutivas con calificación de “insuficiente” o tres con calificación de “satisfactorio” podrán ser despedidos. Aquellos que reciban una nota “regular” tendrán apenas tres meses para mejorar su rendimiento o enfrentarán la misma suerte.
"Estamos ante una política de eficiencia sin humanidad ni precisión técnica", advierten expertos en derecho laboral. “Este tipo de sistemas pueden ser manipulables o erróneos si no se aplican con controles rigurosos.”
¿Evaluación o mecanismo de ajuste presupuestario?
La normativa no solo promueve la inestabilidad laboral, sino que también puede abrir la puerta a despidos encubiertos por razones presupuestarias o políticas. Dado que el sistema aún no ha sido probado públicamente ni sometido a auditorías técnicas, cualquier error en los registros podría costarle el trabajo a un servidor público.
Además, la evaluación del desempeño no contempla elementos estructurales que afectan el cumplimiento laboral, como sobrecarga de tareas, falta de insumos, o ambientes laborales precarios. La evaluación, entonces, podría convertirse en una medida punitiva antes que en una herramienta de mejora.
Ascensos para pocos, presión para muchos
Mientras que quienes obtengan calificaciones “muy buenas” o “excelentes” serán candidatos a programas de formación o ascensos, el resto de los trabajadores podrían entrar en una dinámica constante de presión y miedo a ser despedidos.
El Estado, por su parte, deberá realizar estudios técnicos sobre las remuneraciones, ahora ligados directamente a criterios de eficiencia. Sin embargo, aún no se aclara cómo se protegerá a los trabajadores en entornos laborales donde la eficiencia depende de múltiples factores ajenos al individuo.
