02/10/2025
😱🔴 "𝐋𝐨𝐬 #𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨𝐬 #𝐝𝐞𝐥𝐢𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 #𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐚𝐧 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐜𝐮𝐞𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐲 #𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐝𝐞 #𝐚𝐠𝐮𝐚 #𝐩𝐨𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞"
Ecuavisa
En Guayaquil, las bandas criminales han extendido su control a un recurso vital: el agua potable.
Lo que antes eran denuncias aisladas sobre conexiones clandestinas y cobros ilegales hoy se confirma con datos oficiales.
Interagua, la concesionaria del servicio, reconoce que en varios sectores ya no puede ingresar porque las mafias controlan las redes.
La planta La Toma produce un millón de metros cúbicos diarios, suficiente para tres millones de personas, pero casi la mitad de ese volumen se pierde antes de ser facturado.
Los fraudes van desde pinchazos en la red y manipulación de medidores hasta barrios enteros bajo control criminal.
Mapas de calor elaborados con inteligencia artificial muestran que los puntos críticos no se limitan a un área: incluyen sectores del noroeste como Ciudad de Dios, Sergio Toral y Nueva Prosperina; del norte, como Bastión Popular y Las Orquídeas; y del sur, como la Isla Trinitaria y el Guasmo.
Los vecinos, por miedo, prefieren callar:
Denunciar significa exponerse a represalias, pues ni siquiera Interagua logra entrar sin acompañamiento policial o militar.
Habitantes de barrios como Vergeles o Martha de Roldós relatan cómo las tuberías son pinchadas a propósito y cómo se sienten abandonados por las autoridades.
A los problemas de inseguridad se suman fallas técnicas históricas, lo que agrava el malestar ciudadano y refuerza la percepción de que los servicios básicos están secuestrados por la criminalidad.
La concesionaria asegura haber presentado denuncias y trabaja con Policía, Fuerzas Armadas y líderes comunitarios para poder ingresar en ciertas zonas, aunque los operativos suelen ser temporales: se eliminan conexiones ilegales y poco después vuelven a aparecer.
Para los habitantes, la situación refleja el vacío del Estado. “En una ciudad donde abrir la llave depende de las bandas, “nos sentimos en el abandono”, resume un vecino guayaquileño que, como muchos otros, exige una acción inmediata y contundente de las autoridades nacionales.
De acuerdo con la empresa, el 47 % del agua producida nunca se cobra y al menos una cuarta parte corresponde a fraudes y conexiones ilegales
