22/09/2025
Denuncia Ciudadana: Funcionarios del MIES en Guaranda Obligados a Asistir a Convocatoria Presidencial en Latacunga, Expuestos a Riesgos de Confrontaciones
En un contexto de creciente tensión social y anuncios de paro nacional indefinido por parte de organizaciones indígenas y sociales, surge una grave denuncia sobre el presunto abuso de poder en instituciones públicas. Funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en Guaranda, provincia de Bolívar, están siendo obligados a participar en una marcha convocada por el presidente Daniel Noboa en Latacunga, programada para el lunes 22 de septiembre a las 09:00 en la Av. Unidad Nacional y Calle Atahualpa. Esta obligación, disfrazada de "participación voluntaria", expone a los empleados a posibles manifestaciones violentas y enfrentamientos.
La denuncia se basa en capturas de pantalla de chats de WhatsApp en grupos internos, donde se evidencia la presión ejercida sobre el personal. En uno de los mensajes, se anuncia que "el día de mañana debemos viajar a un evento a Latacunga" y se enfatiza que "no hay justificación alguna para Guaranda, Chimbo, San Miguel". Se indica que la salida es a las 05:00 desde el MIES y que cada participante debe llevar $10.00 para el bus. Estas instrucciones sugieren una coacción implícita, donde la ausencia podría acarrear repercusiones laborales, como se ha reportado en denuncias similares de otros funcionarios públicos obligados a "apoyar voluntariamente" al mandatario en Latacunga.
El evento en cuestión, promocionado en un afiche con el lema "Marcha por la Libertad, la Familia, el Trabajo" y el llamado a vestir camiseta blanca, parece ser una respuesta gubernamental a las protestas en curso. Sin embargo, coincide con el inicio del paro nacional anunciado por la CONAIE y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), que han resuelto realizar una "toma de Latacunga" para exigir la salida del presidente Noboa de la ciudad, declarada como sede temporal del Ejecutivo desde el 13 de septiembre. Esta medida presidencial, justificada como un acercamiento a la ciudadanía tras la eliminación del subsidio al diésel, ha escalado las tensiones, con reportes de vías cerradas, despliegue militar y advertencias de posibles complicaciones en el abastecimiento.
Ciudadanos y analistas han expresado preocupación por la exposición de empleados públicos a estos riesgos. "Es inaceptable que se utilice el empleo como herramienta de presión política, especialmente en un escenario donde se esperan enfrentamientos entre manifestantes opositores y fuerzas de seguridad", comenta un funcionario anónimo del MIES. Organizaciones como la CONAIE han ratificado el paro indefinido, exigiendo la derogatoria del Decreto 126 sobre el subsidio al diésel y rechazando la presencia de Noboa en Cotopaxi, a quien declararon persona no grata.
Esta práctica no es aislada; reportes previos indican que el gobierno ha convocado marchas similares, como la del 11 de septiembre en Guayaquil, con participación forzada de servidores públicos. Estas denuncias instan a organismos como la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional a investigar estos hechos, garantizando la protección de los derechos laborales y la seguridad de los involucrados.
Adjunto se incluyen las imágenes de los chats de WhatsApp y el afiche de la convocatoria, como evidencia de esta irregularidad que pone en jaque la libertad de expresión y la integridad física de los funcionarios públicos en un momento de alta conflictividad social.
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