11/02/2022
Durante sus largos ocho años como candidato presidencial Guillermo Lasso se jactaba de que si él alguna vez llegaba al poder respetaría la independencia de funciones. Ya en el cargo, aquellas declaraciones se convirtieron en una más de sus contradicciones.
Así lo demuestra la toma del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), con piquete de policías incluida. La crisis en este organismo, encargado de organizar los concursos de selección de las autoridades de control del país, se inició con la salida de Pablo Celi de la Contraloría General del Estado.
Ese organismo es clave puesto que es una potente arma de persecución política y de chantaje. El propio Celi es una muestra de ello ya que tejió una gran red de corrupción desde ese cargo que ahora lo tiene preso porque su otrora aliada, la fiscal Diana Salazar lo traicionó, probablemente por presión de Estados Unidos.
Así al CPCCS le tocó organizar el concurso que desembocará en la designación del reemplazo de Celi. Y eso encendió las alarmas en el “gobierno del encuentro”. Al frente del Consejo está Sofía Almeida, cercana a los socialcristianos.
Por lo vivido en las últimas horas, al gobierno le aterra un contralor afín al PSC. Así que empezó a maniobrar; primero armó una nueva mayoría conformada por los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.
Aquel grupo se dedicó a boicotear la gestión de Almeida no asistiendo a las sesiones del Consejo. Como Almeida resistió la nueva mayoría recurrió a las prácticas propia de república bananera: sesionaron violando todos los reglamentos, sin convocatoria, sin secretario y destituyeron a la presidenta Almeida, pese a que esa opción no consta en la ley.
En derecho público solo se puede hacer lo que está en lo ley, todo lo demás es ilegal. Por si fuera poco, a Almeida no la sucede el vicepresidente del organismo, sino que también destituyen al vicepresidente. Ambos cargos tienen un periodo de dos años.
Presidente «lasista»
Así, con piquete policial de por medio que custodió el edificio del CPCCS desde la madrugada, se eligió a Hernán Ulloa como nuevo presidente del organismo.
Ulloa es un abogado guayaquileño que siempre estaba atento a cualquier caso de relevancia para patrocinarlo ad honorem. Así obtenía micrófonos, cámaras y reflectores. Alguna vez fue candidato a asambleísta por Suma.
Tan clara es la metida de mano del gobierno de Lasso en esta función del Estado, que en más de una ocasión Ulloa ha evidenciado su respaldo al ahora presidente.
Y el primero en reconocer al nuevo presidente fue el Ministerio de Trabajo que emitió un certificado donde consagra el cargo de Ulloa, sin contar el piquete policial en los exteriores del CPCCS.
Ahora el organismo no deja de presentar imágenes macondianas: policías antimotines en su entrada, un tonto útil pasando ramas de ortiga en el nuevo asiento de Ulloa y dos presidentes porque Almeida está atrincherada en su oficina y Ulloa despacha desde un hotel.
Así de igual manera el Gobierno gana, primero porque al menos logra evitar la designación de un contralor que pueda investigar los desastres de su gestión y segundo porque refuerza el marco de que el CPCCS es una caricatura viviente que debe ser eliminada.
De esta manera Lasso hace lo que todos los presidentes ecuatorianos han hecho: captar las autoridades de control para garantizarse impunidad y cheque en blanco a todas las arbitrariedades.
El discurso de la independencia de funciones solo quedó en eso. Hasta trajo a la memoria aquella acción de León Febres Cordero de cercar con tanques la Corte de Justicia, pero Lasso no es Febres Cordero, es apenas un Lenín Moreno más.
En el corto plazo probablemente Ulloa logre su cometido, pero pasarán los años y vendrán las sentencias de cortes internacionales ordenando millonarias indemnizaciones a los hoy destituidos. Será el pueblo ecuatoriano quien pague los sueños de rey de Lasso, mientras la crisis institucional se profundiza y Ecuador vuelve a ser república bananera.
