06/07/2026
🔴 PAÍS || 〽️
.Ec anuncia nuevas marchas para presionar al ante la falta de respuesta sobre la revocatoria contra Daniel Noboa.
Los impulsores de la revocatoria de mandato contra Daniel Noboa y María José Pinto anunciaron nuevas vigilias y movilizaciones a escala nacional para exigir que el CNE se pronuncie sobre su solicitud dentro del plazo que, según el colectivo, vence el próximo 15 de julio.
El colectivo que impulsa la revocatoria de mandato del presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto anunciaron un cronograma de movilizaciones estratégicas para presionar al Consejo Nacional Electoral (CNE) a emitir una resolución definitiva sobre su solicitud.
Tras la realización de la “Marcha de las antorchas” el pasado 4 de julio de 2026 en Quito, que culminó frente a la sede de la entidad electoral, los organizadores decidieron establecer otras acciones de protesta. Las medidas anunciadas incluyen:
Nuevas jornadas de vigilia: se convocaron a nuevas concentraciones para los días 8, 11 y 15 de julio de 2026.
Movilización nacional: las vigilias se llevarán a cabo en distintas ciudades del país, específicamente frente a las diversas delegaciones electorales, bajo el lema “La revocatoria va, porque va”.
Aumento de la asistencia: el colectivo busca congregar al menos a 5.000 personas en las protestas para incrementar la presión política y asegurar que el organismo emita una resolución dentro del plazo previsto.
Los principales promotores de la iniciativa, entre los que figuran el abogado Washington Andrade y el dirigente indígena Leonidas Iza, fundamentan su urgencia en el artículo 16 del Reglamento para los procesos de revocatoria. Ese punto establece un término de 15 días para que el Pleno del CNE resuelva sobre la admisión de la solicitud. Según sus cálculos, este plazo vencería el próximo 15 de julio de 2026.
“tiene hasta el 15 de julio para entregar los formularios para la revocatoria”, afirmó Andrade en su cuenta personal de X.
Además de las movilizaciones en las calles, el colectivo advirtió que, de no recibir una respuesta oficial para la fecha límite, emprenderán acciones legales y judiciales adicionales para defender sus derechos de participación democrática. Por su parte, el Gobierno sostiene que el pedido carece de sustento jurídico y solicitó que sea declarado improcedente.
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