08/01/2026
La jueza Silvana Velasco aceptó, por única vez, el pedido de la Fiscalía de Cotopaxi para aplazar dos diligencias clave dentro del proceso penal contra José Arroyo, alcalde de Pujilí.
Con esta decisión, la audiencia de revocatoria de la medida cautelar de prisión preventiva y la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio se realizarán el 16 de enero de 2026, pese a que estaban previstas para el 5 y 9 de enero, respectivamente.
El 30 de diciembre de 2025, el fiscal Edgar Fabián Chávez presentó un oficio solicitando el aplazamiento, argumentando que se trata de un caso de alta complejidad, con más de 20.300 fojas distribuidas en aproximadamente 203 cuerpos, sin contar pericias y ampliaciones que aún deben incorporarse al proceso.
El caso Ornato es una de las investigaciones de connotación de la Fiscalía General del Estado. En este proceso se indaga un presunto delito de peculado que involucra a José Arroyo, alcalde de Pujilí, y a otras 16 personas.
Los procesados fueron detenidos en operativos ejecutados el 7 de agosto de 2024 en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua. Según la Fiscalía, los involucrados habrían participado en la adjudicación irregular de obras, principalmente relacionadas con plantas y objetos ornamentales, de donde surge el nombre de la investigación.
De acuerdo con la acusación fiscal, Arroyo, cuando aún era candidato, habría iniciado obras públicas —como la construcción de iglesias, casas comunales y caminos— con supuestos recursos privados. Posteriormente, ya en funciones como alcalde, esas mismas obras habrían sido adjudicadas mediante procesos de contratación pública.
Uno de los casos más recordados es la siembra de palmeras en Pujilí, que inicialmente habrían sido presentadas como donaciones. Sin embargo, una vez en el cargo, el Municipio habría iniciado procesos de compras públicas para su pago.
Uno de los contratos para justificar la entrega de 32 palmas fénix fue de USD 54.064, mientras que otro alcanzó los USD 267.000 para la repotenciación de áreas verdes del cantón.
La Fiscalía sostiene que en estos procesos irregulares estarían involucrados contratistas del Municipio de Pujilí. Algunos de ellos, incluido el alcalde José Arroyo, forman parte de los ocho procesados que solicitaron la revocatoria de la prisión preventiva.
