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21/10/2025

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En medio de la tensión que vive Imbabura, las alcaldías de Otavalo, Cotacachi y Antonio Ante hicieron un llamado al Gobierno Nacional y a organizaciones indígenas para retomar el diálogo tras los hechos recientes ocurridos en el marco del Paro Nacional en el que dos comuneros perdieron la vida y decenas más se encuentran gravemente heridos.

Desde las organizaciones como CHIJALLTA FICI, UNORCAC y FICAPI han reiterado y voluntad y compromiso de continuar con el diálogo. Sin embargo, el Gobierno mantiene un discurso confrontativo, anunciando un operativo militar de despeje de vías y afirmando que "lo que pase será responsabilidad de ellos".

La Alcaldía Ciudadana de Otavalo, junto a los gobiernos parroquiales, pidió con firmeza que se mantenga abierto el proceso de diálogo. En su comunicado expresaron un llamado firme al Gobierno Nacional y al Movimiento Indígena para que se continúe con el proceso de diálogo, con el propósito de alcanzar acuerdos que protejan “la vida, el bien común, la paz y la unidad de nuestro pueblo”.

Desde Cotacachi y Antonio Ante, los alcaldes recordaron que participaron como observadores en la reunión del 16 de octubre, junto a la alcaldía de Otavalo, y coincidieron en que el diálogo es el único camino posible para sanar las heridas del conflicto.

Las autoridades insistieron en rechazar “todo discurso o acción que promueva división, enfrentamiento, violencia y racismo”, recordando que, en tiempos difíciles, la reconciliación es una tarea colectiva.

21/10/2025

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21/10/2025

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21/10/2025

| El humo de las bombas lacrimógenas volvió a cubrir las calles de Otavalo la mañana del martes 14 de octubre, en medio del paro nacional que pronto cumplirá un mes. La represión con gas se ha vuelto una constante, mientras en los hospitales del país miles de personas esperan por una cirugía o un medicamento que no llega.

El contraste es evidente. Apenas unos meses antes, el Ministerio de Defensa concretó una millonaria compra de 280.000 bombas lacrimógenas por un valor de USD 6,89 millones más IVA, adjudicada a la empresa Alcolisti S.A. el 12 de noviembre de 2024.

El lote incluyó 140.000 granadas de gas de mano y 140.000 de largo alcance, capaces de superar los 130 metros. Según el contrato, el proveedor debía completar las entregas entre fines de 2024 y durante 2025.

Mientras tanto, los hospitales públicos atraviesan una de las peores crisis de los últimos años. Un informe del IESS del 25 de septiembre de 2025 reconoce la saturación total del sistema hospitalario, con 13.354 pacientes en lista de espera para cirugía por más de 90 días.

El abastecimiento de medicamentos, según el mismo reporte, apenas alcanza el 55% a escala nacional, afectando directamente la realización de cirugías, terapias y la atención diaria.

El IESS sustentó incluso una declaratoria de emergencia por la crisis de abastecimiento. El informe detalla que los retrasos quirúrgicos representan más de 17.000 años de vida saludable perdidos (DALYs), con un impacto económico estimado en USD 119 millones.

Mientras el Gobierno destina recursos a fortalecer su aparato represivo, los hospitales carecen de insumos básicos y los pacientes mueren esperando atención. En las calles, el gas lacrimógeno se ha convertido en símbolo de una política que prioriza el control antes que la salud y la vida.