17/09/2026
⚖️🇪🇨📌 El Consejo de la Judicatura reestructuró el modelo para juzgar casos de corrupción y crimen organizado mediante la Resolución 187-2026, suprimiendo tres dependencias especializadas en Quito y redistribuyendo sus competencias entre unidades penales ordinarias. La medida amplía de 19 a más de 50 los jueces habilitados para estos procesos, mientras la Judicatura sostiene que busca equilibrar la carga procesal y agilizar las causas. Los procesos con audiencias ya instaladas continuarán con los mismos jueces, mientras las demás causas serán reasignadas.
Para Loja, el cambio significa que investigaciones por delitos como peculado, cohecho, lavado de activos, delincuencia organizada, narcotráfico o extorsión que correspondan a la competencia nacional seguirán siendo tramitadas en Quito, aunque ahora por un grupo más amplio de magistrados. La reorganización genera debate por la posible pérdida de especialización, la seguridad de los jueces y eventuales retrasos o cuestionamientos sobre la competencia durante la transición. La resolución permanece vigente y su impacto dependerá de cómo se realice la reasignación, capacitación y continuidad de los procesos.
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